Por qué muchas comunidades rurales de Colombia aún defienden a guerrilleros y narcos

Dos días después de que en Argelia la comunidad evitara la incautación de una droga, en Patía la población frustró la captura de un comandante del ELN. Para el Gobierno Nacional se trata de un accionar delincuencial, pero la realidad es mucho más compleja. En terreno, las lógicas de lo ilícito van mucho más allá que la criminalidad. El trasfondo tiene que ver con una ausencia histórica del Estado, cuyas responsabilidades terminan cubriendo las organizaciones armadas. Eso explican los expertos.

El pasado domingo 21 de octubre, una turba enardecida de 80 personas hizo una hilera de carros a la altura de la vereda de Pitalito, en el municipio de Patía, en Cauca, con el objetivo de obstaculizar la carretera por donde debía pasar una unidad policial que llevaba al recién capturado Didier Calvache Jiménez, alias 'Conejo', cabecilla de finanzas del Frente Manuel Vásquez Castaño de la guerrilla del ELN.

Al ver atrapado el auto oficial, la multitud lo atacó a palos, piedras y machetes, exigiendo la liberación del guerrillero. Rociaron el vehículo con gasolina y los uniformados que iban dentro no tuvieron más remedio que abandonarlo para preservar su integridad. Lo incineraron y 'Conejo' regresó al monte. Dos días antes, ocurrió un episodio similar en el municipio de Argelia, también del departamento de Cauca.

El 19 de octubre, unas 500 personas retuvieron por varias horas a 60 militares e investigadores de la Fiscalía en la cancha de fútbol de la vereda Sinaí, cuando se disponían a desmantelar un cristalizadero de droga con cinco laboratorios de procesamiento de cocaína. Ultrajando y bajo amenazas, la comunidad exigía la devolución del estupefaciente y de las armas incautadas, obedeciendo órdenes de narcotraficantes -dicen las autoridades-.

Un helicóptero con matrícula EJC 2166 de la Aviación del Ejército ya había logrado despegar con parte del cargamento, pero perdió el contacto sobrevolando aún Argelia y se accidentó por causas que aún no se han establecido. En el hecho fallecieron cuatro militares: el mayor Pedro Ignacio Granados Salcedo, el capitán Edson David Quintero Sánchez, el sargento segundo Ramiro Santos Carvajal y el cabo primero Eduardo Ruiz Gutiérrez.

Ante ambos episodios, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, los catalogó en rueda de prensa este lunes como un "ataque delincuencial contra las autoridades legítimamente constituidas". Y advirtió que quienes participaron de las asonadas deberán enfrentar todo el peso de la ley. Así también lo ratificó el fiscal general Néstor Humberto Martínez a través de un audio en su cuenta de Twitter:

Esta no es la primera vez que ocurre este tipo de situación en Cauca. En 2009 la población del corregimiento El Plateado sacó a los policías de su estación, en 2015 expulsaron también a los oficiales del corregimiento de El Mango, y en noviembre de 2015 y marzo de 2016 impidieron la erradicación forzada de matas de coca. En otros departamentos, como Norte de Santander y Caquetá, también ha habido estos enfrentamientos con el Ejército.

La pregunta entonces es ¿por qué algunas comunidades rurales de Colombia siguen defendiendo organizaciones armadas ilegales y narcotraficantes?

Legitimidad de la criminalidad

Los hechos en Argelia y Patía obedecen a razones distintas con puntos comunes. En el primer municipio protegían el dinero del narcotráfico y en el segundo a la guerrilla del ELN. Lo cierto es que en estas regiones -como en muchas otras del país- varios factores complejizan la situación: ausencia del Estado, necesidades básicas insatisfechas, cultivos ilícitos como única salida económica, rutas de tráfico de droga y disputas territoriales entre grupos criminales.

"Hay que entender el contexto para entender los hechos. Una cosa es la mirada del Estado respecto a lo sucedido, y otra comprender la situación de aislamiento de estas zonas del sur de Cauca que se han visto comprometidas desde tiempo atrás con la ilegalidad, que ha suplantado las responsabilidades del Estado", expuso a Infobae el politólogo Andrés Chilito Piamba, investigador de la Universidad de Cauca.

Ese olvido estatal se evidencia fácilmente en estos municipios de vías sin pavimentar, donde las mismas Juntas de Acción Comunal son financiadas con recursos de la coca, como ocurre en Argelia, según reveló el portal La Silla Vacía. Las zonas más rurales, de veredas y corregimientos, no cuentan con acueductos, la educación es precaria y los puestos de salud poco equipados. Y esa falta de institucionalidad se ha traducido en nexos que legitiman a los actores armados, quienes se convirtieron en administradores de la justicia.

"En muchos territorios de Colombia, los actores armados ilegales gozan de amplia legitimidad social. La cual se deriva de los servicios que prestan estos grupos. A saber, administran justicia, recaudan tributos, brindan seguridad, hacen cumplir los contratos y regulan las actividades económicas (legales e ilegales)", explicó a Infobae Luis Fernando Trejos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe (que realiza investigación y pedagogía para la construcción de paz).

