A dos años del histórico acuerdo de paz con las FARC, crecen los asesinatos y el cultivo de coca en Colombia

Cuando se firmó la paz entre la entonces guerrilla más antigua de América y el gobierno de Colombia, una tarde de 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, las expectativas superaron los resultados que se observan dos años después. Más de 13.000 combatientes regresaron a la vida civil y con ello se esperaba tranquilidad en las zonas de conflicto. Pero esa no es la realidad hoy en varias regiones en donde, por el contrario, los homicidios han subido y el asecho de los cultivos ilícitos desató otra guerra entre criminales.

Desde que comenzaron las negociaciones han pasado hechos trascendentales para el proceso: en el plebiscito de consulta ganó el 'No' al acuerdo, como consecuencia de lo anterior se realizaron ajustes al documento, las FARC se convirtieron en un partido político y obtuvieron curules en el Congreso, hubo un cambio de gobierno hacia la opción más crítica del proceso de paz y la Justicia Transicional arrancó. Con ello, el escepticismo entre los sectores defensores del acuerdo sobre su implementación ha aumentado.

"Se podría decir que el nuevo gobierno, hasta el momento, ha planteado cumplir unos mínimos de lo pactado. Es decir, hacer una implementación que no busca transformar de fondo las condiciones sociales, políticas y económicas que describió el Acuerdo de La Habana. Será una paz con pocas transformaciones", concluye el informe '¿Cómo va la paz? La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz' en la que la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) analizó los dos años que han pasado desde la firma.

No todo han sido pérdidas. Indicadores de violencia que sometieron al país a un caos en los peores años de la guerra han bajado considerablemente. El secuestro está a punto de desaparecer: Pares estima que el 2018 cierra con una cifra de 170 casos, cuando durante la guerra se registraron hasta 3.300 anuales. La desaparición forzada es del 10% de lo que fue en el peor año, en su punto más bajo; al igual que el reclutamiento infantil.

El problema es que esa realidad no aplica para todo el territorio nacional. Hubo regiones abandonadas por las FARC a donde aún no ha llegado el Estado, y en las que no se ha logrado combatir las economías ilegales, advirtió el Ph.D en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, Juan Carlos Ruíz, experto en seguridad pública.

De los 1.122 municipios que conforman Colombia, el grupo insurgente tuvo presencia en 242 durante su última década de existencia. La guerrilla del ELN operaba en 99, en algunos junto a las FARC. Así las cosas, para su análisis Pares priorizó 281 municipios del posconflicto para realizar un balance de la violencia a dos años de haberse firmado el Acuerdo de Paz, y cuyos datos van hasta el 30 de septiembre de 2018.

Homicidios

Tal como lo explicó el también docente de la Universidad del Rosario, el tránsito de las FARC a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), definidos para el regreso de los ex guerrilleros a la vida civil, significó un aumento de los homicidios en las zonas donde otros grupos al margen de la ley decidieron copar los espacios abandonados para apropiarse de los cultivos ilícitos, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Es decir, "el vacío de poder elevó los indicadores de violencia".

"En algunas zonas del país el Estado no fue capaz de copar los territorios dejados por las FARC. Además, desde la posesión presidencial del gobierno de Iván Duque todo quedó paralizado en las regiones en lo referente a la implementación. Más allá de si esta situación es producto de una estrategia para sabotear la paz o se deriva de una curva de aprendizaje normal de los nuevos gobiernos, lo cierto es que cada día que pasa, la situación se complica más", explicó en una columna Ariel Ávila, subdirector de Pares.

Por ejemplo, en el peor año de la guerra hubo 1.229 personas afectadas por minas antipersonales. Esa cifra cayó un 90% desde 2012, cuando arrancaron las negociaciones de paz en La Habana. En 2017 la cifra había caída a 56, pero en 2018, aunque sigue siendo baja, se registró un aumento respecto al año anterior de más de 100 casos.

Pero donde más se observa el alza de violencia es en la tasa de homicidios. En 2012 se presentaron cerca de 16.000 asesinatos menos. Pero en 2017 se estancó. Así, entre estos años este indicador disminuyó 10 puntos. Pero en 2018 hay una tendencia al alza, por la que Pares estima que terminará en cerca de 3.400 homicidios. (Ver gráfica)

Este aumento se presenta en 146 de los 242 municipios donde operaron las FARC. Pero hay tres subregiones del posconflicto que presentan la peor situación: Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño, donde se ha elevado la tasa hasta por encima del 200%; en el Catatumbo donde ocurre algo similar; y en el pacífico Nariñense y Caucano.

