Amnistía Internacional (AI) advirtió en su informe anual 2025 que la situación de los derechos humanos en América Latina experimentó un deterioro alarmante durante 2024, con casos críticos en Haití, Nicaragua, Venezuela, México, Colombia, El Salvador y Cuba. Según el informe, la región atraviesa “una regresión peligrosa” caracterizada por la represión del disenso, la criminalización de la protesta, la impunidad por crímenes graves y la desprotección de las poblaciones más vulnerables.
La organización instó a los Estados latinoamericanos a cumplir sus obligaciones internacionales, garantizar justicia y proteger a los defensores de derechos humanos para frenar las violaciones estructurales que afectan a millones de personas.
Haití: violencia armada y colapso estatal
En Haití, Amnistía Internacional documentó un escenario de violencia extrema durante 2024, con el país bajo control de grupos armados que actuaron con impunidad frente al colapso de las instituciones estatales. Se registraron desplazamientos forzados, secuestros masivos y una grave crisis alimentaria.
El informe indicó que más del 50 % de la población enfrentó inseguridad alimentaria severa y que varias zonas del país sufrieron hambruna. AI calificó como “lamentablemente insuficiente” la respuesta internacional a la crisis humanitaria.
Nicaragua: represión sistemática y exilio forzado
El informe señala que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantuvo en 2024 una estrategia de represión sistemática contra toda forma de disidencia. Se aprobaron nuevas leyes que permiten la disolución de partidos políticos, ONG y medios independientes bajo acusaciones de “extremismo” o “terrorismo”.
Activistas, periodistas y líderes opositores fueron arrestados sin debido proceso, mientras se registraron desapariciones forzadas, torturas y el exilio de centenares de nicaragüenses por temor a represalias.
Venezuela: impunidad generalizada
En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro utilizó en 2024 detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales para silenciar a la oposición política y social, según el informe.
Amnistía Internacional también denunció la impunidad generalizada por crímenes de lesa humanidad cometidos en años anteriores, la criminalización de ONG y defensores de derechos humanos, así como la falta de independencia judicial. La crisis humanitaria se profundizó, provocando la salida de millones de venezolanos.
México: violencia estructural e impunidad
México continuó siendo uno de los países más peligrosos para defensores de derechos humanos y periodistas, documentó AI. Durante 2024, se reportaron ejecuciones extrajudiciales por fuerzas armadas, desapariciones forzadas y colaboración entre autoridades y crimen organizado.
La violencia de género siguió en aumento: diez mujeres fueron asesinadas cada día, la mayoría de los casos sin investigación adecuada. Organizaciones feministas denunciaron el abandono institucional ante los feminicidios y la revictimización de las familias.
Colombia: recrudecimiento de la violencia
En Colombia, la reactivación de grupos armados ilegales y la falta de implementación efectiva del Acuerdo de Paz generaron un clima de violencia persistente, según Amnistía.
Más de 200 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2024, especialmente en zonas rurales. AI también documentó el aumento del reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento interno, ante la ausencia de medidas estatales efectivas de protección y justicia.
El Salvador: regresión acelerada de derechos civiles
El régimen de excepción impuesto en El Salvador desde 2022 provocó una regresión acelerada de derechos civiles, afirmó el informe. En 2024, más de 75.000 personas fueron detenidas bajo sospecha de pertenecer a pandillas, muchas veces sin evidencia ni debido proceso.
AI reportó torturas, muertes bajo custodia, condiciones infrahumanas en cárceles y detenciones arbitrarias de personas inocentes, incluidos menores de edad. Además, señaló que el sistema judicial opera bajo presión política.
Cuba: censura y criminalización de la protesta
En Cuba, el régimen mantuvo en 2024 un control absoluto sobre la disidencia, indicó Amnistía Internacional. Se utilizaron detenciones arbitrarias, juicios sin garantías y cargos penales ambiguos como “desórdenes públicos” o “sedición” para encarcelar a opositores.
AI también documentó la vigilancia digital, las restricciones al acceso a internet y los bloqueos a medios independientes como parte de una política sistemática de criminalización del disenso.
(Con información de EFE)
Últimas Noticias
De la escasez a la incertidumbre: claves para entender el nuevo capítulo del conflicto por el combustible en Bolivia
Tras más de dos años de irregularidades en el suministro, los bolivianos ahora enfrentan dudas sobre la calidad del producto, luego de que se registraran daños mecánicos atribuidos a gasolina contaminada
Uruguay presentó su plan de seguridad para la próxima década: nuevo rol de las Fuerzas Armadas y mayores penas al porte de armas
El gobierno de Yamandú Orsi anunció su prometido programa para los próximos 10 años; se apuesta apuesta a reducir la cantidad de personas que vive en la calle
La Fuerza Armada de El Salvador participa en visita oficial al USS Nimitz durante ejercicios Southern Seas 2026
La presencia de funcionarios salvadoreños en el portaaviones estadounidense se enmarca en la consolidación de alianzas marítimas y la promoción de operaciones conjuntas multinacionales en Sudamérica, como parte del evento liderado por el Comando Sur estadounidense
Manzanillo Power Land: la central que cambia el mapa energético de República Dominicana
Con la puesta en marcha de Manzanillo Power Land, el desarrollo energético toma impulso en el noroeste. Un megaproyecto redefine los equilibrios eléctricos y abre una etapa de oportunidades para la región
La alianza entre Honduras y Japón impulsa transformación del abastecimiento de agua en la capital
El convenio permitirá implementar nuevas redes de distribución, renovación de estaciones de bombeo y actualización tecnológica para mitigar racionamientos y beneficiar a comunidades históricamente afectadas por la carencia de servicios básicos
