La dictadura de Daniel Ortega canceló este lunes el registro y la personería jurídica a otras 10 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, con lo que ahora son más de 5.600 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018.
La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral siete ONG por incumplimientos a las leyes que los regulan y las otras tres porque solicitaron su disolución voluntaria.
Las 10 ONG canceladas son la Asociación Motivos Profundamente Arraigados; Asociación Cristiana Casa de Dios Puerta del Cielo; Fundación “Eco”; Asociación Bautistas Fundamentalistas Independientes en Nicaragua; Instituto para el Desarrollo, Evaluación, Asistencia y Soluciones; la Asociación Civil Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria y Ambiental; Intercambios y solidaridad; Fundación Visión Nicaragua; FH Asociación y Oikos-Cooperación y Desarrollo.
Con el cierre de estas ONG son más de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.
El pasado miércoles, Nicaragua puso en vigor una reforma a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total al dictador del país, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien ahora tiene el cargo de “copresidenta”.
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, entró en vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial, La Gaceta, y 19 días después de haber sido aprobada en segunda y definitiva legislatura.
La norma constitucional amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
Además, crean las “fuerzas militares de reserva patriótica” y la “policía voluntaria” que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
Los legisladores reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura.
La enmienda establece que Nicaragua es un Estado “revolucionario”, libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la “democracia directa”, que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.
La Presidencia dirigirá al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales, según la norma.
También que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato —cuarto consecutivo—, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que, además de organizaciones, han sido cerrados por el régimen de Ortega Fgmedios de comunicación e instituciones académicas.
(Con información de EFE)
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