
El Gobierno de Bolivia proyecta impulsar la inversión y el empleo, tras el primer año de mandato de Rodrigo Paz, con una agenda para 2027 que prevé reducir el déficit fiscal, sostener las transferencias sociales, impulsar la aprobación de una Ley de Inversiones y avanzar en la descentralización de recursos hacia gobernaciones y municipios.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dio a conocer el plan este viernes, durante el balance anual presentado por el ministro Christian Morales.
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El proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) para 2027 contempla un déficit fiscal global equivalente al 6,7% del PIB, por debajo del 9,2% previsto en el presupuesto reformulado para 2026. Durante este año, el Ejecutivo revisó las cuentas públicas y corrigió una previsión inicial de déficit de 15,8% del PIB.
El proyecto presupuestario prevé destinar más de Bs 14.000 millones, equivalentes a unos USD 1.201 millones, a transferencias sociales. La asignación quedará sujeta al tratamiento y la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Entre las medidas anunciadas figura la Ley de Inversiones, cuyo proyecto fue remitido al Parlamento. La iniciativa busca establecer condiciones de seguridad jurídica y previsibilidad para quienes decidan invertir en actividades productivas en el país.
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La administración de Paz también buscará profundizar la Agenda 50/50, un esquema dirigido a ampliar las capacidades de gestión financiera de las entidades territoriales mediante una nueva distribución de recursos y responsabilidades. El PGE para 2027 contempla Bs 26.077 millones para gobernaciones, municipios y universidades públicas (equivalentes a unos USD 3.747 millones), frente a los Bs 21.931 millones del presupuesto vigente para 2026, un incremento aproximado de 19%.
Morales indicó que el Ejecutivo mantendrá el arancel cero para la importación de maquinaria, equipos, repuestos y tecnología. Hasta agosto de 2026, esa medida representó ahorros superiores a Bs 380 millones (equivalen a unos USD 54,6 millones) en gravámenes arancelarios para el sector importador.
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El ministro sostuvo que el reto de la segunda gestión será lograr que la estabilidad económica se traduzca en beneficios concretos para la población. “Sé que las familias no están pendientes del riesgo país o de los acuerdos financieros. Lo que necesitan es una economía más estable, oportunidades de trabajo y mejores perspectivas para sus hijos”, expresó.
El Gobierno informó que la inflación interanual se ubicó en 7,08% en octubre de 2026, después de cerrar 2025 en 20,96%. La variación representó una reducción de 13,88 puntos porcentuales en el ritmo anual de aumento de precios.
Las reservas internacionales líquidas pasaron de USD 52 millones, registrados al inicio de la gestión de Paz el 8 de noviembre de 2025, a más de USD 1.100 millones. El Ministerio de Economía vinculó esa evolución con una mayor disponibilidad de divisas, en un país que enfrentó desde principios de 2023 dificultades para acceder a dólares.
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Antes del cambio de Gobierno, el mercado paralelo llevó la cotización del dólar cerca de Bs 20 durante 2025, mientras el tipo de cambio oficial se mantuvo en Bs 6,96. La falta de divisas se sumó al desabastecimiento de combustibles y a la caída de las reservas internacionales netas, factores que agravaron la crisis económica durante los últimos años.
El informe oficial señaló que el riesgo país descendió de 1.214 puntos básicos en noviembre de 2025 a menos de 500 puntos en octubre de este año, una baja superior al 58%. En ese período, Moody’s elevó la calificación soberana de Bolivia a Caa2, con perspectiva positiva; Fitch Ratings la modificó de CCC- a CCC; y S&P Global Ratings la pasó de CCC- a CCC+, con perspectiva estable.
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Por otro lado, Bolivia retornó a los mercados internacionales de capitales con una colocación de bonos soberanos por USD 1.000 millones. El Gobierno suscribió, además, un programa financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente USD 1.900 millones.

Morales mencionó que el Ejecutivo gestionó un paquete cercano a USD 10.000 millones con organismos multilaterales. Esos recursos deberán canalizarse de manera gradual, conforme avancen las condiciones de cada operación, hacia proyectos de infraestructura, salud, agua, carreteras y respaldo a la producción.
En materia social, el Gobierno puso en marcha el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que alcanzó a más de dos millones de personas. También elevó el salario mínimo nacional de Bs 2.750 a Bs 3.300, incrementó la Renta Dignidad para adultos mayores sin jubilación y subió el Bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300.
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Las medidas tributarias permitieron la condonación de deudas acumuladas hasta septiembre de 2026 para más de 252.780 contribuyentes, mientras otros 63.452 accedieron a mecanismos de regularización. El Ejecutivo inició una devolución gradual de depósitos en dólares y, desde el 5 de noviembre, habilitó una etapa para cuentas de hasta USD 50.000.
Para 2027, el Gobierno proyecta una contracción económica de 1,5% y una inflación de 10,7%, mientras la Asamblea Legislativa deberá tratar el presupuesto y el proyecto de Ley de Inversiones.
(Con información de EFE)
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