Tras el acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos celebrado el año pasado, el país parece encaminado hacia una nueva realidad política tras más de 50 años de guerra y cientos de miles de muertos.
Pero la ansiada desmovilización de las FARC, que se convertirán en un partido político, trajo consigo un nuevo desafío para Colombia debido al vacío de poder que la guerrilla ha dejado en los territorios que controlaba, y que está empezando a ser llenado por clanes, grupos criminales y otras organizaciones criminales de Colombia y otros países.
Al tope de prioridades, por su historia y envergadura, el gobierno colombiano tiene que lidiar aún con el grupo terrorista ELN (Ejército de Liberación Nacional), la segunda organización clandestina más importante del país que continúa con sus acciones violentas mientras las autoridades intentan entablar un diálogo de paz como el celebrado con las FARC.
Recientemente, el Gobierno colombiano le pidió a la organización terrorista que "reflexione sobre su papel que es, o la política para ser trascendentes o la lucha armada para ser intrascendentes", y advirtió que esta era la "última oportunidad" para la paz.
"Que quede en claro: no habrá cese al fuego bilateral mientras el ELN no acepte un cese de hostilidades verificable", había dicho el jefe del equipo negociador del gobierno de Colombia, Juan Camilo Restrepo.
El domingo, el grupo pareció responder a estos pedidos con más violencia, ya que los terroristas volvieron a secuestrar a un dirigente colombiano: Carlos Omar Delgado, ex alcalde del municipio de Toledo, departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), que se suma al secuestro el mes pasado de dos periodistas holandeses en el municipio de El Tarra, que luego fueron liberados.
En ese momento, el gobierno colombiano condenó que el grupo terrorista ELN aún reivindique el secuestro como medio de lucha, al que llaman "privación de libertad".
"En este contexto, queremos ser claros en nuestra visión sobre el secuestro, un crimen que aún el ELN practica y que para el Gobierno es la medida humanitaria prioritaria, cuya posición difiere de la que expresa el ELN en las entrevistas", señaló al respecto Restrepo.
También a principios de este mes hicieron explotar dos artefactos explosivos en la subestación de Policía de La Mata, en el que hirieron a dos policías.
Pero el ELN no es la única amenaza a la seguridad en la agenda de Colombia. También existen otros "saboteadores armados en tiempos de transición", según una designación de la colombiana Fundación Ideas para la Paz (FIP), que recientemente publicó una radiografía de estos grupos citada en el diario español El País.
"Esta radiografía nos permite visibilizar las enormes diferencias entre grupos y su presencia en los territorios, así como su fragmentación", señala María Victoria Llorente, directora de la FIP.
De esta manera, además de la guerrilla terrorista del ELN, en Colombia existen tres grandes organizaciones del crimen organizado "cada vez más concentradas en lo local" y quizás menos políticas, además de un grupo de otras pequeñas bandas no menos violentas:
El ELN
El Ejército de Liberación Nacional fue fundado en 1964 como una guerrilla insurgente de orientación marxista-leninista y derivó rápidamente en tácticas terroristas. Opera principalmente en el centro norte y oeste del país.
Si bien el ELN persigue desde hace algunos años la celebración de un acuerdo de paz con el Gobierno, continúa con su campaña de ataques a puestos del ejército colombiana y en especial a la infraestructura petrolera, perpetrados por un estimado de 1.500 combatientes.
Tras la desmovilización de las FARC, ha intentado ocupar algunos de los territorios dejados por esa guerrilla, según destaca la FIP, al tiempo que "busca posicionarse militar, política y socialmente con miras a un proceso de negociación".
El Clan del Golfo
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo, cuentan con unos 1.900 miembros ubicados en las regiones de Urabá, Córdoba y Bajo Cauca, según la radiografía de la FIP.
Se trata de un grupo de disidentes provenientes de otras organizaciones criminales de variado origen, desde paramilitares de ultraderecha hasta marxistas.
Dairo Antonio Úsuga es el líder de este grupo dedicado al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, y uno de los hombres más buscados de Colombia.
Los Puntilleros
A pesar de contar con solo 70 miembros en 15 municipios de los Llanos Orientales, este grupo formado por el Bloque Meta y el Bloque Libertadores del Vichada tiene una importancia desproporcionada como "puente y un facilitador para dinamizar las economías criminales del narcotráfico con segmentos de carácter transnacional", según destaca la FIP.
La principal fuente de financiación de esta banda, surgida de la desmovilización en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia, sería el narcotráfico, en especial en las áreas de "transformación, comercialización interna y el control de un segmento de la ruta de salida".
Los Pelusos
Esta organización también es fruto de la desmovilización de un grupo anterior, el Ejército Popular de Liberación (EPL), y en ocasiones sigue utilizando ese nombre.
Con 132 miembros conocidos, opera en Catatumbo, en la frontera con Venezuela, junto al ELN para avanzar en áreas abandonadas por las FARC.
A diferencia de otros grupos mantiene tácticas provenientes de su origen guerrillero.
Otros grupos menores
Además de estas cuatro organizaciones, existen asociaciones de menor alcance territorial compuestas por "paramilitares desmovilizados, desertores de las guerrillas, sicarios, pandilleros y delincuentes comunes".
Los Rastrojos operan con 80 miembros en la frontera con Venezuela y resultaron debilitados en el pasado por enfrentarse al Clan del Golfo. Según la FIP en los últimos tiempos han sumado integrantes venezolanos y han realizado acciones del otro lado de la frontera.
En la ciudad de Pereira, el grupo La Cordillera controla el narcotráfico reclutando menores y ejerciendo altos niveles de violencia.
Los Buitragueños también se dedican al narcotráfico y desde Monterrey son parte de una red de cocaína que pasa por Bolivia, Brasil y África antes de llegar a Europa.
En tanto, Los Botalones se dedican al sicariato, el contrabando y el robo de hidrocarburos en Magdalena, además del narcotráfico.
El exmilitar Alonso Mavesoy Lozada fundó la banda narcotraficante Los Caqueteños, que se encargan de enviar droga a Brasil y Perú como paso previo a su destino en Estados Unidos.
Una disidencia de Los Rastrojos, Los Costeños trafican drogas y armas en la zona entre Cartagena y Barranquilla.
En Magdalena y La Guajira, Los Pachenca se dedican a las extorsiones y el sicariato, además del ubicuo narcotráfico.
Finalmente, la FIP menciona al Clan Isaza, un ex ejército privado que ahora provee seguridad a narcotraficantes mediante la custodia de fincas de coca y laboratorios.
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