El 95% de los trabajadores cubanos desconfía de las instituciones de seguridad laboral de la isla

“Más del 95% de los trabajadores cubanos afirma no confiar en las instituciones responsables de su seguridad laboral”, reveló un informe presentado por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), que denunció condiciones críticas en materia de seguridad y salud en el trabajo en la isla.

El estudio, titulado “Seguridad y Salud en el Trabajo en Cuba”, expone deficiencias estructurales y vulneraciones de derechos que afectan a la clase trabajadora.

Basado en las percepciones de 444 trabajadores —principalmente del sector no estatal y por cuenta propia—, el escrito destaca que el 83% de los encuestados percibe un aumento preocupante en los accidentes laborales durante los traslados hacia o desde sus lugares de trabajo.

Entre las causas señaladas figuran “malas condiciones de las vías, vehículos en mal estado, ausencia de señalización y agotamiento derivado de extensas jornadas laborales”, según detalla la encuesta a la que tuvo acceso Infobae.

La falta de confianza en las instituciones gubernamentales responsables de garantizar la seguridad, brindar asistencia legal y ofrecer protección efectiva frente a accidentes de trabajo es una constante en los resultados, lo que pone en entredicho la capacidad del Estado para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores.

El estudio también reveló que más del 80% de los encuestados carece de formación en materia de seguridad y salud en el trabajo. La mayoría no dispone de equipos de protección adecuados ni capacitación para utilizarlos, lo que genera entornos laborales inseguros y con alto riesgo de accidentes y enfermedades profesionales.

Esta carencia de formación y recursos se traduce en una mayor vulnerabilidad para los trabajadores, especialmente en sectores informales y por cuenta propia, destacó el reporte.

La Asociación Sindical Independiente de Cuba documentó además la persistencia de prácticas de trabajo infantil en los programas de “Escuelas en el Campo”.

Según el informe, “niñas y niños son expuestos a riesgos físicos y psicosociales, sometidos además a presiones sociales y políticas que normalizan esta forma de explotación”. Esta situación evidencia la falta de mecanismos efectivos para erradicar el trabajo infantil y proteger a los menores en el ámbito laboral.

Otro dato relevante es que el 57% de los trabajadores encuestados no se encuentra sindicalizado, lo que limita seriamente la capacidad de defensa colectiva y reduce sus posibilidades de acceder a condiciones laborales dignas y seguras.

La ausencia de afiliación sindical debilita la representación de los trabajadores y dificulta la negociación de mejoras en materia de seguridad y salud, según el documento.

Iván Hernández, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, afirmó que “el informe pone en evidencia la urgente necesidad de implementar una política nacional integral de seguridad y salud laboral que garantice formación, dotación adecuada, inspección efectiva y participación real de los trabajadores”.

Hernández añadió que “la situación en Cuba está agravada por obstáculos políticos y falta de transparencia que dificultan la protección de los derechos fundamentales de la clase trabajadora”.

El documento presentado por la ASIC planteó un conjunto de recomendaciones dirigidas al Estado cubano. Entre ellas, destacan la adopción de un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo con metas y presupuesto definidos, el fortalecimiento del sistema de inspección laboral, la garantía de libertad sindical y de una negociación colectiva auténtica, así como la implementación de un plan urgente para mejorar la seguridad vial vinculada al ámbito laboral.

La Asociación Sindical Independiente de Cuba reclamó también el acompañamiento y la presión de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El objetivo es garantizar que los compromisos internacionales en materia de derechos laborales y salud ocupacional se traduzcan en medidas concretas y verificables en Cuba.

El informe de la ASIC subrayó la urgencia de una respuesta institucional y la necesidad de que la comunidad internacional supervise el cumplimiento de los estándares laborales y de salud en el país.