
Lo que ocurrió ese 30 de mayo de 2024 en el barrio Maracaná, en la periferia de Montevideo, fue una “verdadera masacre”. Esas fueron las palabras que utilizó la fiscal del caso, Andrea Mastroianni, para describir el accionar de un grupo delictivo que disparó unas 150 veces al lugar en el que funcionaba una boca de venta de droga. Cuatro personas –incluida un niño de once años– murieron en la escena. Un adolescente de 17 años fue el único sobreviviente.
Ahora, dos años después, la fiscal intentará probar en un juicio la culpabilidad de los acusados y pidió que sean condenados con la pena máxima que existe en el Código Penal uruguayo: 30 años de prisión y 15 más de medidas de seguridad eliminativas, informó el diario uruguayo El País en base a la acusación de la fiscal.
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La teoría del caso indica que los tres imputados tiraron más de 150 veces a una vivienda en la que estaban las cinco víctimas.
Hay al menos cinco personas que intervinieron en el caso. Moski y Bebito –dos de ellos– fueron condenados semanas atrás por asociación para delinquir por ayudar a planear el crimen. Los dos aceptaron su responsabilidad en los hechos y firmaron acuerdos abreviados. La Fiscalía llevará a juicio a otros tres hombres, acusados de ser los autores materiales de lo que sucedió aquel día: José Ezequiel González, Anderson Vidal y otro hombre.
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Los nombres de los primeros dos autores habían sido divulgados por el Ministerio del Interior a finales de marzo. En esa fecha, los los homicidas se habían entregado y fueron imputados. Uno de ellos admite plenamente su participación en los hechos, pero el otro lo negó originalmente. También dice que no conoce a uno de los indagados en la causa, pero en registros oficiales quedó reflejado que lo fue a visitar a la cárcel.
La demanda, consignada por El País, esgrimen que hay tres razones que pusieron haber motivado este ataque.
Una primera razón indica que las víctimas tenían en su vivienda una boca de venta de drogas y que se encontraban en conflicto con el grupo homicida. Los imputados trabajaban para Gordo Nico, que tenía su centro de operaciones a 500 metros del ataque, de acuerdo a la acusación. Este hombre está preso por delitos de narcotráfico. Un testigo afirmó que los fallecidos habían intentado asesinarlo porque él solía pegarles.
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El segundo motivo es que uno de los imputado estaba siendo perseguido por la Policía y quiso buscar refugio en la casa de las víctimas, pero el adolescente sobreviviente se lo negó y se generó una fuerte discusión.
La tercera versión asegura que uno de los imputados se había peleado a golpes de puño con integrantes del grupo de las víctimas.
La masacre fue coordinada minutos antes por WhatsApp y, luego de cometer el crimen, se escuchó a uno de ellos decir: “Ya está, lo matamos a todos”. Eso fue lo que escuchó un vecino, que luego sería un testigo de la investigación.
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Según la versión de la Fiscalía, los atacantes habían salido de la casa de Gordo Nico y caminaron los 500 metros que los separaban de la vivienda de las víctimas. Allí se pararon frente a ella y atacaron. Cuando terminaron, testigos los escucharon diciendo esa frase.
La fiscal consideró que es claro que “la ideación del plan de ir a dar muerte a las víctimas surge de comunicaciones mantenidas” entre dos de los involucrados, que eran hermanos (Bebito y González).
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“Idearon cómo cometer los homicidios, las armas que iban a llevar, qué personas iban a concurrir, que iban a llevar guantes, que no iban a llevar huellas. Hablaron sobre qué hacer si las cosas no resultaban como ellos pretendían”, enumeró la fiscal.
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