Este martes los magistrados de la Corte Constitucional se reunieron por primera vez para debatir el conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- en el caso del exguerrillero Jesús Santrich, acusado de narcotráfico. La decisión sobre cuál institución se hará cargo del proceso podría determinar si se acepta la solicitud de extradición por Estados Unidos, y todo indica que así sería.
El exjefe negociador de paz de las FARC fue señalado por la DEA de participar en el envío de un cargamento de 10 kilos de cocaína para el Cartel de Sinaloa, de México. Razón por la cual fue capturado por la Fiscalía y pedido en extradición por el gobierno norteamericano. Sin embargo, un mes después la JEP frenó la solicitud.
Los delitos que Santrich haya cometido durante el conflicto armado y en razón de este serán juzgados por el sistema de justicia transicional creada en el marco del acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla: la JEP. Obteniendo así beneficios de rebajas de penas, condenas alternativas de reclusión y hasta indultos si confiesa los crímenes y garantiza la verdad a las víctimas.
Sin embargo, eso solo es posible si los delitos fueron cometidos antes de la firma de la paz, en septiembre de 2016. De lo contrario tendría que ser juzgado por la justicia ordinaria, perdiendo los beneficios de la JEP, que entre otros evita la extradición de los excombatientes a cualquier país para poder garantizar la verdad y reparación de víctimas.
La Fiscalía y el gobierno de Estados Unidos dicen tener pruebas que comprobarían que la participación de Santrich en el envío de la droga se realizó después de la firma de paz, por lo que su solicitud de extradición quedaría vigente y tendría que ser determinada por el presidente o la Corte.
Por su parte, la JEP alega que las pruebas no son suficientes para determinar si el delito se cometió antes o después de la firma de paz. Por eso entró la Corte Constitucional al caso, para evaluar los argumentos de ambas partes y resolver el conflicto de competencias.
En este momento, el alto tribunal tiene un proceso de tutela interpuesta por Santrich en manos del magistrado Luis Guillermo Guerrero, un recurso de la Fiscalía sobre el conflicto de competencias de la JEP frente a la captura del exguerrillero en manos del magistrado Alberto Rojas, y otra tutela de una ciudadana en manos del magistrado Antonio José Lizarazo.
Las ponencias de Guerrero y Rojas establecerían que la captura de Santrich es competencia de la Fiscalía, según fuentes de la Corte consultadas por El Tiempo. Asimismo, que la JEP no puede pedir pruebas a la Fiscalía para revisar la legalidad de la detención, y tampoco frenar la extradición antes de que la solicitud de Estados Unidos se hiciera oficialmente, como sucedió.
En otras palabras, si lo anterior es validado, Santrich seguiría preso y continuaría el trámite normal en la JEP, que solo tendría que revisar si el delito de cometió antes o después de la firma de paz, para determinar si procede o no la extradición a Estados Unidos. En tal caso, la Fiscalía tiene la obligación de poner a disposición sus investigadores.
Si se comprueba que el delito se realizó después de la firma de paz, la JEP deberá pasar el caso a la Corte Constitucional, que determinaría si se acepta o rechaza la solicitud de extradición.
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