Violencia, coca y minería ilegal: la otra frontera colombiana que arde por el crimen

Amenazas, extorsiones y restricciones de movilidad han provocado el desplazamiento de cientos de campesinos e indígenas colombianos que viven al límite de la frontera con Ecuador. Aunque la mirada del país y la región se mantiene en la crisis migratoria de Venezuela, al sur del país las redes criminales han crecido junto a sus rentas ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y hasta el contrabando de madera. Allá la violencia tampoco da tregua entre los enfrentamientos del ELN, las disidencias de las FARC y múltiples bandas criminales.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, en marzo de 2018, por orden del abatido Walter Arízala, alias 'Guacho', entonces cabecilla del frente Óliver Sinisterra de las disidencias de las FARC, marcó el conflicto de esta frontera que del lado colombiano se ubica en los departamentos de Nariño y Putumayo. Pero la violencia ya estaba instalada ahí hacía mucho, y tampoco ha parado desde entonces.

Las alarmas están encendidas desde la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil luego de la firma de la paz. Desde entonces, grupos disidentes de esa guerrilla y otras organizaciones armadas se han movilizado para copar los espacios y negocios abandonados en la frontera entre Colombia y Ecuador, que actualmente se disputan el control territorial. Además, "no hubo suficientes esfuerzos del Estado para poner a estas zonas como prioritarias", advirtió Insight Crime.

"Hubo un deterioro significativo de las condiciones de seguridad. No hemos visto ninguna mejora, y hemos visto a personas, civiles, familias en situaciones más difíciles, más precarias, más expuestas a todo tipo de violencia tras la salida de la ex guerrilla FARC de las zonas históricamente ocupadas", dijo en un comunicado Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Debido a esas disputas, recientemente el gobierno de Lenín Moreno informó que alrededor de 200 personas oriundas del municipio de Tumaco, en Nariño, se movilizaron hacia la provincia de Esmeraldas, de Ecuador. De ese grupo, la Cancillería de ese país emitió visas humanitarias para 175 personas que solicitaron refugio. El desplazamiento forzado es una de las principales consecuencias para las poblaciones ubicadas en zonas donde tienen presencia las redes criminales.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador también ha alertado sobre la difícil situación para las comunidades indígenas, ubicadas más a los límites entre las dos naciones, donde tienen restringido el paso de ambos lados. Incluso, los grupos armados han instalado minas antipersonal a los alrededores de los pueblos, las viviendas han sido impactadas por explosivos y proyectiles, y se mantienen viviendo en medio de esa zozobra. Asimismo se exponen al reclutamientos de niños y a la explotación sexual de mujeres y niñas.

La situación es igual en ambos departamentos colombianos. "La proliferación de grupos armados implica falta de garantías de seguridad para la población civil, líderes sociales y desmovilizados de las FARC. Los diferentes grupos que ejercen un fuerte control territorial en el casco urbano y en la zona rural de Tumaco, generan limitaciones a la movilidad, desplazamientos y violencia sexual", advierte el informe 'Inseguridad, violencia y economías ilegales en las fronteras', de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Y en Putumayo -dicen- la Defensoría del Pueblo de Colombia ha reportado desplazamientos forzados, despojos de tierras, amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), homicidios selectivos, violencia sexual, desapariciones forzadas y reclutamiento. Incluso imposiciones de manuales y normas de conducta.

Estas regiones son controladas -según la FIP e Insight Crime– por los frentes 48 y 49 de las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y bandas criminales como 'La Constru'. Y en estos territorios se disputan el control territorial por los negocios ilícitos, principalmente por los sembrados de coca, pues Nariño y Putumayo son los dos principales departamentos del país con mayor número de cultivos ilícitos, y ahora por la minería ilegal en la cual han incursionado algunos y otros se han afianzado.

