La experiencia de la actuación de la policía y la Justicia, llevada a cabo durante más de medio siglo en relación con el consumo de drogas en Europa, no ha conseguido frenar un tráfico que se renueva constantemente a un ritmo imparable, y que se ha visto incrementada con la pandemia del coronavirus.
Algunos países, en vez de desplazar el problema, incluyen a la tarea represiva y la puesta en marcha de estructuras de respuesta preventiva para atender a los usuarios en la lógica de reducción de riesgos.
La dramática situación de las adicciones ha encontrado mejora con la condición de que se intensifique la lucha contra el narcotráfico, el desmantelamiento de redes, y que, al mismo tiempo, se implementen medidas duraderas y ambiciosas para apoyar a los consumidores en los frentes social y de salud. Ni criminalizar el consumo, ni victimizar al adicto, sino comprender la “multidimensión” de la problemática que lleva al consumo.
Las investigaciones han demostrado que estos abordajes, que incluyen la creación de espacios de uso de drogas médicamente asistidos, reducen la incidencia de enfermedades como el HIV o la hepatitis entre los adictos, combaten los incidentes relacionados con el consumo, además de lograr contener o frenar los escenarios de tráfico y consumo de drogas descontrolados.
Para quienes consumen, sean drogas por ingestión, inyección o inhalación, varios países europeos pueden decir que actúan con cierto éxito. En Europa, países como Suiza, Dinamarca y Portugal han logrado frenar la tendencia al consumo en áreas abiertas o públicas, una problemática cada vez más repetida en las grandes ciudades.
Suiza es un ejemplo. El país se enfrentó, en la década de 1980, a una multiplicación de “escenas abiertas de inyección” de heroína, en lugares donde se daba una presencia de oferta y consumidores en espacios públicos.
Las autoridades federales y locales decidieron entonces abrir salas de inyección de bajo riesgo, también conocidas como “salas de tiro” , la primera de las cuales se instaló en 1986 en Berna. El objetivo de estos lugares es permitir el consumo de drogas duras, con la supervisión de personal médico, espacios que además ponen a disposición jeringas limpias, o llegar a controlar la “calidad” de las sustancias que se utilizan.
En esos sitios está prohibido el tráfico, aunque la policía no realiza controles en los alrededores de los centros. Estos lugares se multiplicaron por toda Suiza durante la década de 1990, acompañados de una política de prevención y represión del narcotráfico, por parte del gobierno.
Según cifras de las autoridades sanitarias publicadas en la web del estado de Friburgo, como resultado de este abordaje, el número de muertes vinculadas al uso de drogas duras ha descendido en veinte años, de 376 personas en 1995 a 134 en 2014. Casi tres décadas después, los escenarios abiertos han desaparecido del paisaje suizo.
Otra estrategia es la de Dinamarca que busca un “modelo empática” con los consumidores. Cuando en 2010, el gobierno danés observó un aumento en el consumo de crack, implementó un enfoque social, cuyo objetivo es la rehabilitación en lugar de la represión. Las autoridades escandinavas han puesto en marcha un conjunto de “centros de alojamiento” para acompañar a los adictos, hacerlos sentir cuidados, prácticas que han generado una reducción en el consumo personal.
Portugal, por su parte, apostó por la despenalización, en 2001, de las drogas duras. Se trata de un cambio de paradigma que ha puesto en marcha el país, al considerar el consumo de drogas duras como “un problema de salud” , y ya no como un problema de seguridad.
El modelo portugués ha logrado buenos resultados: el país tiene la tasa de mortalidad de usuarios de drogas más baja de Europa. En veinte años, el país ha reducido a la mitad el número de personas que consumen heroína, que entonces era de 100.000 personas, o casi el 1% de la población.
Una investigación del Centro de Estudios Noruego sobre las adicciones de la Universidad de Oslo, analizó las políticas de prevención en varias ciudades europeas, sobre la base de reducción de daños y el tratamiento que deben combinarse con la aplicación de la ley, que suma la cooperación entre la policía, la atención médica y los servicios sociales.
El objetivo que destaca es la “coexistencia” entre la sociedad y los usuarios de sustancias ilegales y la estrategia basada en una planificación de varios años y esfuerzos conjuntos. “Las soluciones se encuentran en combinaciones adecuadas de reducción de daños y medidas restrictivas”, concluyó
Varios países europeos, como Alemania, Holanda, España o Francia, han puesto en marcha desde entonces “salas de consumo de bajo riesgo”, con la clave para una reducción del número de muertes por sobredosis.
En alguno casos, estos espacios, pueden incluir en cercanías a lugares donde se realizan fiestas electrónicas - vinculadas al consumo de drogas de diseño - la supervisión de la calidad de las sustancias que se van a consumir para prevenir que una droga esté adulterada.
Las ciudades también tienen abordajes independientes. París tiene en debate desde 2016 la apertura de una sala de consumo. El Ayuntamiento de la capital francesa y varios actores civiles han tratado de abordar el problema redactando y financiando el “Plan Crack”, o “Hoja de ruta del crack”, en 2019, que dedicó más de 9 millones de euros al problema durante tres años.
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