En una improvisada 'canoa' formada por troncos pegados de forma artesanal, se movilizan todos los días los niños de la vereda San José de Campo Lajas, ubicada en la subregión fronteriza de Catatumbo, por el río Nuevo Presidente, que deben cruzar para llegar al colegio. Además de la fuerte corriente del afluente, este está lleno de enormes caimanes, lo que pone en peligro sus vidas.
La administración local había construido un puente colgante llamado 'La Hamaca', para que los pequeños pudieran llegar a la Institución Educativa San Luis Beltrán, pero desde 2016 la estructura cedió y mitad de ella cayó al agua. Los padres de familia, los docentes y el personero de la región han realizado sin éxito múltiples peticiones para que se reconstruya.
Y los reclamos aumentaron luego de que uno de los caimanes se llevara a una niña que jugaba en la orilla del río y que nunca más fue encontrada. Por este caso muchos padres decidieron sacar a sus hijos del colegio y otros los enviaron a otras ciudades cercanas para que pudieran estudiar.
Se presentaron derechos de petición a la Gobernación de Norte de Santander y una tutela, según detalla el diario El Tiempo. Solo hasta 2018 recibieron una escueta respuesta departamental en la que afirmaban que estudiarían el caso.
La gobernación realizó una visita técnica y determinó que sí era necesaria la adecuación del puente y que, además, el colegio debía ser dotado de baños, libros y energía eléctrica, con la que no cuenta. Pero nada se ha hecho al respecto. La Alcaldía expuso que buscó los recursos pero no los ha conseguido, y lo que llega al municipio solo alcanza para gastos de funcionamiento.
El caso llegó a la Corte Constitucional, que evaluó la tutela y determinó que no se estaba garantizando el derecho a la educación de estos niños que además han tenido que sufrir la violencia del sector, donde organizaciones armadas ilegales como el ELN, el EPL y las disidencias de las FARC se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico y contrabando.
De acuerdo con El Tiempo la vereda no cuenta con servicios públicos, usan lámparas de gas para tener luz y mangueras para obtener agua. La mayoría de sus habitantes son víctimas del conflicto, a las que no han reparado, y muchos viven de las matas de coca porque no tienen otra actividad económica que les sirva de sustento.
El Estado debe "implementar estrategias que garanticen un acceso universal progresivo, de modo que los menores ubicados en zonas apartadas no soporten cargas desproporcionadas para acudir a sus clases", decretó la Corte según cita el medio nacional. Y sostuvo que los niños de zonas rurales no pueden estar en situaciones de desventaja frente a los que viven en ciudades.
Ante ello, las autoridades locales se comprometieron a asumir el problema y solucionarlo, y la gobernación dispuso de un equipo técnico para reconstruir el puente y destinar recursos a las institución educativa. Además de solucionar las demandas de servicios básicos.
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