Crecen las amenazas de muerte a periodistas en Colombia tras la firma de la paz

Informar en Colombia siempre ha sido una actividad de riesgo, teniendo en cuenta que, en el marco de una guerra de más de cinco décadas, todos los actores armados utilizaron la intimidación para acallar a sus críticos. El panorama esperaba cambiar con la desmovilización de las FARC, pero después de la firma de la paz en 2016 las cifras de amenazas contra periodistas van en aumento. La alarma se volvió a encender después de que se conocieran denuncias de al menos ocho personas en menos de una semana.

El sábado 14 de julio una editora de El Tiempo, Jineth Bedoya, hizo público un panfleto firmado por Las Águilas Negras, un grupo de extrema derecha, en la que la declaran objetivo militar. En el mismo documento mencionan a algunos periodistas de La Silla Vacía y a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos de varias regiones a quienes señalan de colaborar con las guerrillas.

"Esta vez no estamos jugando, a partir de la fecha procedemos a la ejecución total de nuestras advertencias por varios años y que no fueron escuchadas por estos milicianos guerrilleros disfrazados de supuestos líderes y lideresas sociales (…) Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y ejecutar a cada uno de estos guerrilleros", describe la misiva.

El domingo 15 de julio la columnista de Semana y periodista independiente, María Jimena Duzán, denunció en su cuenta de Twitter haber recibido una amenaza anónima a través de esa red social, en la que incitan a asesinarla e incluso a agredirla sexualmente. Al día siguiente, el 16 de julio, el ex ministro de Interior y Justicia del gobierno de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, quien ahora se desempeña como periodista, también denunció dos amenazas por la misma plataforma de dos usuarios diferentes. Y también lo hizo el director de la FM, Luis Carlos Vélez.

Ese mismo lunes, la directora de RCN Radio, Yolanda Ruiz, informó en un comunicado que la emisora recibió una llamada de una persona que dijo ser miembro del ELN, quien les advirtió a Jorge Espinosa y a Juan Pablo Latorre, dos periodistas de su equipo de trabajo, que tenían 72 horas "para dejar de hablar de la organización" armada o los iban a matar. Los comandantes de la guerrilla que están en La Habana, en medio de conversaciones de paz con el gobierno, negaron su vínculo con esa amenaza a través de un comunicado.

La gravedad del tema es que algunos de estos periodistas ya han sufrido ataques en el pasado. En 2000, cuando trabajaba para El Espectador, Bedoya fue víctima de torturas y abuso sexual tras ser secuestrada por paramilitares en la puerta de la cárcel Modelo de Bogotá. En 2012, a Londoño le pusieron una bomba en la puerta de su camioneta blindada cuando se movilizaba por la capital, tras la detonación murió su conductor y uno de sus escoltas. Y en 1999 la periodista Silvia Margarita, hermana de Duzán, fue asesinada por paramilitares.

Estos casos son solo el reflejo del aumento de la violación a un derecho internacional que ya había sido anunciada por la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip). De acuerdo a esta organización, de enero a julio de este año se han reportado 98 casos de amenazas contra periodistas en todo el territorio nacional. Lo que contrasta con las cifras de 2017, en cuyo mismo periodo de tiempo se registraron 65.

Aunque en la memoria colectiva de la nación permanecen los 155 homicidios de periodistas ocurridos entre 1977 y 2015 en el marco del conflicto armado, las dinámicas de las amenazas cambiaron con la desmovilización de las FARC, quien fuera la guerrilla más antigua de América. Las cifras demuestran una tendencia preocupante: las amenazas aumentan progresivamente desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. En 2015 fueron 59; en 2016, 90, y en 2017, 129. 

"El conflicto vivió distintos picos que se tradujeron en asesinatos, al principio del año 2000, por ejemplo, la FLIP registró 11. Ahora la dinámica es distinta. En los últimos años, sobre todo al comenzar las negociaciones (2012), las amenazas han sido estratégicas y más focalizadas. Lo que vivimos entre 2015 y 2018 es que los blancos principales son medios comunitarios e indígenas", aseguró a Infobae Jonathan Bock Ruíz, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Flip.

De hecho, la Flip ha registrado con preocupación que el aumento de amenazas a periodistas va en paralelo con los asesinatos sistemáticos a líderes sociales, solo en lo que va de 2018 se han presentado 123 de estos homicidios, y la cifra desde 2016 supera los 300. Uno de estos casos es el del periodista y activista del Magdalena Medio, Ricardo Ruidíaz, quien ha recibido al menos 10 intimidaciones tras denunciar la trata de menores por parte de grupos al margen de la ley. Lo mismo ocurre con Catalina Vásquez, defensora de derechos humanos en la comuna 13 de Medellín.

