El Congreso chileno rechazó una ley que buscaba prohibir el nepotismo

En entredicho quedó la Cámara de Diputadas y Diputados chilena tras rechazar un proyecto de ley “anti nepotismo”, el que pretendía prohibir el ingreso a la administración pública de familiares de autoridades en ejercicio.

La iniciativa necesitaba de al menos 77 votos, pero logró solo 64 a favor, 23 en contra y 36 abstenciones, por lo que fue archivada definitivamente.

El proyecto de ley establecía un veto para cargos en el Estado a aquellos quienes “tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad cuando no cuenten con la idoneidad profesional acreditada para el cargo” del Presidente de la República hacia abajo, es decir, senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales, gobernadores, delegados presidenciales, ministros y subsecretarios.

Sin embargo, excluía a aquellos que postularan a cargos público mediante el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), regulado por la Ley 19.882.

El debate se entrampó justamente en el punto de la “idoneidad profesional acreditada para el cargo” -asunto difícil de establecer-, y la votación no estuvo exenta de controversia, pues varios parlamentarios oficialistas como Lorena Fries (FA), y los comunistas Luis Cuello y Boris Barrera, rechazaron el proyecto junto a la oposición.

Así las cosas, mientras algunos recordaron que “la administración pública está empañada por la mala gestión debido a contrataciones sin competencia”, y propusieron un “perfil de cargos” a fin de certificar las competencias del postulante, otros arguyeron que “es dificultoso determinar cómo se acreditará la idoneidad o hasta qué cargos aplicará”, y tildaron la propuesta como “discriminatoria y abusiva”, apuntando a una posible afectación de los derechos laborales de las personas, sean parientes de alguien o no.

Cabe destacar que a solo diez días de asumir el cargo, el presidente Gabriel Boric firmó un instructivo que extendía las inhabilidades para contratar en el aparato público a familiares.

“No podrán contratarse a los familiares del Presidente de la República que sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad”, rezaba el documento, en un guiño a Andrés Chadwick Piñera, primo hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera quien se desempeñó como ministro del Interior y Seguridad Pública durante sus dos gobiernos.

Sin embargo, el tiro casi le sale por la culata, pues meses después un reportaje del sitio de investigación Ciper reveló que la empresa estatal Enami había contratado a la geóloga Isabel Santibáñez Boric, prima hermana del mandatario, para trabajar en el área del litio.

Desde el ejecutivo salieron de inmediato a poner paños fríos y recordaron que la profesional en cuestión había sido contratada en un cargo técnico y no en uno de confianza del presidente, por lo que no había inhabilidad alguna, razonamiento que fue refrendado por la misma empresa desde donde destacaron, precisamente, su ideoneidad para el cargo.

Algo parecido le ocurrió al exmandatario Sebastián Piñera en abril de 2018, cuando designó a su hermano, Pablo Piñera como embajador en Argentina y fue denunciado por la oposición ante la Contraloría.

Mediante un comunicado, Piñera trató de explicar la designación arguyendo que “no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular” a la vez que enumeró una larga lista de cargos públicos ocupados por su familiar previamente.

Sin embargo, finalmente tuvo que dar marcha atrás y desistir de su designación.