El juicio por trata de personas contra Evo Morales revive una serie de escándalos que sacudieron al gobierno del ex presidente de Bolivia

Este lunes inicia el juicio oral contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), por un caso que lo acusa de trata agravada de personas. La causa, que gira en torno a la presunta vinculación con una adolescente durante su presidencia y a supuestos beneficios otorgados a la familia de la menor, llega tras meses de disputas legales y acusaciones de persecución política por parte del líder cocalero.

La defensa del ex jefe de Estado anunció que no se presentará a declarar porque considera que el juicio es “ilegal”. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente”, afirmó el abogado Nelson Cox.

La causa investiga la presunta vinculación del ex presidente con una adolescente con la que habría tenido una hija en el año 2016 y a cuya familia habría beneficiado con cargos políticos durante su gestión. Desde que se impulsó la investigación, en septiembre de 2024, la víctima habló con algunos medios internacionales y afirmó estar radicada en Argentina, junto a su hija, para evitar lo que considera un acto de “persecución” contra su familia.

Morales fue convocado a declarar en dos oportunidades —en octubre de 2024 y enero de 2025—, pero no se presentó porque consideraba que no había garantías. Tras su segunda ausencia, el juez Nelson Rocabado de la ciudad de Tarija, donde se desarrolla el proceso, lo declaró en rebeldía y dictó su arraigo, aprehensión y la anotación preventiva de sus bienes.

Acorralado por la Justicia, Morales permanece atrincherado en su bastión cocalero de Cochabamba, al centro del país, desde septiembre de 2024, donde sus seguidores lo custodian, día y noche, para evitar su captura.

El caso llega a esta etapa luego de varios meses de investigación y disputas legales. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, informó que se habían recolectado más de 170 pruebas en contra del ex mandatario y que la notificación para el inicio del juicio debió hacerse mediante edictos de prensa.

La apertura del proceso también reaviva una serie de controversias que acompañaron la trayectoria política de Morales y que estuvieron relacionadas con mujeres jóvenes y denuncias relacionadas con su paternidad.

En 1997 y en 2002, Morales fue obligado a reconocer la paternidad de dos hijos —Álvaro Morales Peredo y Evaliz Morales Alvarado— en medio de denuncias de precariedad y falta de pago de manutención familiar. A pesar del reconocimiento tardío, cuando los menores tenían 12 y 8 años respectivamente, el vínculo familiar parece haberse consolidado.

Años más tarde y ya en el poder, se conoció públicamente que tenía una relación con Gabriela Zapata, una mujer que en ese momento era gerente de una empresa china que se adjudicaba contratos millonarios del Estado. El caso generó gran controversia debido a la contradictoria situación de un hijo que habrían tenido juntos. Inicialmente el presidente y su entorno confirmaron su existencia, pero luego dijeron que había fallecido al poco tiempo de nacer y que el exmandatario nunca lo conoció.

En 2020, tras la caída de su gobierno, comenzaron a circular fotografías de Morales junto a una joven con la que presuntamente habría mantenido una relación cuando ella aún era adolescente y él ejercía la presidencia. Las imágenes y conversaciones filtradas apuntan a un vínculo sentimental entre ambos, separados por una diferencia de edad de 41 años.

Las relaciones con menores —que el Código Penal boliviano todavía reconoce como “estupro” y sanciona con penas de dos a seis años— fueron “un secreto a voces”, según admitió el expresidente Luis Arce (2020-2025), quien fue ministro de Economía de Morales durante prácticamente todo su mandato.

Ni el expresidente ni su entorno han negado estas relaciones, pero las han rechazado sistemáticamente al sostener que son parte de una estrategia para inhabilitarlo políticamente. Tras darse a conocer la citación para el juicio oral, Morales denunció ser víctima de una “brutal persecución judicial” y pidió una justicia “imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político”. “No busco la impunidad”, escribió en X.

Más allá del desenlace judicial, este caso vuelve a abrir el debate sobre las zonas grises del poder político y los silencios cómplices que durante años rodearon las denuncias contra el expresidente.