Los dos últimos comparten una característica significativa: son zonas de fronteras; utilizadas de rutas para el tráfico de droga, el contrabando e, incluso, hasta de refugio por los cruces ilegales al otro país. Y las tres subregiones viven una "especie de guerra civil" entre distintas organizaciones criminales que se disputan el control de las rentas ilícitas.

Ahora, otro dato revelador que encontró el informe es que si bien históricamente la mayoría de homicidios se presentaban en sectores urbanos y no rurales, esta relación de invirtió en los 281 municipios priorizados desde 2017.

A esta nueva violencia, Pares le da dos explicaciones. "Por un lado el copamiento criminal, ya sea por parte del Clan del Golfo, el ELN, o los grupos postFarc. Por el otro, una situación que se ha denominado de anarquía criminal, la cual describe un deterioro de la seguridad no derivado de un copamiento criminal, pero sí del aumento de la delincuencia común o problemas entre pares; es decir, entre vecinos. No debe olvidarse que en muchas de estas zonas las FARC funcionaban como un para-estado, controlaban todo: desde la movilidad de personas hasta la venta de licor".

Otro síntoma de la violencia homicida es el imparable asesinato sistemático de líderes sociales, que muchos expertos han catalogado incluso como "masacre". De acuerdo con cifras de Pares, entre el 24 de noviembre de 2016 -día de la firma de la paz- y el 13 de noviembre de 2018 han asesinado a 200; o sea, uno cada cuatro días. Por su parte, la Defensoría del Pueblo tiene otro dato más preocupante, del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018 se han presentado 311 homicidios de defensores de derechos humanos; o sea, uno cada tres días.

Las organizaciones coinciden que cerca del 60% de los líderes sociales asesinados corresponden a tres perfiles específicos: los que se oponen a economías ilegales y promueven la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, los reclamantes de tierras y verdad y los que aspiran a un cargo de elección popular, de hecho, durante la reciente contienda electoral se presentó un alza de estas muertes.

Pares también registró, hasta el 18 de noviembre de 2018, 274 amenazas, 56 atentados, 2 agresiones sexuales, 9 secuestros y 4 desapariciones forzadas contra líderes sociales y comunitarios.

"Es un problema que tiene más de 25 años, que tiene que ver con una mano negra de extrema derecha, pero que ahora está también ligado al tema de sustitución de cultivos. Son asesinados porque pueden construir tejido social en las regiones, y una sociedad unida y organizada es una amenaza para todos estos grupos ilegales armados, pero también para políticos corruptos", expresó Ruiz.

Cultivos ilícitos

Como se viene mencionando por los expertos, las zonas del posconflicto que se han visto afectadas por un brote de violencia tienen una particularidad en común: son terrenos de economías ilegales; la mayoría derivadas del narcotráfico. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- reportó un crecimiento del 17% de los cultivos de uso ilícitos entre 2016 y 2017, llegando este último año a la cifra más alta de hectáreas sembradas en la historia nacional: 171.494, que han afectado a 186 municipios.

Lo más preocupante es que cerca del 90% de esos lotes ya habían sido detectados, asperjados o erradicados previamente. Es decir, se trata de un proceso de reactivación y no de nuevas áreas de cultivo, advierte UNODC. Y esto sucede, en especial medida, cuando se trata de erradicación forzada. Por eso el acuerdo de La Habana contempló un Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS) en alianzas con los campesinos cocaleros que no tienen otra opción de subsistencia, y que tiene que ver con las dificultades de comerciar productos legales por deficiencia de vías de transporte y especialización, mencionó Ruiz.

El PNIS comenzó su funcionamiento el primer semestre de 2017, beneficiando a cocaleros de 53 municipios, y que hasta el 3 de octubre de 2018 logró la erradicación de 30.265 hectáreas. Para continuar este proceso están inscritas 97.084 familias cultivadoras, 6.623 ya tienen proyectos de seguridad alimentaria y 29.552 reciben asistencia técnica para desarrollar otras actividades productivas que les permitan cambiar su actividad económica con éxito.

Pero el nuevo gobierno de Duque ha cambiado ese enfoque con el que se pretende luchar contra la droga y estabilizar las zonas de conflicto. Entre sus estrategias está aumentar el pie de fuerza en estos lugares, acción que rechazan las comunidades porque según dice, a diferencia de su objetivo, aumentan la violencia y zozobra en los pueblos.

Y por otro lado la reactivación de aspersión con glifosato, sobre la que también existe resistencia, luego de que se suspendiera oficialmente en 2015, atendiendo el llamado de prevención de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), que clasificó al herbicida como "probablemente cancerígeno". Con estas acciones la lucha antidrogas pasó a ser un asunto de salud pública a un problema de seguridad nacional.