"Nuestra preocupación es que los crímenes de los líderes sociales son realmente en contra de la libertad de expresión, ellos denuncian lo que ocurre en regiones donde los espacios para el periodismo son completamente reducidos, y muchos lo hacen a través de emisoras comunitarias", expresó Block. Ejemplo de ello -menciona- fue el paro armado establecido por el EPL en el Catatumbo debido a la batalla que libra con el ELN por el control de los cultivos de coca y de las rutas del tráfico de droga, tiempo en el que las radios de la región dejaron de funcionar.

Precisamente, las regiones más afectadas son donde tienen presencia organizaciones armadas que han tomado los espacios que anteriormente eran controlados por las FARC, y que tras su desmovilización quedaron solas, con el agravante de que la institución nunca llegó a ellos. De acuerdo a la Fiscalía, las zonas donde más se han presentado amenazas a periodistas son Valle del Cauca, Arauca, Santander, Tolima, Cauca y Antioquia.

Actualmente, el ente acusador investiga 188 casos que afectan a 227 periodistas, ocurridos entre enero de 2016 y julio de 2018. "Putumayo, por ejemplo, es una región que nos preocupa altamente. En los últimos cinco días, tres periodistas han recibido amenazas constantes a través de redes sociales y llamadas personales", contó Block.

Para el investigador de la Flip las amenazas están relacionadas con las dinámicas de narcotráfico que operan en estas regiones. Tanto líderes como periodistas están siendo amedrentados por sus denuncias de las acciones delictivas de estas organizaciones armadas, en temas como la sustitución de cultivos ilícitos, los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores. Y muestra de ello fue lo ocurrido con el secuestro y posterior asesinato de los tres miembros del diario ecuatoriano El Comercio, en Nariño, por las disidencias de las FARC.

El frente Oliver Sinisterra al mando de Walter Patricio Artízala Vernaza, alias 'Guacho', trafica la cocaína para los carteles mexicanos desde la frontera con Ecuador, en el departamento de Nariño. Las Fuerzas Militares del vecino país lo mantienen al límite con sus operaciones mafiosas en su territorio, por lo que el disidente guerrillero ha atacado en varias ocasiones a sus soldados. Parte de esa recriminación fue lo hecho a los comunicadores y a una pareja ecuatoriana.

"Lo que vimos con el equipo de Ecuador no ocurría hace muchos años en Colombia, eso evidentemente sube el nivel de alerta. Estamos ante un escenario que genera más incertidumbre, porque no se ha identificado plenamente cuáles son esos actores que están operando y sus lógicas de acción frente al periodismo", dijo Block. Y agregó: "El aumento de las amenazas tiene que ver con la reorganización de los grupos armados después de la desmovilización de las FARC. Entonces, sí obedece a esa coyuntura que están viviendo algunas regiones del país".

Desde que comenzaron las negociaciones en La Habana, nunca se había hablado tanto de paz en los medios de comunicación, lo que no se tradujo en menos ataques a la libertad de prensa. En 2015, cuando se llegaban a acuerdos importantes, la Flip registró 147 ataques contra 232 periodistas, lo que aumentó la violencia contra la prensa en un 39%, comparado con 2014. Y en 2016 creció 47%, con 216 casos. Colombia ocupa el puesto 130 entre 180 países en el más reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF.

Lo más grave de la situación es la falta de condenas al respecto, que causa la repetición de las agresiones. La Flip ha pedido que se cambie de manera "urgente" el mecanismo de seguridad que maneja la Unidad Nacional de Protección (UNP), que -dicen- trabaja de forma "reactiva" y no preventiva como debería ser. Tras una reunión entre las autoridades competentes y la fundación, se suscribió una estrategia para contrarrestar estos ataques y atender de forma efectiva las amenazas a los periodistas.

Este miércoles la Fiscalía anunció la imputación de cargos contra tres personas por las amenazas realizadas por Twitter a los periodistas María Jimena Duzán y Luis Carlos Vélez, y por la llamada desde la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, La Tramacúa, hecha a Katherine Leal, de RCN Radio. Advirtiendo que las intimidaciones provienen de personas naturales y no de grupos criminales organizados.

Sin embargo, la situación es diferente en las zonas rurales y vulnerables. "Paralelo al aumento de las amenazas, hemos registrado con preocupación el desmonte de esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados y los trámites de casos en la UNP no se están haciendo acordes al nivel de urgencia de la situación", aseveró la fundación en un comunicado, el 11 de julio. Estos son los casos de Ricardo Ruidíaz y Catalina Vásquez, al primero le quitaron las medidas de seguridad y a la segunda aún no se las dan pese al asesinato de varias de sus fuentes.

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