La Fiscalía de Bolivia elabora una orden de aprehensión contra el ex ministro de Justicia

César Siles renunció la semana pasada, poco antes de que se difundiera un audio que se le atribuye en el que ofrece protección a un juez para suspender a una magistrada de la Suprema

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El ex ministro de Justicia
El ex ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, implicado en una investigación sobre un consorcio de jueces para controlar instituciones judiciales. (Foto: Opinión)

El fiscal general Bolivia, Róger Mariaca, informó este miércoles que la comisión de fiscales que investiga un presunto consorcio judicial determinó elaborar una orden de aprehensión contra el ex ministro de Justicia, César Siles.

El caso se destapó la semana pasada luego de la filtración de un audio atribuido a Siles -que el calificó como “manipulado”- en el que presuntamente ofrece protección a un juez de la localidad de Coroico, en La Paz, para emitir una resolución de destitución de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Días antes de que saliera a la luz, Siles había presentado su renuncia al gabinete de Luis Arce alegando que existían “rumores y acusaciones” en su contra, que consideró carentes de fundamento, y que podrían convertirse en un “pretexto” para quienes “pretenden desestabilizar el país, afectar la gestión gubernamental o evitar las elecciones generales”.

Consultado por los periodistas locales sobre el caso, el fiscal Mariaca indicó que la comisión de fiscales que lleva adelante la investigación determinó emitir un mandamiento de captura contra Siles y explicó que la declaración del juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, dio “más luces” sobre la presunta red de corrupción judicial. “Es importante que se sepa que no solo es el audio, sino también ahora la declaración ampliatoria que ha realizado el juez Lea Plaza”, manifestó Mariaca en conferencia de prensa.

Fanny Coaquira (izq), la magistrada
Fanny Coaquira (izq), la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia que iba a ser destituida por un fallo de un juez de La Paz. Foto: AJN

En su testimonio, Lea Plaza reveló haber sido presionado por autoridades judiciales y del Ejecutivo para suspender a la magistrada Fanny Coaquira, electa por voto popular en diciembre pasado, y beneficiar a su suplente. La acción surgió por la denuncia de un ciudadano que observó la legalidad de los certificados presentados por la magistrada a la Asamblea Legislativa cuando postuló al cargo.

Los implicados en el caso son el magistrado suplente de Coaquira, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el ex ministro de Justicia, una vocal que presuntamente redactó los argumentos de destitución de Coaquira y el abogado que patrocinó la acción legal.

Los delitos por los que se investiga a los implicados en el caso incluyen tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio de Justicia y falsificación de sellos y documentos oficiales. El caso fue declarado en reserva.

Foto: TSJ
Foto: TSJ

Cambio en el ministerio de Justicia

Siles asumió como ministro de Justicia en septiembre de 2024, en sustitución de Iván Lima, quien ejerció el cargo durante más de tres años. Antes de ocupar el ministerio, Siles fue Procurador General del Estado. Poco antes de su renuncia, Siles denunció ante la Justicia al ex presidente Evo Morales por el delito de terrorismo en medio de los bloqueos de carreteras que sus seguidores realizaron durante 15 días para forzar su candidatura en las elecciones generales de agosto.

Su salida del gabinete fue aceptada en términos respetuosos por el Ejecutivo, tal como lo confirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. La funcionaria señaló que el presidente Arce conversó con Siles y que se acogió su decisión.

Tras su dimisión, el presidente posesionó el lunes a Jessica Paola Saravia como nueva Ministra de Justicia y Transparencia Institucional, sin hacer referencia al supuesto consorcio judicial ni a su ex ministro. Ante las crecientes preocupaciones sobre la manipulación política de la Justicia, el primer mandatario aseguró en su discurso que su Gobierno mantendrá una relación de “respeto” con las todas instituciones judiciales.