"Además, hay que entender que en zonas de cultivos ilícitos los grupos ilegales se convierten en el Estado; son los que regulan impuesto, imponen sanciones, imparten justicia, así lo hicieron los grupos subversivos de izquierda y los paramilitares, y así lo hacen en este momento", afirmó Ruiz.

Disidencias

Durante el proceso de negociación, y con la firma de la paz, unos 300 guerrilleros de los frentes 1 y 7 se distanciaron del acuerdo por desconfianza y continuaron la lucha armada en los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés. Otros 300 hombres en Tumaco hicieron lo mismo, y cerca de 150 se unieron a otros grupos ilegales como Gente de Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico y Frente Óliver Sinisterra, uno de los grupos disidentes que se fueron desde el principio.

Con estos datos de Pares estiman que los "Grupos Armados Postfarc cuentan con alrededor de 1.600 hombres en armas, de los cuales el 80%; es decir, 1.280, serían excombatientes de distintos frentes de las FARC". De ese total 830 que habían aceptado el proceso desertaron, lo que representa el 6,4% de los 13.049 excombatientes. El problema es que estas disidencias presentan un crecimiento acelerado, actualmente cuentan con 22 estructuras que hacen presencia en 58 municipios.

Para Ávila estos grupos tienen dos opciones: "o se bandolerizan o se convierten en una nueva guerrilla". Pero la alerta más preocupante que emitió el subdirector de Pres es la posibilidad de que ex comandantes de las FARC de mucho peso, cuyo paradero es incierto, regresen a la guerra. Entre ellos Iván Márquez, El Paisa, Romaña, entre otros que abandonaron Bogotá alegando persecución política luego de la captura de Jesús Santrich por presuntos nexos con el narcotráfico.

"En el futuro de este agrupamiento tendrá mucho que ver la manera como se resuelva el caso Santrich. Si triunfa la tesis de que es montaje urdido por autoridades de Estados Unidos en asociación con la Fiscalía colombiana y sale libre, las aguas pueden volver a su cauce. Si esto no ocurre y es extraditado, el riesgo de que Márquez y una parte importante de las FARC se rearmen es muy grande", dice el informe.

Negociaciones con el ELN

Al tema anterior se le suma otro actor importante en el panorama de violencia del posconflicto: el ELN. El gobierno suspendió hace meses los diálogos de paz y el accionar criminal del grupo insurgente aumentó. Recientemente el presidente Duque ordenó la captura de Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino', uno de sus comandantes, que fue designado como miembro del equipo negociador, aunque el Estado debe aceptar y aun no se pronuncia.

"La negativa del Gobierno colombiano a que Gabino participe en las conversaciones de paz pone el proceso en una grave encrucijada. Gabino es muy respetado al interior del ELN, por lo que otros líderes podrían abandonar las negociaciones debido a los crecientes temores por la viabilidad de las conversaciones si él no hace parte del proceso", advierte Insight Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica.

El presidente Duque ya ha manifestado en varias ocasiones que no reanudará los diálogos en tanto no paren las acciones criminales del grupo. Y el punto es que, al salir las FARC del panorama, el ELN ha sido la organización armada que más ha podido ocupar esos espacios vacíos. Solo el Frente Oriental -el más grande- hace presencia en 19 municipios mientras busca extenderse a 11, según Insight Crime.

A eso, la Fundación Paz & Reconciliación le suma dos problemas. El flagelo del secuestro, sobre el que es imposible avanzar, y la falta de coherencia sobre las nuevas condiciones para negociar. "Por ejemplo, el Alto Comisionado para la Paz y la Legalidad, Miguel Ceballos, prometió que si se liberaban los militares y policías secuestrados en el Chocó y Arauca habría una reunión bilateral en Cuba para arrancar la mesa de negociación; los militares y policías fueron liberados y al día siguiente el gobierno puso nuevas condiciones y no cumplió su palabra", describen.

La presión del gobierno contra el ELN es cada vez más dura. "Quiere hacer notar su autoridad, su negativa a hacer concesiones, su determinación de someter a las fuerzas que están en la ilegalidad, así esto conlleve el riesgo de echar por la borda los acuerdos de agenda, metodología de la negociación y protocolos del cese bilateral y la declaración expresa de que esas conversaciones se orientan claramente hacia la dejación de las armas por parte de esta guerrilla", afirma Pares.

Así las cosas, prevalece la seguridad sobre las iniciativas de paz. Lo mismo sucede -a su consideración- con el plan de sometimiento a la justicia del Clan del golfo que quedó listo en la administración de Juan Manuel Santos, pero que en este gobierno está detenido.

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