Así, se puede inferir que estos municipios que aún legitiman grupos criminales y narcotraficantes comparten una característica que mencionan los expertos consultados: son de sexta categoría; es decir, dependen del Sistema General de Participación por la precariedad de ingresos financieros con los que cuentan.

"Mientras la única presencia estatal en muchas periferias colombianas sea por medio de instituciones militares y policiales, muy necesarias, pero no suficientes, los actores armados ilegales tendrán la posibilidad de ofertar informalmente los servicios básicos que demanda cualquier comunidad para poder convivir y desarrollarse", advirtió el abogado PhD. Trejos.

A eso se le suma otro factor determinante: el narcotráfico, que es regulado por esa legitimidad que adquieren las bandas en la comunidad.

El narcotráfico: el detonante

El narcotráfico ha sido desde siempre un factor determinante en la lógica misma de la guerra. Pero con la desmovilización de las FARC, que tenían el monopolio de los cultivos de coca, entraron otros actores armados a disputarse los espacios abandonados y con rentas ilícitas. "La problemática se agudizó entonces, porque ya no hay dolientes respecto al negocio y esto ha generado enfrentamientos donde intervienen disidencias, el ELN y bandas criminales con nexos con redes extranjeras, mexicanas propiamente", afirmó Chilito.

Patía, Argelia y Balboa, que son limítrofes con los municipios de la costa pacífica caucana, fueran territorios tomados por el narcotráfico por los cultivos de la hoja de coca y por su posición estratégica para la salida de la droga al exterior, dijo el docente de UniCauca. En efecto, la ruta del río Micay, al sur del departamento, lleva hacia la costa Pacífico, el corredor preferido de los carteles mexicanos, donde tienen alianzas criminales con organizaciones como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

Ya lo afirmaron esta semana el mismo presidente Iván Duque y la DEA. Y un artículo de la revista mexicana Proceso que da cuenta de un informe de inteligencia militar que sostiene que cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas controlan cerca de 100.000 hectáreas de coca en Colombia; es decir, más de la mitad del total que tiene el país. Y serían los compradores de al menos las dos terceras partes de la pasta de coca y la cocaína producida aquí.

Así también lo confirmó, cuando sucedieron los hechos en Argelia y Patía, el secretario de Gobierno de Cauca, Ricardo Cifuentes. "Se tiene claridad de grupos mexicanos que quieren controlar el territorio", dijo. Estos mafiosos trabajan con un ejército de entre 1.000 y 3.500 hombres armados en territorio colombiano, que serían tantos como los combatientes de la guerrilla del ELN; aseguró a Procesos un oficial de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

En municipios sin ninguna oferta económica alterna, las matas de coca se convirtieron en el único soporte para el sustento diario. Por lo tanto, la defensa -dicen los expertos- es más por sus necesidades que por la actividad ilegal en sí. A lo que se le añade la demora del Estado para responder al Programa Nacional Integral de Sustitución voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) desde el pasado gobierno.

Las administraciones locales, como la de Cauca, ya han advertido que los campesinos mantienen una posición de no dejar ingresar a la Fuerza Militar a sus territorios para la erradicación forzada mientras no haya avances en el PNIS. "La gente se blinda porque no tiene otra alternativa", expresó Andrés Chilito.

"Aquellos campesinos que decidieron organizarse para promover la sustitución se han visto expuestos ante la irrupción de grupos armados organizados. Entonces, además, tenemos una comunidad desprotegida que no cuenta con la presencia del Estado para atender su seguridad. Fuera de ello, no cuenta con alternativas económicas más allá que los que les brinda el cultivo de coca", agregó el docente de la Universidad de Cauca.

A 18 meses de la firma del Acuerdo de Paz, la Iniciativa Unión por la Paz (que dirige el expresidente Ernesto Samper) y la Fundación Paz y Reconciliación realizaron el estudio 'Cómo va la paz', donde advierten que, tras la salida de las FARC del campo de guerra, la violencia se ha concentrado en cuatro subregiones: Pacífico nariñense y caucano, Antioquia, la región del Catatumbo y la zona fronteriza entre Meta y Guaviare.

"La posibilidad de que Colombia sea uno de esos ocho países en los que el posconflicto fracasó es muy alta –debido al factor del narcotráfico- y, por lo tanto, su éxito depende de la voluntad de los firmantes de los acuerdos de La Habana y del ELN", afirmó la Fundación Paz y Reconciliación.

Asimismo, añade al incumplimiento de los acuerdos en estas zonas olvidadas, los problemas con la política de reincorporación de los excombatientes, a quienes se les han aprobado pocos proyectos productivos, muchos no están bancarizados y las tierras para desarrollar una actividad económica que les de sustento no han sido entregadas.

"El éxito o impacto de los acuerdos en los territorios ha sido diferenciado. Ha sido relativamente positivo en aquellos donde solo hacia presencia armada las FARC. En zonas donde ha habido más de un grupo y rentas ilegales, como Catatumbo, ha sido un fracaso (…) Así, el gran desafío que tiene el Estado colombiano en sus periferias es recuperar el monopolio de la violencia, del tributo y de la administración de justicia", confluyó Trejos, docente investigador de la Universidad del Norte.

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