La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, el sistema de justicia transicional acordado en La Habana entre el gobierno y las FARC para la firma de paz, tiene 34 solicitudes de narcotraficantes extraditables que pretenden colarse para evitar ser enviados a Estados Unidos. Entre ellos el empresario colombo-mexicano Germán Muñoz Hoyos y la mexicana Maricela Flores Torruco, conocida como la 'Dama de hierro'.
La JEP es un sistema alterno a la justicia ordinaria que aplica solo a personas vinculadas a delitos cometidos en el contexto del conflicto armado y en razón de éste. Y solo aplica a los grupos que suscribieron el acuerdo de paz con el Gobierno. La Jurisdicción concede penas alternativas de reclusión, condenas más bajas y hasta amnistías e indultos a los excombatientes, sí y solo sí, confiesan sus delitos y permiten reparar a las víctimas con la verdad.
De esa forma, delitos políticos como la rebelión y otros como el porte ilegal de armas son amnistiables. Pero no serán objeto de indultos crímenes de lesa humanidad como genocidios, toma de rehenes, secuestro, tortura, desaparición forzada, violencia sexual o ejecuciones extrajudiciales.
Las personas que aunque no formaron parte de las organizaciones armadas al margen de la ley, sí contribuyeron de forma directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, también podrán acogerse a la JEP y recibir un tratamiento especial. A esto quieren apelar los narcos nacionales y extranjeros para tener un cupo en esta justicia transicional.
Teniendo en cuenta, además, que la JEP no concede la extradición, ni medidas de aseguramiento con fines de extradición por delitos cometidos durante el conflicto armado y antes de la firma final de la paz. Ello, para garantizar la verdad y reparación de las víctimas con la información que los excombatientes puedan dar sobre sus crímenes cometidos.
Los delitos posteriores a la firma de paz, es decir los cometidos después de noviembre de 2016, sí podrán ser objeto de extradición. Esa es la controversia generada en el caso de Jesús Santrich, que según la DEA negoció un cargamento de cocaína con el Cartel de Sinaloa después de la firma; por eso hoy la Corte Constitucional es la que debe resolver si es la JEP o la Fiscalía quién tiene competencia para establecer una condena, después de revisar las pruebas de Estados Unidos.
El año pasado, 25 narcos intentaron colarse en la JEP apelando a esas razones, según reportó El Tiempo. Y este año muchos otros quieren usar la misma estrategia para evitar ser extraditados a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Tres, de las 34 solicitudes, ya fueron rechazadas, mientras las otras están pendientes de estudio por la Sección de Revisión de la Jurisdicción.
Uno de estos narcos que menciona el medio es el empresario colombo-mexicano Germán Muñoz Hoyos, incluido en la Lista Clinton junto con cinco integrantes de su familia y seis de sus empresas, entre ellas Avical S. A. Es acusado de coordinar el tráfico y distribución de droga a Estados Unidos, por lo que hace más de un año el presidente Juan Manuel Santos firmó su solicitud de extradición.
Otra es la mexicana Maricela Flores Torruco, conocida como la 'Dama de hierro', capturada en julio del año pasado en Bogotá por nexos con el Cartel de Sinaloa, razón por la que fue pedida en extradición por Estados Unidos y cuya solicitud fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Pero como lo hizo Muñoz, sus abogados presentaron su caso ante la JEP para frenar su envío a una cárcel americana.
Así también lo han hecho -de acuerdo con El Tiempo– Juan Carlos Parra Chaparro, señalado de enviar 1.100 kilos de cocaína a Estados Unidos; Jhon Jairo Valencia Castro y Jorge Luis García Fernández, quienes primero intentaron hacerse pasar por guerrilleros para ser incluidos en el listado de las FARC; Óscar Orobio Guerrero, que sí logró ser acreditado como excombatiente; y Fabio Younes, uno de los socios de Santrich.
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