Rentas ilegales

La posición geográfica de los departamentos de Nariño y Putumayo los hacen especialmente atractivos para las organizaciones criminales, pues se convierten en pasos obligados de la rutas de tráfico, no solo de drogas, sino también de armas y personas, advirtió Insight Crime. Antes de la firma de la paz entre el gobierno y las FARC, el frente 48 de esa insurgencia ya usaba a Ecuador como ruta para transportar cocaína al exterior e, incluso, como refugio.  

Después del asesinato del grupo de periodistas ecuatorianos y posteriormente de una pareja de la misma nacionalidad, los esfuerzos de las fuerzas militares de ambos países se concentraron en la costa pacífica, en Nariño; pero en el Putumayo y en Sucumbíos (Ecuador) también hacen presencia las disidencias de las FARC. En esta última provincia se ha denunciado el aumento de las organizaciones armadas que esperan evitar el radar de las autoridades.

De esta forma, "se ha identificado la migración de las rutas del narcotráfico desde la provincia de Esmeraldas hacia la zona amazónica, atravesando la provincia de Carchi hasta llegar a Sucumbíos, donde el flujo de droga ha aumentado considerablemente", expone Insight Crime. De hecho, en la zona se han presentado enfrentamientos entre las organizaciones armadas colombianas con las autoridades ecuatorianas. Pero además acechan dos bandas criminales: 'La Constru' y 'Los Comuneros'.

'La Constru' está conformada por paramilitares desmovilizados dedicados al narcotráfico principalmente; y por el otro lado 'Los Comuneros' son milicianos entrenados por las FARC con redes de extorsión y secuestro. "Estas otras organizaciones criminales han logrado mantenerse a la sombra y extender su control de las economías ilegales", mientras que las autoridades se concentran en los ex-FARC mafia, detalla Insight Crime.

'La Constru' y las disidencias de las FARC buscan controlar la cadena completa del negocio, desde la producción de la mata de coca hasta su distribución como cocaína, además de otras actividades como el tráfico de maderas, la minería ilegal y el contrabando, agrega la FIP. Ello en Putumayo. En Nariño el mayor problema es que está pegado a la costa pacífica, una de las principales rutas usadas por los mafiosos para enviar droga al exterior.

Es por ello que Nariño es el departamento colombiano que concentra la mayor cantidad de cultivos de coca, con el 29% según el último informe de Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU. Solo en Tumaco se concentran más de 16 mil hectáreas, por lo que se convierte en el municipio de mayor siembra en el país.

"Por ahí (Tumaco) pasa una de las principales rutas de tráfico de armas del país. Al igual que del contrabando de gasolina desde Ecuador hacia Colombia, material que sirve, mayoritariamente, para el procesamiento de la droga. De ahí, se embarca la droga hacia Centroamérica vía mar pacífico o hacia el sur del continente; vía Ecuador", reseña la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).

De acuerdo a un informe del diario El Colombiano, en Colombia se producen 66 toneladas de oro por año, de las cuales 60 provienen de grupos ilegales y el 30% de las ganancias se destinan para el financiamiento de estos. La razón por la que este metal precioso tiene tanta demanda entre redes criminales es porque es fácil de blanquear dentro del país a través de empresas fachadas y venderse legalmente en el exterior, tras ser exportado a través de las fronteras con Ecuador y Perú.

Nariño ha sido especialmente afectado por esta actividad ilegal, sobre todo en la zona conocida como Triángulo de Telembí, conformada por los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, y al mando del ELN y Los Urabeños. Los costos ambientales se resumen en los altos niveles de deforestación, por ejemplo. Y organizaciones como Insight Crime exponen que sus ganancias están siendo incluso más rentables que las de las drogas ilícitas en este momento.

Así las cosas, la violencia en la frontera entre Colombia y Ecuador tampoco da tregua a las poblaciones, que son las más afectadas, pese a los esfuerzos militares del gobierno.

"En la medida que la eficiencia de las autoridades se mide por cantidad de presos o incautaciones, y no por afectación a mercados, lo que termina sucediendo es que las autoridades combaten la cara criminal de las organizaciones, pero no los agentes que se mueven en la legalidad", explicó Pares en un informe publicado en 2018 sobre los desafíos de las fronteras colombianas.

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