
Las armas de fuego se convirtieron en un factor central de la violencia en Uruguay, según el Ministerio del Interior. De hecho, siete de cada 10 homicidios en el país se cometen con estos artefactos. En la última década aumentaron los homicidios armados y también los delitos vinculados al uso, el porte y la circulación. Ante este escenario, el gobierno de Yamandú Orsi propuso una estrategia para controlar las armas y las municiones en el país.
La nueva normativa incluye una mejora en la trazabilidad, un fortalecimiento de los controles y la fiscalización y una mayor coordinación institucional, según lo difundido por el gobierno.
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“Este escenario se desarrolla en un país con altos niveles de disponibilidad de armas y con señales cada vez más preocupantes de desvío hacia los mercados ilegales”, dice el comunicado del Ministerio del Interior.

Según datos oficiales, entre 2013 y 2025 se denunciaron cerca de 16.000 hurtos de armas, mientras que los casos de tenencia y porte ilegal se duplicaron y las denuncias por tráfico interno crecieron de forma exponencial.
“Las armas no explican por sí solas la violencia, pero sí la vuelven más letal: aumentan la capacidad de fuego de las organizaciones criminales, agravan la violencia asociada a otros delitos y transforman conflictos que podrían terminar en lesiones en hechos que terminan en muertes”, explica el gobierno.
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El fortalecimiento del sistema de control de armas fue uno de los objetivos trazados por el gobierno de Orsi y está incluido en el Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado como el “modelo uruguayo” para hacer frente a la delincuencia.

Uruguay es el único país del Mercosur que no tiene límites para la adquisición de municipios por parte de civiles, algo que las autoridades consideran que es “un riesgo” para el tráfico internacional.
Este dato, que forma parte de un diagnóstico elaborado por el gobierno, se suma a otras debilidades que fueron identificadas sobre el control y la trazabilidad.
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Es por eso que una de las propuestas de esta estrategia uruguaya es la de “mejorar la trazabilidad”, lo que incluye “definir mejor de dónde vienen las armas que se utilizan para cometer delitos, quién las posee y cómo circulan”.

Un segundo elemento, publicado en un documento del Ministerio de Interior, es el de “actualizar regulaciones, incorporar estándares internacionales y cerrar vacíos normativos que hoy pueden ser aprovechados por actores criminales”.
El tercer punto del plan es el de mejorar la coordinación institucional, lo que implica “garantizar que la información circule de manera rápida y segura entre los organismos competentes para aumentar la capacidad preventiva y de investigación del Estado”.
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En resumen, para el Ministerio del Interior el plan implica que haya un Estado “más moderno, más inteligente y más eficaz para controlar las armas de fuego”.
Los puntos de la estrategia:
El Ministerio del Interior aplicará esta estrategia a través de un decreto que envió el ministro del Interior, Carlos Negro, al presidente de la República. Estos son alguno de los puntos del plan:
- Prohíbe la importación, fabricación, ensamblaje, adquisición y utilización de armas y componentes producidos mediante tecnologías digitales, incluidas las armas fabricadas por impresión 3D.
- Mantiene el límite general de ocho armas por usuario, pero establece un máximo de cuatro armas cortas o de puño y de dos pistolas, considerando su mayor riesgo de desvío hacia mercados ilícitos y su utilización en actividades delictivas.
- Establece límites de adquisición de municiones
- Habilita la compraventa de municiones entre particulares en circunstancias excepcionales y bajo condiciones reguladas.
- Exige que todas las armas de fuego importadas cuenten con marcaje conforme a estándares internacionales de identificación y trazabilidad.
- Prohíbe la importación de armas cuyo marcaje haya sido realizado exclusivamente mediante láser cuando ello comprometa su adecuada trazabilidad.
- Regula de forma integral la adquisición, tenencia, comercialización, almacenamiento, control y recarga de municiones, pólvora y fulminantes, incorporando requisitos de registro, obligaciones de trazabilidad, límites de almacenamiento y un régimen específico de sanciones.
Siete niños y adolescentes asesinados a balazos en el primer semestre
Durante el primer semestre del año se registraron siete asesinatos de niños y adolescentes que murieron por crímenes cometidos con armas de fuego. La incidencia de las muertes se concentra en los adolescentes, pero también se reportaron casos en las tres franjas etarias determinadas por esta cartera, informó el diario El País.
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Los siete asesinatos con armas de fuego en menores de edad son la misma cantidad de los que hubo en 2021 y similar a los registrados en 2022 (cuando hubo ocho, uno más) y en 2016 (nueve). Supone también la mitad de los asesinatos con balaceras de todo el año pasado (13). Los cirujanos pediátricos quedan impactados con las balaceras sobre menores.
El presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica, Carlos Kirszenbaum, declaró a El País que la balacera genera una “repercusión importantísima” para la salud. “La bala es un cambio de vida en un segundo de ese niño”, comentó el profesional, en referencia a que el impacto genera una “distorsión completa” entre el paciente y su familia.
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