Claves para entender el caso Jesús Santrich que puso en crisis política a Colombia

Luego de un largo año de debates y tensiones jurídicas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió otorgar la garantía de no extradición al excomandante de las FARC Jesús Santrich, acusado de narcotráfico, y ordenar su liberación. Entonces, se agudizó la polarización política del país. El fiscal general y la ministra de Justicia renunciaron, se habló de declarar un estado de conmoción interna, de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y el polémico ex negociador de paz estuvo pocos  minutos fuera de la cárcel hasta que lo volvieron a capturar.

Seuxis Paucias Hernández Solarte (su nombre real), ciego por una enfermedad degenerativa, dedicó 31 de sus 52 años a las FARC, a la que ingresó en su juventud. Por su papel de ideólogo integró el equipo negociador de la ex guerrilla en La Habana, y tuvo el importante papel de redactar los acuerdos de paz junto al representante del Gobierno, Sergio Jaramillo. No era conocido en el país hasta que le preguntaron en Oslo si estaría dispuesto a reparar a las víctimas y respondió cantando "Quizás, quizás, quizás", lo que fue tomado como una burla irrespetuosa.

El 9 de abril de 2018 volvió a ocupar las primeras planas de los medios nacionales e internacionales cuando la Fiscalía lo capturó a petición de una Corte de Estados Unidos que lo vinculaba con el narcotráfico. Según la justicia norteamericana, Santrich había participado en una reunión con emisarios del cártel de Sinaloa de México en el que se negociaba el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país en dos operaciones, primero moviendo siete toneladas y después las tres restantes. Un agente de la DEA encubierto se habría infiltrado en la reunión donde se planeó el envío y obtenido las pruebas del delito.

Estados Unidos pidió la extradición de Santrich y ahí comenzó el debate jurídico, pues el Acuerdo de Paz dejó claro que los excombatientes que se sometieran a él y contaran la verdad de sus actos durante el conflicto armado gozaban de la garantía de no extradición por los delitos cometidos antes de su firma, que fue el 1 de diciembre de 2016. Por eso la JEP debía encargarse de determinar si los hechos por los que se le acusan a Santrich se habrían realizado antes o después de esa fecha.

Si la presunta negociación del cargamento de droga se llevó a cabo después de la firma de paz -como alega la Fiscalía que sucedió-, el proceso de Santrich quedaría a manos de la justicia ordinaria, perdería los beneficios de la JEP y podría ser extraditado. Después de los primeros debates al respecto, la Corte Constitucional determinó que la captura del ex guerrillero fue legal, que la JEP no podía suspender la solicitud norteamericana pero sí pedir las pruebas al ente acusador y a Estados Unidos para establecer la fecha del delito.

"La JEP puede revisar el caso solo con el fin de evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado", dijo la Corte en ese momento. Entonces, esta Jurisdicción solicitó al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York la evidencia de su acusación a través de la Cancillería, que a su vez trasladó el pedido al Ministerio de Justicia. En esa cadena Estados Unidos alega que nunca recibió la carta y el material probatorio nunca llegó a la JEP, hasta hoy.

Más tarde, el 1 de marzo, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una carta en la que advertía que no enviaría más pruebas porque consideraba que el expediente que había en Colombia era suficiente para determinar que Santrich actuó después de la firma de la paz. La Fiscalía, por su parte, tampoco entregó las pruebas a la JEP de las presuntas actuaciones ilegales de Santrich.

Así, luego de un arduo análisis y varios plazos vencidos sin recibir las evidencias del crimen, la JEP concedió la garantía de no extradición al exguerrillero y ordenó su liberación, tras 13 meses en custodia en la cárcel La Picota, de Bogotá. Pues sostiene que la Fiscalía no entregó las pruebas suficientes para determinar la fecha en la que se habría cometido el crimen. Es decir, era imposible saber si la presunta reunión entre Santrich y los mexicanos fue después de la firma de la paz.

Por la decisión, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, uno de los actores de más alto perfil involucrado en el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia, presentó su renuncia irrevocable, y más tarde lo hizo la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aunque dijo que su decisión no se basó en el caso Satrich. Ahí se agudizó nuevamente la polarización política del país, entre los que siempre se han opuesto al Acuerdo de Paz y los que lo defienden.

El fiscal Martínez en su rueda de prensa de despedida se refirió a los cambios que la ley estatutaria de la JEP introdujo a la extradición (y que es una de las objeciones del presidente Iván Duque) y a que su decisión "hizo trizas la cooperación judicial internacional". Aunque algunos analistas aseguran que su renuncia también tiene que ver con su papel en el caso Odebrecht y con una decisión que habría tomado la Corte Suprema de Justicia de declararlo impedido para conocer todas las investigaciones alrededor de ese escándalo de corrupción.

A ello la JEP respondió pidiendo que fueran investigados los fiscales que participaron en el caso de Santrich por irregularidades en el proceso. Específicamente, dice que las pruebas recogidas por Estados Unidos en Colombia se hicieron de forma ilegal. Cuando autoridades extranjeras realizan este tipo de procedimientos en el país deben contar con una asistencia judicial, que no es más que un permiso para recaudar pruebas otorgado por la Fiscalía. Y según la JEP, el ente acusador no remitió documentación para realizar dicha diligencia.

Mientras esto sucedía el fiscal decidió, como último acto en su cargo, publicar en redes una serie de videos y audios de las conversaciones en las que presuntamente Santrich negociaba la droga con los mexicanos, que solo habían sido entregados en parte dentro del expediente remitido a la Jurisdicción Especial de Paz, aunque no quedaba claro en ninguno la fecha en la que sucedieron.

