El gobierno de Estados Unidos retiró la visa a varios miembros de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Colombia, cuando se espera que ambos tribunales tomen decisiones cruciales relacionadas con la Justicia Especial de Paz (JEP).
A principios de mayo, el Senado no logró ponerse de acuerdo sobre las objeciones que presentó Duque el 10 de marzo, y que apuntan a cambiar parte del sistema de Justicia pactado con los rebeldes de las FARC para juzgar los peores crímenes cometidos durante el conflicto de medio siglo. Por eso, será la Corte Constitucional, que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, la que en un plazo no determinado aún diga la última palabra sobre apartados del acuerdo que por cuatro años negociaron las FARC y el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos.
En los últimos días escaló la tensión entre Bogotá y Washington por el posible pronunciamiento sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.
La presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, y los magistrados Alberto Rojas y Diana Fajardo, mantuvieron esta semana un encuentro secreto en Casa de Nariño -residencia oficial del presidente y sede del gobierno- con el presidente Iván Duque para exponer la situación, relató Semana, que aseguró que los jueces "expusieron sus temores por la falta de garantías que está afrontando la Justicia".
Los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo y el de la Corte Suprema Eyder Patiño serían los afectados, según publicó este viernes la revista colombiana Semana. Según la revista, Duque se comunicó con el saliente embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, en un intento de evitar una escalada. Ante la amenaza de que el retiro de la visa se extienda a más jueces, el presidente escuchó los reclamos de los magistrados. Además, la Corte Constitucional fue notificada en abril sobre el retiro de la cooperación por parte de Estados Unidos a cuatro proyectos de modernización que ya estaban aprobados y tenían un presupuesto destinado.
En el centro de la escalada se encuentra la posibilidad de extraditar ex guerrilleros y civiles que Estados Unidos reclama, algo que deberá decidir la Corte a raíz de las objeciones realizadas por el presidente Duque en enero.
El mandatario objetó seis puntos de la Ley Estatutaria de la JEP, dos de los cuales están referidos a temas de extradición.
En la cuarta de las objeciones, el presidente cuestiona una omisión del artículo 150 de la ley estatutaria respecto la extradición. Más allá de los tecnicismos, ante un pedido de extradición, la JEP debe determinar si el delito por el cual se pide se cometió antes o después del 1º de diciembre de 2016. Si se cometió con anterioridad a esta fecha la persona no puede ser extraditada. Para hacerlo, el Tribunal puede disponer que se requieran pruebas, algo que para el presidente debió haberse prohibido pues afecta la cooperación internacional.
En la sexta de las objeciones, el presidente impugnó un artículo relativo a la no extradición de terceros: "No se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, antes de que terminen de ofrecer verdad".
Es una de las principales críticas del uribismo al proyecto de ley estatutaria, y el presidente lo cuestiona porque no establece ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. La norma puede ser utilizada, dice el presidente, para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad.
Ahora, la Corte Constitucional debe decidir sobre la suerte de la modificación del pacto de paz que desarmó a la que fuera la guerrilla más poderosa del continente, y es por ese motivo que los magistrados creen que ha escalado la tensión con Washington.
Lo mismo sucede con la Corte Suprema. Allí, al magistrado de la Sala Penal Eyder Patiño también le fue retirada la visa.
El magistrado intervino en el trámite de extradición de José Martín Yama Guacanés, un indígena de la comunidad San Juan de los Pastos, en Ipiales (Nariño). Según explica Semana, el hombre fue grabado por la DEA adelantando transacciones de droga y fue requerido en extradición por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
Como a Yama Guacanés la jurisdicción indígena ya lo había sancionado por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia colombiana, con el voto de Patiño, negó la extradición a Estados Unidos aduciendo el principio del derecho conocido como non bis in idem, que impide que un mismo hecho sea sancionado más de una vez. Si bien la decisión que negó la extradición es de marzo del 2018, el malestar se extiende desde entonces.
Pero además, en los últimos años la Corte Suprema colombiana ha cambiado la jurisprudencia y ha negado las extradiciones en casos que involucran a jefes paramilitares aduciendo el derecho de las víctimas de un proceso de paz a conocer la verdad y a ser reparadas por encima de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos.
Luego de escuchar a los magistrados, el presidente Duque se comunicó con el embajador estadounidense, tras lo cual llevó tranquilidad a los jueces.
En el poder desde agosto del año pasado, Duque sustituyó a Santos con la promesa de revisar el pacto de paz por considerar que dejaba en la impunidad a los culpables de delitos atroces.
El mandatario planteó las seis modificaciones con la idea de fondo de impedir que narcotraficantes se cuelen en el proceso de paz y eludan la extradición por medio de su contribución a la verdad del conflicto, y garantizar la plena reparación de las víctimas.
También busca, por medio de una reforma constitucional que deberá pasar por el Congreso, que los acusados de delitos sexuales contra los menores no reciban penas alternativas a la prisión.
El pacto de paz prevé que los mayores responsables dentro del conflicto, ya sean guerrilleros, militares o civiles, accedan a este beneficio si cuentan la verdad, reparan a sus víctimas y nunca más ejercen la violencia. Aunque también castiga hasta con 20 años de cárcel a quienes incumplan con esos compromisos.
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