Tras el triunfo de Iván Duque, ¿es posible revisar el acuerdo de paz con las FARC?

"Esa paz que añoramos tendrá correcciones para que las víctimas sean el centro del proceso. No vamos a hacer trizas los acuerdos, pero vamos a hacer que la paz sea para todos los colombianos", sostuvo Iván Duque tras celebrar su clara victoria por 54 a 42% ante Gustavo Petro en las elecciones del pasado domingo.

Ahijado político del ex presidente Álvaro Uribe (2002 — 2010), que es el mayor detractor del pacto firmado en septiembre de 2016 para terminar con 52 años de guerra entre las FARC y el Estado colombiano, es un hecho que Duque introducirá cambios en el proceso, que ya está en su fase de implementación. Los dos interrogantes que inquietan al país es cuán lejos querrá ir en las reformas y cómo reaccionarán los ex líderes guerrilleros.

Toda la negociación giró en torno a un quid pro quo elemental. Las FARC dejaban la lucha armada y el narcotráfico, a cambio de que el Gobierno acepte juzgar a sus líderes en tribunales de paz creados especialmente, les permita presentarse como candidatos y les garantice diez escaños en el Congreso, cinco en cada cámara.

El desarrollo de la justicia transicional viene muy demorado, pero el resto avanzó bastante. Si bien hubo un sector de la guerrilla que rompió con la conducción y resolvió seguir en la criminalidad, la mayoría optó por la desmovilización y entregó las armas. Además, fundaron el partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) y participaron de las últimas elecciones. Fue un fiasco, porque Rodrigo Londoño, Timochenko, declinó su candidatura presidencial, y la agrupación obtuvo apenas el 0.34% de los votos en las legislativas, pero al menos lograron insertarse en la vida democrática.

Es precisamente ese toma y daca lo que escandaliza al uribismo, que de hecho se impuso en el plebiscito no vinculante de octubre de 2016, cuando el No al acuerdo le ganó al Sí. No pueden aceptar que aquellos que consideran los peores criminales del país resulten impunes y sean "premiados" con un escaño en el Parlamento. Ese será el eje de la discusión que encarará el gobierno de Duque.

Justicia y participación política, los temas a revisar

"El uribismo siempre ha tenido esa visión de que tiene que haber primero justicia. Para ellos eso significa que personas que cometieron delitos graves cumplan sus penas en una cárcel y pierdan sus derechos políticos. Pero el acuerdo establece que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definirán la participación política caso por caso, asumiendo distintas categorías de penas según lo que se aporte a la reparación de las víctimas. Quienes no hagan un aporte total a la verdad perderán sus beneficios", explicó María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, consultada por Infobae.

El nuevo gobierno aún no asumió, pero ya comenzó a trabajar para modificar los aspectos que más le molestan del pacto. El Senado colombiano aplazó esta semana el debate para tratar el proyecto que reglamenta la JEP, a la espera de que la Corte Constitucional realice un pronunciamiento de fondo sobre su legitimidad. Fue un pedido de Duque, que solicitó no avanzar en un tema tan sensible hasta que no estén en sus bancas los nuevos legisladores.

"La JEP ya tendría que haber estado funcionando desde febrero o marzo de 2017 —continuó Llorente—, lo cual le habría dado tiempo suficiente a los jueces para resolver los casos de los diez congresistas de las FARC que van a ocupar sus curules en el Congreso a partir del 20 de julio. Pero hubo muchos retrasos en el Congreso y en el análisis de constitucionalidad por parte de la Corte. El cronograma se despelotó".

La débil implementación de los acuerdos de paz, tanto por las demoras como por la fragilidad institucional que rodea al proceso, la da un margen nada despreciable a Duque para hacer cambios. Para ello cuenta con un importante capital político, dado por su cómoda victoria y por el golpe que sufrió "la Paz de Santos" en el plebiscito.

"El Presidente electo busca que los delitos o crímenes de guerra o lesa humanidad, cometidos por los miembros de las FARC, sean sancionados con pena privativa de la libertad. Por otro lado, ha indicado que la JEP no puede equiparar a guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública en el proceso de juzgamiento, aspecto que estaría sugiriendo la existencia de una jurisdicción diferencial", sostuvo Jairo Delgado, analista de seguridad y defensa nacional, en diálogo con Infobae.

Sin embargo, aún es temprano para precipitarse y afirmar que el nuevo gobierno sepultará lo pactado. Hay muchas razones para pensar que las transformaciones no serán tan extremas. Para empezar, Duque no es Uribe.

"El Centro Democrático (partido del presidente) no es monolítico —dijo Llorente—. Hay personas muy radicales, que en su momento dijeron que iban a hacer trizas el acuerdo, y posturas más moderadas, que están en buena medida representadas por Duque. Lo que pasa es que la modificación que él propone le pega al corazón, que es la participación en política de los jefes de las FARC. Ellos lo dijeron desde un principio: no se metieron en la negociación para terminar en la cárcel".

Habrá que esperar para ver qué sucede, pero el uribismo tiene otra limitación: la cláusula que impide modificar la letra del acuerdo durante 12 años. Entonces, podrá hacer cambios en la implementación y en las leyes complementarias que la reglamentan, pero no va a poder reformularlo por completo, ni mucho menos.

