Revelaron las maniobras de la industria tabacalera para socavar la salud pública en América Latina durante la pandemia

En América, hay 122 millones de fumadores de tabaco en diferentes formas. Este consumo nocivo genera un impacto negativo a nivel social, económico y ambiental, y mata a más de 1 millón de personas cada año. Sin embargo, durante la pandemia por el coronavirus, la industria tabacalera en América Latina aprovechó la crisis para llevar a cabo diferentes maniobras que interfieren en la puesta en marcha de medidas que regulen la venta y que protejan mejor a la gente en su derecho humano a gozar de buena salud. Hizo “donaciones” para congraciarse con los gobiernos en la compra de insumos sanitarios o en la repatriación de personas que quedaron varadas en otros países. Argumentó “pérdidas económicas” para obtener más beneficios. Intentó difundir la creencia que el tabaco era “bueno” para enfrentar al COVID-19, y demoró el cumplimiento de normas.

Las maniobras de la industria tabacalera fueron denunciadas en un reporte realizado por una coalición de representantes de universidades y organizaciones no gubernamentales, que incluye a Corporate Accountability y a STOP, una asociación entre el Grupo de Investigación sobre el Control del Tabaco de la Universidad de Bath del Reino Unido, el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco, La Unión y Vital Strategies), que está financiado por Bloomberg Philanthropies. Hicieron un ranking: República Dominicana, Argentina y Colombia ocupan los tres primeros lugares porque sus gobiernos fueron los que más registraron la mayor interferencia de la industria tabacalera.

Advirtieron en el reporte: “Afrontamos una situación histórica sin precedentes que se inició en 2020, la terrible pandemia por la enfermedad causada por SARS-CoV-2 que se ha llevado la vida de millones de personas en el mundo entero y afecta fuertemente otros ámbitos, como la situación económica y la educativa, así como la convivencia social. Ante tal circunstancia inédita, la industria tabacalera no deja de intervenir tratando de resguardar sus intereses, aprovechándose de esta situación tan complicada y dolorosa, para promover acciones que denomina de responsabilidad social empresarial (RSE), pero que realmente las utilizan para para ocultar el daño que causan sus productos y convencer o por lo menos confundir a los tomadores de decisiones”.

La industria tabacalera -señalaron- aprovecha cualquier oportunidad, incluyendo la crisis de salud pública derivada por la COVID-19 para interferir en las políticas y estrategias del control del tabaco. Busca llegar a todos los niveles y sectores del gobierno, sector privado y sociedad civil, “con el fin de mostrarse como contribuyentes de la economía y el bienestar social”, y los autores pasaron a detallar el relevamiento de las maniobras.

Una de las maniobras de la industria tabacalera fue beneficiarse con el argumento de que sufría pérdidas económicas y que había que reactivar la economía por la pandemia. “Esto sucedió en Argentina, donde la Cámara de Propietarios de Tiendas de Conveniencia envió una carta al Presidente solicitando la reanudación de la producción de cigarrillos, con el argumento de que representan el 85% de las ventas de las tiendas y que su escasez, impactaba negativamente en esos negocios. La solicitud fue aceptada”, afirma el reporte. En Perú, la industria tabacalera consiguió que un grupo de trabajo multisectorial autorizara la elaboración de productos de tabaco durante la segunda fase de un programa destinado a la reactivación económica.

También la industria usó la estrategia de la “caridad”. Una de las estrategias más utilizadas fue “la entrega de diferentes tipos de donaciones para contrarrestar la pandemia por lo que es bueno recordar que este tipo de actos suele ser una posibilidad de publicidad disfrazada de los productos de la industria tabacalera, para mostrarse como ´socialmente responsable´ ante la sociedad y, así, conseguir mayor aceptación de su marca y sus productos”.

“La interferencia de la industria tabacalera ha sido vergonzosa. Porque se muestran como caritativos al donar durante la pandemia, pero ocultan que el dinero proviene de vender productos que producen la muerte de millones de personas en el mundo”, sostuvo Marita Pizarro, médica neumonóloga, colaboradora en el reporte del índice y codirectora de la Fundación Interamericana del Corazón en Argentina (FIC).

En Bolivia, la Asociación de Empresarios Privados del país (donde la empresa privada de tabaco nacional CITSA es miembro) entregó más de 3,1 millones de dólares para afrontar la pandemia. En Brasil, la industria donó pruebas para detectar el COVID-19 a una universidad. Obsequió allí también litros de alcohol, miles de mascarillas, productos de higiene y aseo personal, toneladas de comida, ventiladores, miles de litros de gel antibacterianos, medicamentos, además de apoyar el desarrollo de vacunas, el mantenimiento a hospitales y el despliegue de campañas de prevención de COVID-19.

En la capital de Colombia, se permitió que la industria tabacalera donara 149 unidades de cuidados intensivos. En Costa Rica, donaron mascarillas. En El Salvador, más de 2 millones de dólares fueron destinados a la adquisición de pruebas y equipo de protección personal para médicos y enfermeros. En Honduras, la industria tabacalera aprovechó la pandemia y las tormentas registradas que afectaron al país en 2020 para potenciar sus iniciativas de participación. Además se donaron termómetros, 33 mascarillas y sacos con productos alimenticios.

