ELN, disidentes de las FARC y grupos narcos ponen en riesgo las elecciones legislativas en Colombia

Este domingo, en los comicios legislativos, Colombia determinará el rumbo que tomará luego del histórico Acuerdo de Paz con las FARC. Pese a ello, la disminución de la violencia no ha sido la esperada en medio de un posconflicto, por la presencia de otros actores armados que mantienen el miedo en zonas rurales por el control de la coca y la minería ilegal.

En las urnas se definirá el próximo Congreso de la República en medio de un escenario inusitado: la desaparición de la narcoguerrilla más antigua del mundo y su conversión en partido político con la posibilidad de aspirar a curules; la suspensión de los diálogos de paz con el ELN y la no reelección después de 16 años, luego de los períodos dobles de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, que abre las puertas a un camino inexplorado.

Con el desarme de las FARC desaparece la mayor amenaza que habían tenido las elecciones en las últimas décadas. Sin embargo, la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló que 306 municipios -es decir, 1 de cada 4- no tienen condiciones de seguridad para su participación política por la presencia de actores armados como el ELN, disidentes de las FARC y Grupos Armados Organizados.

Estos municipios que se encuentran principalmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Arauca, Guaviare, Caquetá, Meta, Casanare, Putumayo y Risaralda, comparten algunas características comunes. Primero, con zonas históricamente ocupadas por las FARC y que quedaron solas con su desmovilización.

De hecho, 85 de esos municipios se declaran huérfanos por la MOE. "Son territorios que están en disputa por diferentes grupos armados ilegales, compartiendo un mismo interés: controlar las economías ilegales y dominar los territorios que el Estado no pudo copar con la Constitución del 91 una vez las FARC se desmovilizaron", explica Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la MOE.

Ese es el segundo punto en común. Las zonas de mayor conflictividad están marcadas por economías ilícitas, sobre todo de cultivos de droga y minería ilegal. Y están estratégicamente ubicadas para el procesamiento y exportación de la coca. Las zonas que dejaron las FARC donde no hay rentas ilícitas gozan ahora de mayor tranquilidad, como es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María y parte de la Serranía del Pirijá.

Entonces, las rentas ilícitas han incrementado el surgimiento de organizaciones narcotraficantes que se financian con ellas, y que cuentan con estructura militar, con vínculos con redes internacionales de intercambio y son capaces de generar amenazas a la seguridad nacional.

Según señala la MOE, en su mayoría son grupos que, en su origen y comandancia, tienen a antiguos miembros de los grupos paramilitares desmovilizados entre 2003 y 2006. Como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Urabeños, Clan Úsuga o Clan del Golfo (herederos directos de las Águilas Negras, fundadas por "Don Mario").

Y entre estos actores armados también se incluyen los disidentes de las FARC y la guerrilla terrorista del ELN, estos últimos, con el 50% de su presencia concentrada en tres departamentos: Norte de Santander, Chocó y Nariño.

Todos estos grupos se consideran un riesgo para las próximas elecciones, tanto las legislativas como las presidenciales del 27 de mayo, porque pueden no solo alterar el orden público durante el proceso electoral sino también cooptar las administraciones en el territorio. Incluso por los enfrentamientos que disputan entre ellos mismos por el control de los cultivos de coca y de las rutas de exportación al extranjero, o por la minería ilegal.

Así lo han demostrado acciones terroristas como las del ELN, que desde la ruptura del cese al fuego en el marco de los suspendidos diálogos de paz en Ecuador, el 9 de enero de 2018, ha realizado 21 ataques, en su mayoría con la fuerza pública, pero también con otras organizaciones como el Clan del Golfo y disidentes de las FARC.

Su accionar criminal para estas elecciones se concentra en nueve departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Casanare, Chocó, Nariño, Norte de Santander. Mientras que la Defensoría del Pueblo identificó que los grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia podrían incidir en las elecciones de la Costa Caribe, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Meta y Guaviare.

¿Cómo inciden en las elecciones?

Este fenómeno en crecimiento de grupos alzados en armas con el único objetivo de enriquecerse con actividades ilegales, puede llegar a interferir durante los comicios no solo de manera violenta, sino también con clientelismo y corrupción, según la evidencia del investigador Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte.

Explica que las mencionadas actividades económicas se realizan a cielo abierto y, por ende, necesitan amplias extensiones de terreno para poder desarrollarse, difíciles de ocultar bajo la sombra de un árbol. Entonces, los actores armados operan en territorios donde hay poca oferta institucional o poca presencia del Estado, o que esta es débil; es decir, que pueden comprarlas o amedrentarlas.

Los actores armados controlan o buscan controlar todas las dinámicas sociales, políticas y económicas que se desarrollen en los territorios que ocupan. Hay muchas regiones donde hay poca población y los políticos no las ven atractivas como destino para hacer proselitismo.

Pero en otras donde el número de habitantes es considerable, tampoco pueden entrar a presentar sus propuestas porque estas organizaciones criminales no permiten el paso a ningún actor externo que pueda amenazar su actividad económica ilegal. Mucho menos políticos con un discurso de mano dura frente a ellos.

"La población se traduce en votos. Así que si el político quiere entrar tiene que negociar con el actor armado, lo que por lo general conduce a un intercambio. A cambio de esos votos le ofrecen al actor armado rentas, vía contratación, captura de recursos públicos que se transfieren hacia ellos. O incluso pueden generar su propia clientela, para nombrar a su gente en algunos cargos públicos. Y estos actos son los que permiten la impunidad", indica Trejos.

De esta forma las poblaciones no pueden acceder a sus derechos políticos. Si la orden es que nadie vote, así lo hacen para no someterse a castigos que van desde el destierro forzado hasta la muerte. Pero, además, el dispositivo electoral tiene unas garantías de seguridad que no permiten que la Registraduría ponga mesas en esas zonas, veto que limita la participación de estos ciudadanos.

"Eso ha hecho que históricamente los que viven en zonas de riesgo por presencia de grupos armados no toman decisiones políticas, están privados del ejercicio. Y así es muy difícil que superemos los índices de violencia", advierte Trejos.

Pero a todo esto se le suma una característica adicional. Los municipios donde hay presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal tienen altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. La ilegalidad es la que termina satisfaciendo esas necesidades a muchos pobladores, no para que se enriquezcan, sino simplemente para tener qué comer y vestir.

"Muchas veces los mandatarios locales se ven amarrados de manos porque no tienen la posibilidad de ofrecer alternativas económicas legales a esos campesinos o indígenas que incurren en los delitos. No combaten la ilegalidad totalmente porque no pueden asumir las cargas sociales que eso produciría", dice el investigador.

Así las cosas, para estas elecciones se puede hablar ya no del riesgo por la presencia de las FARC, sino de las amenazas por los vacíos de poder dejados por las FARC. Y aunque grupos armados como el ELN y las Autodefensas Gaitanisticas de Colombia han manifestado que no se interpondrán en el proceso democrático, su simple presencia puede afectar la libertad de los electores por miedo.

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