El gobierno de Kast denunció graves fallas en el Censo realizado bajo la administración de Boric

Le llueve sobre mojado a Nicolás Grau, exministro de Economía de la administración de Gabriel Boric, quien por estos días enfrenta una Acusación Constitucional (AC), o juicio político, llevado adelante por el oficialismo por presuntas irregularidades graves y “errores financieros” en la conducción económica del país.

La semana pasada, un reporte de la Contraloría General de la República (CGR) arrojó que 16 personas con antecedentes penales y 14 extranjeros sin permiso de trabajo fueron contratados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para trabajar en el Censo que se llevó a cabo en 2024, asunto por el cual el gobierno perseguirá “responsabilidades políticas”, tal como lo afirmó el actual biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

“El diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”, señaló Mas.

Este domingo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, corroboró sus palabras y en conversación con el programa político “Mesa Central”, aseguró que el problema es aún más grave, puesto además de las personas contratadas “hay un problema con el Censo 2024 de $480 millones de pesos (USD 540 mil) que no están correctamente bien rendidos”.

“Lo más insólito es que el día 1° de mayo, feriado renunciable, hay $134 millones de pesos (USD 150 mil) que se rindieron como gasto de transporte cuando nadie salió a censar ese día”, complementó.

De acuerdo a la autoridad, “todo lo que pasó en el censo es grave. En ese sentido a mí me parece que las autoridades del gobierno anterior en esta materia tienen que dar una explicación (...) Cuando nuestro sector político tuvo problemas en algún minuto con el Censo, ahí pidieron todas las responsabilidades políticas. Ahora tiene que pasar lo mismo”, sentenció Pavez.

La respuesta

Dichas acusaciones fueron refutadas por el Comité Técnico Asesor del Censo 2024, quienes mediante una carta publicada por el diario El Mercurio afirmaron que, “a nuestro juicio, el Censo 2024 fue un proceso exitoso, desarrollado con profesionalismo por parte de su equipo directivo y técnico, y que ha entregado información de enorme relevancia para el diseño de políticas públicas en materias como dinámica demográfica, natalidad, migración, envejecimiento y desarrollo territorial”.

En la misiva, Máximo Aguilera, David Bravo, Andrés Hernando, Pamela Jervis, Ignacio Irarrázaval y Osvaldo Larrañaga, señalaron que “para llevar adelante esta tarea el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a alrededor de 38.000 censistas. Los 16 casos cuestionados por contar con antecedentes penales y los 14 casos con una situación migratoria irregular representan menos de 0,1% del total de personas contratadas, proporción que debe ser considerada al momento de evaluar la magnitud de las observaciones realizadas”.

“Evidentemente, cualquier irregularidad que se compruebe debe ser debidamente investigada y sancionada”, apuntaron.

Finalmente, los integrantes del equipo asesor subrayaron que “el Censo 2024 fue un proceso exitoso, cuya evaluación no puede ponerse en cuestión por los antecedentes recién conocidos”.