Entre otras acciones, tanto en Brasil como en Chile, la industria tabacalera habló sobre la posibilidad de elaborar vacunas con nicotina para combatir el COVID-19. En Chile -específicamente- “intentó difundir la idea de que el consumo de tabaco era bueno para afrontar esta enfermedad”. Sin embargo, la evidencia científica demostró que los fumadores tienen un 80% más de probabilidad de ser hospitalizados si se contagian el coronavirus. La pandemia sirvió de excusa para que la industria tabacalera no cumpliera normas ya vigentes o demorara la elaboración o aprobación de otras, señala el reporte. En Costa Rica, donde luego de promocionar un producto que calientan el tabaco sin quemarlo, no pagaron la multa por incumplir la ley: aprovecharon que el Ministerio de Salud declaró una moratoria en el cobro de multas por infracciones durante la pandemia.

En Ecuador, se impulsó un proyecto de ley de “Prevención del Contrabando” en plena época de confinamiento por la pandemia “para que pudiera transitar sin despertar mayor interés”. Pretendía que se indemnizara a las tabacaleras por la pérdida de ingresos derivada del contrabando. Además, las maniobras de “responsabilidad social” también se usaron en dar ayuda para la población varada en otros países por la pandemia. Una empresa aprovechó esa situación en Guatemala para “ayudar” al Ministerio de Relaciones Exteriores con la repatriación de 36 ciudadanos que se encontraban en República Dominicana.

En diálogo con Infobae, el sociólogo Diego Rodríguez, integrante del Centro de Investigación para la epidemia del tabaquismo (CIET), en Uruguay, y uno de los colaboradores del reporte, comentó: “Nuestro informe se basa en documentos públicos y normas aprobadas o proyectos presentados, entre otras evidencias, de los 18 países de América Latina. El índice que elaboramos demuestra que la interferencia de la industria tabacalera aumentó durante la pandemia entre 2020 y 2021 sobre los gobiernos de la región”.

Además, Rodríguez remarcó: “La industria tabacalera se presentó como un actor para ayudar al Estado y quiso lavar su imagen con acciones de responsabilidad social, como la donación de respiradores. Fueron avanzando para aprovechar de la pandemia y acercarse a los gobiernos. De esta manera, evitaron que los Estados regulen su actividad tabacalera y violaron normativas que ya estaban vigentes sin tener sanciones. También en este tiempo de pandemia, la industria trató de instalar nuevos productos en el mercado, que los promocionan engañosamente para dejar de fumar. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que esos productos atraen a los adolescentes al consumo del tabaco o hacen que los adultos vuelven a consumir tabaco. La industria pretende mostrarse como parte de la solución cuando en realidad es parte del problema. Venden productos que generan daños en la salud de las personas y muerte”.

En la Argentina, la interferencia tabacalera ha sido tan fuerte incluso antes de la pandemia. El Estado de la Nación aún no ratificó el Convenio Marco para el Control del tabaco, que se firmó en 2003 y fue el primer tratado de salud pública de la Organización Mundial de la Salud. “En el Norte argentino, la industria sigue actuando con grupos de fachada que dicen promocionar la escolarización de los niños mientras continúan naturalizando el consumo de sus productos. También hemos registrado diferentes interacciones de funcionarios públicos con la industria y son modos de que se bloqueen cambios en las políticas tributarias y en las políticas libres de humo. Por ejemplo, cuatro provincias -como Salta, Jujuy, Chaco y Corrientes- aún no tienen normas provinciales de control del tabaco. En Neuquén, Santa Fe y provincia de Buenos Aires, también han aparecido grupos como kiosqueros y vapeadores que, con el argumento falso de las supuestas pérdidas económicas, pretenden frenar la sanción de normas con mejores estándares de protección para la salud de la gente”, afirmó la doctora Pizarro.

El tratado de salud pública mundial incluye un artículo que establece que los Estados deben establecer políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera. “Como el Estado aún no ratificó el Convenio Marco, Argentina tiene una alta interferencia de la industria tabacalera. El primer lugar lo ocupa República Dominicana, que tampoco lo ratificó”, afirmó Pizarro. “La ratificación del Convenio garantiza la aplicación del Art. 5.3, que pone límite a la industria tabacalera en post de la protección de las políticas de control de tabaco”, agregó.

“El Convenio Marco para el Control del Tabaco es como un cinturón de seguridad para cada país después de que lo ratifica”, dijo a Infobae Alejandro Videla, presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. “Las provincias tabacaleras -que actúan como voceras de la industria tabacalera- dicen que el Convenio afectaría las mejoras en la producción del cultivo del tabaco. Sin embargo, es falso. El Convenio habla de promoción y se refiere a la prohibición de la publicidad y no tiene nada que ver con la situación laboral de los trabajadores del tabaco”. El especialista subrayó que la ratificación del Convenio Marco permitirá reducir el lobby de la industria sobre el Estado y el control del comercio ilícito.

Además, el reporte de los países latinoamericanos también reveló que Argentina y Colombia (que ocupó el tercer lugar), se entregan beneficios como la devolución de impuestos a la cadena de producción de tabaco. En Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana, “altos funcionarios del Gobierno participan en reuniones, foros, seminarios, conversatorios y otros eventos auspiciados o asistidos por la industria tabacalera. Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, y Panamá todavía no cuentan con normativa para prohibir las contribuciones de la industria tabacalera a partidos políticos ni tampoco se exige que se divulgue.

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