Un apagón de dos horas en el Trópico de Cochabamba desató este jueves una nueva jornada de tensión en Bolivia, con el refuerzo de los bloqueos de carreteras por parte de seguidores del expresidente Evo Morales, quienes interpretaron el corte de luz como señal de un operativo policial para capturarlo. El Gobierno descartó cualquier intervención y atribuyó el incidente a la caída de un poste de alta tensión.
El corte eléctrico ocurrió la noche del miércoles y afectó a cinco municipios del Trópico de Cochabamba, la principal zona productora de hoja de coca del país y bastión sindical y político de Morales desde que el expresidente se refugió allí en octubre de 2024 para eludir una orden de captura judicial. La reacción fue inmediata: organizaciones campesinas convocaron a movilizarse, grupos de campesinos cercaron un cuartel policial para impedir una eventual salida de agentes, y al amanecer del jueves los bloqueos en las carreteras de la zona se habían intensificado.
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En un acto celebrado en Chimoré, la dirigente campesina Jesusa Yampara declaró ante la radio cocalera Kawsachun Coca que el supuesto plan para detener a Morales “ha fracasado” y que los bloqueos continuarán “indefinidamente”. “Nos han querido amedrentar”, afirmó Yampara, quien anunció además la organización de vigilias en defensa del ex mandatario.
La empresa estatal de electricidad ENDE explicó que el apagón fue provocado por la caída de un poste de alta tensión, aunque precisó que investiga las causas exactas. El comandante policial del Trópico, Freddy Vargas, reconoció que el corte generó “una zozobra” en la población por la “susceptibilidad” ante una posible intervención policial, “lo cual no fue cierto”. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, fue más directo: señaló que “ciertamente hay una paranoia” en la zona y calificó la respuesta de los manifestantes como desproporcionada.
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Contra Morales pesan dos órdenes de detención, la más reciente emitida el 11 de mayo por un tribunal de la ciudad sureña de Tarija, luego de que el exmandatario no compareciera al inicio del juicio oral por presunta trata agravada de personas. La causa está vinculada a su supuesta relación con una menor de edad con quien, según la Fiscalía, tuvo una hija en 2016 durante su presidencia. El proceso quedó suspendido hasta que Morales se presente voluntariamente o la Policía ejecute la orden de captura. La Fiscalía solicita una condena de hasta 20 años de prisión.
El ex gobernante permanece en el Trópico desde octubre de 2024, custodiado por centenares de seguidores que han convertido la zona en un perímetro de protección informal. Desde allí impulsa también las protestas que desde principios de mayo exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien llegó al poder hace seis meses. La crisis acumulada dejó ya al menos cuatro muertos por dificultades de acceso a atención médica, pérdidas económicas que según la Cámara Nacional de Industrias superan los 600 millones de dólares, y grave desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en La Paz y otras ciudades.
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La doble condición del ex mandatario —prófugo de la justicia y actor político central de la crisis— convierte cada rumor sobre su posible captura en detonante de movilización inmediata. Un corte eléctrico por causas técnicas bastó este jueves para recrudecer los bloqueos y subrayar que Bolivia transita su peor crisis política y social desde los años ochenta con el principal foco de inestabilidad instalado en la selva del Chapare, fuera del alcance de la justicia.
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