
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la ampliación del periodo de campaña electoral para la segunda vuelta en Ecuador y estableció que comenzará el 23 de marzo, coincidiendo con el Debate Presidencial Obligatorio. Esta decisión responde a la actualización del calendario electoral y busca brindar a la ciudadanía más tiempo para conocer los planes y propuestas de los candidatos presidenciales. Con esta modificación, la campaña se extenderá hasta el 10 de abril, cuatro días antes del balotaje, programado para el 13 de abril.
El CNE tomó esta determinación en cumplimiento de las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral y con base en el análisis técnico del organismo, según informó la institución. Además de la extensión del periodo de campaña, se aprobaron nuevas directrices para la ejecución del proceso electoral en su segunda vuelta. Entre estas medidas, se encuentra la asignación del mismo número de funcionarios operativos que en la primera vuelta, con el fin de reforzar la capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, así como de los coordinadores de recinto y mesa. El objetivo es garantizar que todos los actores involucrados en el proceso electoral comprendan claramente sus responsabilidades y tareas durante la jornada del 14 de abril.
Como parte de estas resoluciones, el CNE estableció que el límite máximo de gasto electoral para la segunda vuelta será de más de USD 2,1 millones para cada binomio presidencial.

El debate presidencial, que marcará el inicio de la campaña, ha generado gran expectativa debido a la estrecha diferencia entre los dos finalistas. En la primera vuelta, el actual mandatario Daniel Noboa, candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) y actual presidente de la República, obtuvo el 44,17% de los votos, mientras que la correísta Luisa González, postulante por la Revolución Ciudadana, alcanzó el 44%. La escasa diferencia entre ambos ha convertido al debate en un evento crucial para la definición de la elección, en especial para los votantes indecisos.
Noboa, empresario y político, asumió la Presidencia de Ecuador en noviembre de 2023 tras ganar las elecciones extraordinarias convocadas luego del decreto de “muerte cruzada” del expresidente Guillermo Lasso. Es heredero del emporio bananero Noboa y ha buscado consolidar una imagen de renovación política y pragmatismo. Durante su breve mandato, ha enfrentado desafíos como la crisis de seguridad, el déficit fiscal y las tensiones políticas con la Asamblea Nacional. Su campaña para la reelección ha estado enfocada en propuestas económicas, la creación de zonas francas para atraer inversión y un plan de fortalecimiento de las fuerzas del orden para combatir el crimen organizado.
Por su parte, González es abogada y fue legisladora por la Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, condenado por corrupción y refugiado en Bélgica. Es la candidata del correísmo y representa la opción del regreso de ese proyecto político, con propuestas centradas en la recuperación del Estado como eje de desarrollo. En la primera vuelta, logró consolidar un voto sólido en provincias de la Costa.

El debate presidencial se desarrollará bajo un formato definido por el Comité Nacional de Debates del CNE y estará dividido en cinco ejes temáticos: educación, salud y seguridad social, criminalidad y seguridad, economía y empleo, y gobernabilidad. La moderadora será la periodista Ruth del Salto, quien cuenta con más de 22 años de experiencia en medios nacionales e internacionales y ya ha dirigido debates electorales en el pasado.
Durante el debate, los candidatos deberán responder preguntas estructuradas dentro de cada eje temático y tendrán tiempos definidos para sus intervenciones.
El debate presidencial será transmitido en cadena nacional de radio y televisión, permitiendo que la ciudadanía tenga acceso a las propuestas de ambos candidatos. La expectativa es alta, especialmente entre los votantes indecisos, quienes podrían definir su elección con base en el desempeño de los aspirantes en este espacio.
El CNE ha implementado medidas adicionales para garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral. Entre ellas, se encuentra la prohibición del uso de dispositivos móviles en los recintos de votación durante el sufragio, con el objetivo de evitar coacciones y garantizar el secreto del voto. Esta disposición ha sido respaldada por el Ministerio de Gobierno, que alertó sobre la posible manipulación de votantes a través de la exigencia de pruebas fotográficas de la papeleta electoral.
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