La Policía de Brasil descartó que hubiera explosivos en un bolso arrojado contra el Supremo Tribunal de Justicia

La Policía Militar de Brasil descartó el jueves por la noche la existencia de explosivos en una mochila arrojada frente al Supremo Tribunal de Justicia (TSJ ), en Brasilia, tres días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El tribunal informó que un sospechoso “intentó saltar las vallas de la corte” y “lanzó una mochila sobre una parada de ómnibus”. El episodio derivó en su arresto y en la activación de un operativo de seguridad en los alrededores del edificio.

Uniformados de la Policía Militar restringieron el acceso a la zona, donde un periodista de la agencia AFP observó cerca de una docena de patrulleros. Los agentes revisaron el contenido del bolso y determinaron que contenía “solo objetos personales”, según informó el vocero de la fuerza, Raphael Broocke. El detenido permanecerá bajo custodia mientras continúa la investigación, agregó el portavoz.

El hecho ocurrió en la recta final de una campaña presidencial marcada por la tensión. Las encuestas muestran una disputa ajustada entre el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, con el mandatario ligeramente por delante de cara a la votación del domingo.

La Corte Suprema recibe críticas de sectores de la derecha brasileña, en especial después de la condena en 2025 contra el ex presidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio, por un plan de golpe de Estado.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, un hombre murió tras detonar un explosivo frente a la sede judicial. El edificio también fue uno de los objetivos de los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Jair Bolsonaro irrumpieron en sedes de los poderes del Estado. La Corte Suprema consideró después que esos hechos constituyeron un intento de golpe de Estado contra la victoria electoral de Lula sobre Bolsonaro en los comicios de ese año.

La defensa del ex presidente presentó ante el TSJ una revisión criminal para anular la condena de 27 años de prisión que cumple bajo arresto domiciliario por intento de golpe de Estado. El recurso también solicita la suspensión cautelar de la pena y su libertad provisional mientras el tribunal analiza el planteo.

Los abogados entregaron la petición el 25 de septiembre y el caso quedó en manos del magistrado Kassio Nunes Marques, uno de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal. Nunes Marques ingresó a la corte en 2020, tras una postulación del Gobierno de Bolsonaro.

La defensa ya había pedido la suspensión de la condena el 24 de septiembre, aunque retiró esa solicitud horas más tarde por diferencias internas entre sus integrantes.

Como principal argumento, los representantes del exmandatario adjuntaron un informe técnico que detectó “diversas irregularidades” en la cadena de custodia de pruebas digitales utilizadas en el proceso. El documento no sostiene que los archivos fueran adulterados. Los letrados afirman que en parte de ese material no se pudo verificar en forma completa el origen, la extracción y el tratamiento de los datos. Según su planteo, esa situación limitó la posibilidad de auditar las pruebas.

Uno de los cuestionamientos se refiere a mensajes de la aplicación Signal recuperados de teléfonos del teniente coronel Mauro Cid, ex edecán de Bolsonaro. El informe citado indica que algunas conversaciones quedaron registradas mediante grabaciones de pantalla, en vez de una extracción pericial de los datos.

La defensa también cuestiona la falta de los archivos originales obtenidos del teléfono de Bolsonaro. Alega que esa ausencia impidió una revisión integral de ese contenido.

Los letrados vincularon esos cuestionamientos con discusiones recientes dentro del Supremo Tribunal Federal sobre el caso que involucra al magistrado Alexandre de Moraes y al exbanquero Daniel Vorcaro, detenido por acusaciones de fraude.

La defensa mencionó los pronunciamientos de magistrados y del fiscal general sobre los límites del sistema acusatorio a las facultades investigadoras de los jueces y sobre el derecho de las partes a acceder a las pruebas.

Los abogados sostienen que la investigación que incluyó a Bolsonaro en el expediente sobre la difusión de informaciones falsas tampoco pasó por el pleno de la Corte cuando el dirigente aún ejercía la Presidencia. Según el recurso, esa omisión vulneró el reglamento interno del tribunal y luego sirvió de base para las acusaciones por la trama golpista.

(Con información de AFP y EFE)