
Una candidata a senadora en Bolivia presentó su renuncia luego de que se difundiera que su padre fue condenado por narcotráfico y actualmente cumple condena por ese delito en Estados Unidos. El caso abrió el debate sobre el origen de los fondos para el financiamiento de las campañas políticas.
Se trata de María Karla Beatriz Robledo Guardia, una abogada que es parte del equipo jurídico que asiste al ex líder cívico Luis Fernando Camacho, quien buscaba una senaduría por el departamento de Santa Cruz bajo la alianza Unidad, que lidera el empresario Samuel Doria Medina y que está integrada por la agrupación de Camacho.
Tras revelarse el vínculo entre la candidata y el condenado por narcotráfico surgieron algunos pedidos para investigar el origen de los fondos de los partidos políticos en periodos electorales. Sin embargo, el monitoreo y fiscalización de los recursos de los frentes ya están contempladas en la normativa boliviana y es una atribución del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según la Ley de Organizaciones Políticas, el TSE recibe periódicamente informes sobre el patrimonio, origen y manejo de los recursos económicos de los frentes políticos.

El vocal electoral Gustavo Ávila explicó que si alguna organización no cumple con los estándares establecidos en la ley pueden perder la personería jurídica. Sin embargo, apuntó que es un proceso burocrático que debe ser demostrado. “(La sanción se da) si se llega a comprobar que los aportes externos no han sido regulares o reportados, pero primero tiene que haber un proceso”, explicó en diálogo con Infobae.
Sobre el tema, el empresario Doria Medina manifestó que desconocía la situación jurídica del padre de la candidata y dijo que ésta fue propuesta en las listas por la alianza de Camacho. “Yo la he conocido ya cuando proponen que sea candidata, no la conocía antes”, manifestó el empresario en entrevista con Radio Activa. Consultado sobre sus credenciales para disputar el curul, manifestó que se trataba de “una abogada joven que ha destacado en materia profesional”.
La denuncia sobre el padre de la ex candidata surgió en el frente del principal adversario político de Doria Medina, el ex presidente y postulante a la Presidencia, Jorge Quiroga (2001-2002), en un acto que los allegados al empresario califican de “guerra sucia”.
El vocero de la alianza de Quiroga, Tomás Monasterio pidió explicaciones públicamente sobre este caso: “Queremos exhortar a Samuel Doria Medina que explique a los bolivianos si su campaña no está siendo financiada por el narcotráfico, si el gasto millonario en vallas y publicidad no está financiado por delincuentes”, manifestó en una rueda de prensa.

Tras hacerse público el parentesco entre la candidata y Carlos Arturo Robledo Añez, condenado en Estados Unidos desde junio de 2022, Robledo Guardia presentó su carta de renuncia a la postulación alegando “motivos estrictamente personales”.
Voceros de la alianza Creemos defendieron a su ex candidata, manifestaron que los delitos son personales y lamentaron que su carrera política se vea interrumpida por lo que consideran una “bajeza” del frente de Quiroga. “Samuel no tiene que dar ninguna de explicación”, manifestó ante los medios el asambleísta Zvonko Matkovic.
Las elecciones generales en Bolivia están convocadas para el 17 de agosto. Según los sondeos de preferencia electoral, Doria Medina lidera la intención de voto con dos puntos porcentuales sobre Quiroga por lo que de mantenerse esa tendencia, podría haber segunda vuelta entre ambos postulantes.
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