Dos días después de la orden de liberación, Santrich seguía en prisión, mientras una multitud se aglomeró a las afueras de la cárcel a la espera de su salida. En ese momento, miembros del partido FARC anunciaron que el exguerrillero estaba herido en su celda de aislamiento. Más tarde, la misma Procuraduría confirmó que se trataba de heridas autoinfligidas en los brazos pero que se encontraba fuera de peligro.

Finalmente, la tarde del viernes 17 de mayo Santrich salió en silla de ruedas custodiado por guardias del Inpec hacia lo que sería su vida en libertad. No había avanzado mucho fuera de las rejas del penitenciario cuando agentes del CTI de la Fiscalía llegaron a leerle sus derechos para notificarle una nueva orden de captura en su contra, por delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

La Fiscalía dice tener nuevas evidencias que comprobarían que el delito sucedió después de la firma de la paz. Una de ellas es la declaración en Estados Unidos de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, exjefe negociador de las FARC en La Habana cuyo paradero se desconoce luego de abandonar las zonas de reincorporación en protesta por la captura de su amigo Jesús Santrich. Marín habría participado de la reunión con el cártel de Sinaloa y ya fue extraditado a Estados Unidos, donde comparece ante su justicia y colabora con ella.

Y la otra prueba es un video que publicó la Fiscalía en sus redes sociales luego de que el fiscal Martínez anunciara su renuncia, en el que aparece Marín, Santrich y dos mexicanos de la DEA, haciéndose pasar por miembros del cartel de Sinaloa, en el que hablan de la "mercancía", y que en su momento no fue entregado a la JEP por razones que aún no quedan claras.

Ante esto, los abogados del exguerrillero afirman que se trata de otro "nuevo montaje" y piden que el caso sea juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Cuando se conformó el partido político FARC, Santrich fue designado como representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, pero debido a que permanecía en la cárcel, no se pudo posicionar en el Congreso.

Su abogado Gustavo Gallardo alega que tiene fuero constitucional, pues como congresista debe ser juzgado en la Corte Suprema de Justicia y no en un juzgado ordinario como un ciudadano común. La Fiscalía, por el contrario, afirma que al no haberse posicionado el excomandante no tiene fuero constitucional. Así que será el mismo Alto Tribunal el que defina si asume el caso o si lo regresa a los juzgados de Paloquemao.

Entre todo este entramado jurídico, "la JEP se pregunta por qué esas evidencias que dice tener la Fiscalía General de la Nación, suministradas por el país que solicitó la extradición de Hernández Solarte, no fueron aportadas al análisis que hizo la Sección de Revisión", afirmó. Y la Procuraduría apeló la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich, y tendrá que ser evaluada por la Sala de Apelaciones de esta Jurisdicción, que tiene un grupo de magistrados distintos.

La JEP, aunque otorgó la garantía de no extradición a Santrich, no lo exoneró de los cargos que se le imputan y dejó claro que la investigación debe continuar. Por ello, si la justicia determina que el crimen de narcotráfico se cometió después del 1 de diciembre de 2016, Estados Unidos podría solicitar nuevamente su extradición, como ya confirmó que haría.

Este caso es el ejemplo más reciente de una de las objeciones que el presidente Duque presentó en marzo pasado contra la ley estatutaria de la JEP, en el que señala -entre otras cosas- que ese organismo no debería pedir pruebas en procesos de extradición. La decisión que se tome respecto a Santrich respaldará o no dichas objeciones, que en este momento están nuevamente siendo revisadas por la Corte Constitucional y se espera una decisión en los próximos días.

Ante las tensiones políticas y polarización que generó este nuevo giro del caso Santrich, importantes voces en la política nacional como la del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de Gobierno, Centro Democrático, pidieron convocar una Asamblea Nacional Constituyente, para por esta vía hacerle profundas modificaciones al Acuerdo de Paz e incluso derogar la JEP.

Dicha propuesta prendió las alarmas de los sectores políticos opositores, ya que además corrió un fuerte rumor de que el presidente Iván Duque declararía el estado de conmoción interior, un estado excepcional en el cual convocar a una Constituyente sería posible sin previo aval del Congreso de la República.

No obstante, Duque, quien respaldó al cuestionado fiscal Martínez y rechazó la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich, optó por una salida más consensuada y no decretó la conmoción interior ni convocó Constituyente, sino que llamó a los partidos para suscribir un "gran acuerdo nacional" que ayudara a superar lo que denominó una "profunda crisis institucional". Pero su intentó recibió críticas de inmediato, pues solo invitó a la reunión a los partidos más próximos a su gobierno (Centro Democrático, Cambio Radical, Liberal, La U y Conservador), dejando de lado las fuerzas de oposición.

Dicha reunión fue infructífera, pues los voceros de varios partidos, como el expresidente liberal César Gaviria o el exministro Aurelio Irragorri, presidente de La U, afirmaron que ningún acuerdo nacional podría hacerse sin tener en cuenta a la oposición; así mismo, ambos se manifestaron en contra de introducir nuevas modificaciones a los acuerdos de paz.

Pese a la tesis de "crisis institucional" planteada por el Gobierno, la salida a todo este embrollo alrededor de Santrich y el futuro de la paz en Colombia pasará precisamente por las instituciones.

Por un lado, la Sala de Apelaciones de la JEP, por petición de la Procuraduría General, deberá decidir si mantiene o no la medida de no extradición al exjefe guerrillero una vez le sean presentadas todas las nuevas pruebas que afirma tener la Fiscalía. Por el otro, la Corte Constitucional deberá pronunciarse nuevamente sobre las objeciones que el presidente Duque hizo a la JEP, las cuales ya había dirimido en sentencias previas y que fueron negadas por el Congreso de la República.

El futuro de Jesús Santrich dependerá entonces del resultado de estas decisiones.

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