Ecuador formalizará esta semana, la recepción definitiva de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país con fisuras y riesgos ambientales, construida por la empresa china Sinohydro y considerada estratégica para el sistema eléctrico nacional. La entrega se concreta casi una década después de su inauguración, tras un prolongado conflicto técnico y legal marcado por fallas estructurales, disputas contractuales y riesgos ambientales que siguen abiertos.
El cierre del proceso se da luego de un arbitraje internacional que terminó con un acuerdo entre el Estado ecuatoriano y la compañía china. Como parte del laudo, Ecuador recibirá una compensación de USD 400 millones: divididos entre pagos en efectivo y ejecución de proyectos. Mientras que la operación y mantenimiento de la central quedarán en manos de PowerChina, matriz de Sinohydro, durante los próximos 25 años. El Estado mantiene la propiedad del activo, pero delega su gestión en la misma estructura empresarial que participó en su construcción.
Coca Codo Sinclair, ubicada entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, tiene una capacidad instalada de 1.500 megavatios y genera entre el 25% y el 30% de la electricidad del país. Su peso dentro de la matriz energética convierte cualquier decisión sobre su operación en un asunto de seguridad nacional. Sin embargo, desde pocos años después de su entrada en funcionamiento, la central acumuló cuestionamientos técnicos que impidieron su recepción definitiva.
El principal problema identificado ha sido la presencia de fisuras en componentes clave del sistema. En 2018 se reportaron más de 7.600 grietas en los distribuidores, estructuras fundamentales para canalizar el agua hacia las turbinas. Con el paso de los años, informes técnicos y auditorías elevaron esa cifra a más de 17.000 fisuras, lo que encendió alertas sobre la calidad de los materiales, los procesos de soldadura y posibles errores de diseño. Estas fallas han limitado la operación óptima de la central, obligando a intervenciones constantes y reduciendo su eficiencia.
El acuerdo alcanzado en 2026 establece que PowerChina asumirá la reparación de estos defectos, así como el mantenimiento integral de la infraestructura. No obstante, el modelo genera cuestionamientos debido a que el mismo grupo empresarial que construyó la obra será ahora responsable de corregir sus fallas.
A los problemas estructurales se suma un riesgo de mayor escala: la erosión regresiva del río Coca, un fenómeno que ha transformado el entorno natural de la zona desde la entrada en operación de la hidroeléctrica. Este proceso, que implica el retroceso del cauce del río aguas arriba, se ha acelerado en los últimos años y ha provocado la desaparición de la cascada San Rafael, uno de los íconos naturales del país, además de afectar infraestructura estratégica como oleoductos.
Especialistas han vinculado la intensificación de la erosión con alteraciones en el régimen hidrológico del río, particularmente por la reducción del transporte de sedimentos aguas abajo debido a la operación de la central. La erosión ha avanzado progresivamente hacia la zona de captación de Coca Codo Sinclair, lo que representa un riesgo directo para la estabilidad de la obra. Como respuesta, el Estado ha impulsado la construcción de diques de contención y mantiene un monitoreo técnico constante, aunque no existe consenso sobre la capacidad de estas medidas para frenar el fenómeno a largo plazo.
El caso de Coca Codo Sinclair se ha convertido en un símbolo de las tensiones asociadas a los proyectos de infraestructura financiados por China en América Latina. La central fue construida con créditos del Exim Bank de China durante el gobierno de Rafael Correa y ha estado en el centro de investigaciones por presuntos actos de corrupción vinculados a su contratación. Además, su desempeño técnico ha sido observado por organismos internacionales como un ejemplo de los riesgos que pueden implicar este tipo de inversiones cuando existen deficiencias en la supervisión y control.
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