El asalto a los tres poderes de Brasil, el 8 de enero de 2023, dejó más de 370 condenados, más de 60 fugitivos con pedidos de extradición y al ex presidente Jair Bolsonaro investigado por incitar la asonada que sacudió la democracia del gigante sudamericano.
De las más de 1.600 denuncias ofrecidas por la Fiscalía, el Supremo ha condenado hasta el momento a 371 personas involucradas en la violenta invasión de las sedes de la Presidencia, el Congreso y el propio Supremo, en Brasilia.
Ese día, los tres poderes de la Nación sufrieron graves daños por parte de miles de bolsonaristas radicales en su intento por promover una intervención militar para derrocar el Gobierno recién investido de Luiz Inácio Lula da Silva.
Más de la mitad de los condenados (60%) recibieron penas de cárcel de entre 3 y 17 años por delitos graves, como tentativa de abolición del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada y deterioro del patrimonio.
De estos, 71 ya agotaron sus recursos en la Justicia y empezaron a cumplir la sentencia recibida en régimen cerrado, según un informe del alto tribunal.
527 acuerdos de no persecución penal
Para los casos menos graves, las autoridades ofrecieron a los acusados la posibilidad de cerrar acuerdos bajo una serie de condiciones, entre ellas reconocer los hechos, prestar servicios comunitarios, hacer un curso sobre democracia, no entrar en redes sociales temporalmente y pagar una multa.
Según los datos del Supremo, se han homologado 527 acuerdos a través de los cuales se recaudaron casi 1,8 millones de reales (unos 300.000 dólares).
61 fugitivos con pedidos en extradición
En su último balance, el Supremo señaló que actualmente hay 61 prófugos —investigados o condenados por el 8 de enero— con pedidos de extradición en abierto, es decir, que huyeron a otros países.
En junio pasado, la corte solicitó la extradición de ese grupo de fugitivos a Argentina, donde se estima que huyeron.
Las autoridades argentinas ya han detenido a algunos, lo que provocó que otros, ante el riesgo de ser capturados, hayan optado por irse a otros países de la región con el objetivo final de llegar a Estados Unidos, según la prensa local.
Casi 20.000 decisiones judiciales y 15 investigaciones
Desde el 8 de enero de 2023, el Supremo ha abierto 15 investigaciones y emitido 19.938 decisiones judiciales relacionadas con el asalto de Brasilia.
El juez instructor del caso es Alexandre de Moraes, objeto desde hace años de una campaña de difamación por parte del propio Bolsonaro y sus aliados, quienes acusan al magistrado de “dictador”.
Las causas por el 8 de enero están lejos de cerrarse. El Supremo tiene decenas de denuncias pendientes y la Policía aún está detrás de los organizadores y los financiadores de la asonada.
La tesis de la Policía es que el asalto de Brasilia fue el colofón de una conspiración político-militar que buscó anular la victoria de Lula en las presidenciales de 2022 y promover una intervención militar que mantuviera a Bolsonaro en el poder.
Jair Bolsonaro, en el ojo de la tormenta
El ex mandatario Jair Bolsonaro, de 70 años recién cumplidos, consta como investigado en la causa por incitar a sus acólitos a invadir los tres poderes de la Nación.
Pero el líder ultraderechista enfrenta una acusación más grave: la Policía lo señaló en noviembre pasado, junto a militares de alto rango y antiguos ministros, de planear un golpe de Estado en el que se sopesó incluso asesinar a Lula y a otras altas autoridades.
Bolsonaro enfrenta cargos de “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”.
Las penas combinadas por esos delitos rondan los 30 años de prisión.
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