"Hay que tener en cuenta que el acuerdo como tal forma parte en ciertos aspectos de la Constitución y se estableció que los próximos tres gobiernos no podrán tocarlo. Por eso veo difícil pensar en cambios abruptos. Lo que se está discutiendo es lo que hará el Gobierno con el desarrollo legislativo. Se presagia que algunas leyes, que estarán en manos de un Congreso con mayorías cercanas, no serán tratadas, o lo serán en términos que no tengan cabalmente en cuenta el pacto. Puede que eso termine judicializado", dijo a Infobae José Germán Burgos Silva, profesor de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia.

Las posibles respuestas de las FARC

"Lo que el país demanda es una paz integral, que nos conduzca a la esperada reconciliación (…) Burlar ese propósito no puede ser plan de gobierno", dijo el ahora partido FARC en un comunicado difundido tras los comicios del domingo pasado. "Lo único que logrará será llevar a la nación a un nuevo ciclo de múltiples violencias", advirtió.

Lo que dificulta prever qué pasos podría tomar la ex guerrilla en caso de sentirse amenazada por las políticas de Duque es la creciente división que hay entre sus líderes. La captura en abril de Jesús Santrich —por vender diez toneladas de cocaína a Estados Unidos luego de la desmovilización— ensanchó la grieta interna. Era una de sus máximas autoridades e incluso iba a ingresar al Congreso.

"El ala de Londoño, que es la moderada, va a entrar a la democracia sea cual sea la circunstancia. Pueden ver un espacio para tener incidencia en el nuevo escenario que creó la elección de Petro. Del otro lado están Iván Márquez y Santrich, que seguramente será extraditado. Y además están las disidencias. Algunas están mucho más criminalizadas, pero otras vienen de cuadros políticos históricos de las FARC, que están en un proceso de acumulación de poder", dijo Llorente.

Los sectores de la guerrilla que rechazaron la paz y optaron por seguir en la selva con el terrorismo y el narcotráfico podrían ser los grandes beneficiarios inmediatos de un debilitamiento del proceso. No sería extraño que puedan reclutar a algunos de los combatientes que aún dudan entre reintegrarse a la sociedad o seguir en la lucha armada.

"Tendríamos que reconocer que la desmovilización de las FARC fue parcial, teniendo en cuenta que algunas de sus estructuras prefirieron continuar como grupo armado", dijo Delgado. "No obstante, los guerrilleros que optaron por la desmovilización y el desarme en el marco del Acuerdo de Paz han manifestado en reiteradas oportunidades que no retornarán a la lucha. Esa decisión puede ser sostenible si valoran los avances alcanzados y entienden la legitimidad de unas modificaciones que destrabarían el proceso en beneficio común".

Distinto es el caso de los jerarcas que no acepten los nuevos términos que pueda impulsar Duque. Sobre todo porque ellos serían los más perjudicados, mucho más que los guerrilleros de nivel medio y bajo.

"Si se van a cambiar las reglas de juego a nivel penal para los líderes, muchos de ellos buscarán el exilio territorial o diplomático. Eventualmente, como ya hizo Márquez, retornarán a zonas cercanas a la selva, con el fin de protegerse de alguna acción judicial. Pero que las FARC como organización retomen la lucha armada lo dudo", afirmó Burgos Silva.

El ELN y un diálogo difícil de retomar

A diferencia de lo que ocurrió con las FARC, el proceso con el ELN fue mucho más traumático, y los avances, mínimos. Los diálogos comenzaron el 7 de febrero del año pasado en Quito, Ecuador, y se interrumpieron en enero, tras un fallido cese del fuego.

"El nuevo gobierno cambiará totalmente el ámbito de la negociación —dijo Burgos Silva—. Se espera que sea muy parecida a como fueron en el pasado con otras guerillas. Es decir, una negociación unilateral, en la que se les imponga concentrarse en algunas zonas, y un sistema especial de justicia que incluya penas de cárcel a cambio de verdad y reparación. Además de la entrega de las armas y del reconocimiento de su capacidad económica".

El desmantelamiento de las FARC creó una oportunidad para el ELN, que quedó como el principal grupo insurgente del país. Como es una organización mucho más descentralizada, hay frentes que dejaron muy en claro que no estaban dispuestos a rendirse en este momento, más allá de que así lo disponga el secretariado.

"El problema con el ELN es de estructura. No es claro con quién se está negociando. Lo único seguro es que no todos están en la mesa. No es una organización jerárquica, con un secretariado que decide un cese al fuego y se respeta, como era con las FARC. Duque ha mantenido su postura bastante radical de decir que no va a negociar. Pero no todo está dicho. Esa es la línea de campaña, pero recordemos que Uribe negoció con ellos durante cuatro años", dijo Llorente.

En cualquier caso, no parece lo más factible que haya un acuerdo en el corto plazo. Si los intentos se frustraron con Santos, que claramente tenía la voluntad política de llegar a un arreglo, cuesta pensar que eso se vaya a producir ahora con un presidente de línea dura.

"El gobierno de Duque probará inicialmente exigir al ELN un cese unilateral de hostilidades, como condición previa para retomar las negociaciones. Exigencia que probablemente el grupo guerrillero rechazará. En esas condiciones, se va a crear un clima de confrontación que puede reactivar el enfrentamiento bélico, entrando el proceso a una etapa de balances en la correlación de fuerzas, donde el ELN buscará demostrar su capacidad armada", concluyó Delgado.

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