La historia de Hernán "Taladro" Giraldo, el mayor depredador sexual de Colombia, y el debate sobre cómo juzgar los crímenes de guerra

En la Sierra Nevada de Santa Marta a Hernán Giraldo lo llamaban el 'Taladro', no solo por usar ese elemento como tortura, sino sobre todo por las constantes violaciones a niñas, especialmente vírgenes y muchas de las cuales le dieron hijos antes de cumplir su mayoría de edad. Por eso pagaría no más de ocho años de cárcel al regresar de su extradición en Estados Unidos. Su caso, como el de otros ex comandantes paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz, vuelve a abrir la polémica por los castigos alternativos a estos crímenes que ahora el Gobierno de Iván Duque no quiere para los ex guerrilleros de las FARC.

Giraldo llegó a las montañas del Magdalena, en la costa Caribe colombiana, cuando tenía 20 años, en 1976, proveniente de su natal Pácora, del departamento de Caldas. Trabajó como jornalero en fincas hasta su incursión en el mercado del narcotráfico, en el que se dice tuvo negocios hasta con el extinto capo Pablo Escobar. Con la llegada de la guerrilla a la zona, formó un ejército privado pidiendo a cada familia 'donar' un hijo para la lucha contrainsurgente, luego de un atentado que sufrió en el que murieron tres familiares, entre ellos un hijo.

Así nacieron los primeros grupos paramilitares de la región, que fueron mutando con el tiempo hasta convertirse en el Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que lideraba. Bajo su mando, durante dos décadas, sus hombres dejaron más de 12 mil víctimas, perpetrando por lo menos 2.900 asesinatos y varias masacres. Pero si por algo se le reconoce a Giraldo es por ser el "mayor depredador sexual del país", según lo describieron las mismas autoridades. Su método de seleccionar niñas entre los 15 y 17 años, incluso mucho menores, o pagar a sus padres por ellas, fue bien conocido en la zona.

Se cree que fue un centenar. La Fiscalía encontró registros de 19 hijos que tuvo con madres que eran menores de edad al dar a luz, en versión libre él terminó reconociendo a 24. "No eran tan jóvenes, se trataba de una costumbre del campo", argumentó en ese entonces. Pero se comprobó que muchas eran menores de 14 años, una incluso tenía 12 al momento del parto. El portal VerdadAbierta.com habla de 38 hijos, y de que una de las víctimas alcanzó a tener tres niños antes de cumplir los 18 años de edad.

De acuerdo con testimonios de las víctimas y de algunos de sus subalternos, a veces él las escogía y las mandaba a buscar, otras veces pagaba a sus padres por unos días con ellas, y en otras ocasiones fueron inclusos sus padres los que se las llevaban para obtener beneficios económicos. Se dice que a las niñas las ponían a hacer fila, o que el paramilitar le pedía a sus familias que las "cultivaran" para "disfrutarlas", o que les pagaba a ellas después de violarlas y drogarlas.

Así quedó documentado en varios testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe ¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad.

"No borraré de mi memoria a esa niña de doce años, llevada a empujones, llorando por todo el camino, que subió a pie la Sierra hasta la finca donde su padre negociaba con el 'Patrón' su virginidad por 5 millones de pesos (USD$1.574). Cuando llegó, la encerraron durante 15 días, rodeada de armados. Fue una cruel tortura. Daba gritos y alaridos de dolor cuando él se le acercaba a besarla, cuando tocaba su cuerpo con sus manos asesinas. Ella narraba con horror que era un viejo de 60 años asqueroso", dice uno de ellos.

Luego de acogerse al proceso de Justicia y Paz del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que logró acabar con el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, Giraldo fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 para responder por conspiración en el envío de cocaína a ese país desde los puertos cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta. La condena fue de 16 años por cargos de narcotráfico, de los que lleva 11. A su regreso deberá pagar en Colombia por los crímenes de guerra durante el conflicto armado, entre ellos los abusos sexuales a menores, por no más de ocho años.

La polémica

El flagelo sexual que la guerra le impuso a las mujeres y niños no fue exclusivo de Hernán Giraldo, si no que pasó por todos los actores armados, incluyendo paramilitares, guerrillas y militares. En una sentencia por estos crímenes proferida en 2017 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el magistrado Rubén Darío Pinilla concluyó que "el aumento de los casos de violencia sexual asociados al conflicto armado se produce en el período de expansión y consolidación de los grupos paramilitares en todo el territorio nacional", que corresponde al periodo entre 1997 y 2002.

El Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH registró al menos 15.076 víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, entre 1958 y 2017; de los cuales los paramilitares fueron responsables de 4.837 casos (32,2%) y las guerrillas de 4.722 (31,5%). Ello, con un 92% de impunidad; es decir, es una excepción quienes pagaron por esos crímenes. Por su parte, recientemente en un debate en el Congreso de la República sobre el tema se arrojó la cifra de 48.915 menores de edad víctimas de abuso durante la guerra entre 2008 y 2012.

Por estos vejámenes, y miles de crímenes más, los ex jefes de las AUC pagaron en promedio de penas de ocho años de cárcel, tras ser juzgados por tribunales especiales creados en la Ley de Justicia y Paz, luego de que el Congreso aprobara que a cambio de verdad, justicia, reparación y no repetición se impusieran condenas entre 5 y 8 años, convenido en los acuerdos que permitieron la desmovilización colectiva de las tropas paramilitares.

En su momento,ningún sector político se opuso a los castigos alternativos, como sí ocurrió con el Acuerdo de Paz firmado por las FARC-EP. Por iniciativa de la congresista del Partido de La U, Maritza Martínez, el Congreso aprobó la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -convenida en La Habana entre la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos- con un artículo que obligaba a los ex combatientes implicados en casos de violencia sexual contra menores a pagar penas contempladas en el Código Penal, que tienen un máximo de 40 años.

No obstante, apoyados por información de organizaciones sociales, la Corte Constitucional eliminó esa posibilidad. En su momento alegó que aquello impediría conocer la verdad, reparar a las víctimas y, por tanto, se perderían garantías de no repetición, porque desincentivaría la confesión de los delitos sexuales. El tema recobró actualidad desde el pasado 10 de marzo, cuando el presidente Iván Duque anunció en una alocución que presentaría objeciones a la JEP.

Entre ellas, que presentaría ante el Congreso una reforma constitucional al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para, entre otros cambios, lograr que los exguerrilleros responsables de violencia sexual contra menores de edad sean juzgados por la justicia ordinaria, donde se someterán a penas superiores a 30 años. "Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores", dijo el mandatario en ese momento.

Las sanciones establecidas en la JEP son entre 5 y 8 años excarcelables para quienes acepten y digan la verdad sobre los delitos cometidos; es decir, no irán a prisión quienes cumplan con lo pactado en el acuerdo, los que no lo hagan podrán tener condenas de hasta 20 años de prisión. El problema en el caso de crímenes sexuales es que son muy pocos (exparamilitares, exguerrilleros y agentes del Estado) los que han admitido su responsabilidad en ellos.

Como lo expuso el CNMH en el informe La guerra inscrita en el cuerpo de 2017, "ningún actor armado admite con franqueza haber violado, acosado o prostituido forzadamente a una víctima. Es mucho más fácil confesar el despojo, el desplazamiento forzado e incluso el asesinato, pero sobre la violencia sexual impera un profundo sentido moral que la convierte en un crimen horrendo, que denota, no la inhumanidad de las víctimas, sino la de los victimarios".

Por eso, las víctimas de estos crímenes, tanto durante su participaron en las conversaciones de La Habana como en la actualidad a través de organizaciones como La Ruta Pacífica de las Mujeres y La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, han expuesto que para ellas es más importante el reconocimiento de la responsabilidad de sus agresores que sanciones fuertes que serán difíciles de cumplir.

"De acuerdo con la Coalición contra la Vinculación de Ninõs, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), se registraron 48,915 víctimas de violencia sexual menores de 18 años en el marco del conflicto armado. Si no le apostamos a que quienes cometieron este tipo de delitos los reconozcan, ¿cuánto tiempo tardará la justicia ordinaria en resolver todos estos casos?", expusieron en un comunicado conjunto.

La verdad de los 'paras'

Mientras la polémica continúa, 17 ex jefes paramilitares, reunidos en el Colectivo Nacional de Desmovilizados de las AUC, firmaron un comunicado conjunto enviado a la Comisión de la Verdad de la JEP donde expresan su voluntad de contar todo lo que hicieron durante el conflicto armado y piden articular a esta le Ley de Justicia y Paz a través de la cual ellos se desmovilizaron junto a sus tropas.

"Expresamos nuestra decisión de acudir con nuestra verdad y conocimiento a los mecanismos no judiciales de construcción colectiva de Verdad creados en los procesos de Paz, como son la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica. (…) Expresamos la importancia que tuviera que Justicia y Paz y JEP se uniesen para que realmente el país conociera la verdad", afirmaron.

Por ahora, la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse sobre las objeciones a las JEP planteadas por el presidente Duque, por lo que dio paso al Congreso para su trámite. Una vez el legislativo estudia las propuestas, el proyecto será devuelto al alto tribunal. Solo hasta entonces se sabrá si el cambio que propone el actual gobierno sobre los delitos sexuales contra menores será efectivo o no.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: