La nieta de Salvador Allende descartó renunciar tras la frustrada venta de la casa del ex presidente al Estado chileno

Sigue escalando la polémica tras la fallida compra por un valor de $933 millones de pesos (USD 926 mil), de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado chileno para convertirla en museo, asunto que fue calificado como un “autogol” del gobierno de Gabriel Boric y que ya le costó el cargo a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.

El martes, el Partido Republicano anunció una comisión investigadora al respecto y adelantaron que ingresarán un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC), para que se pronuncie sobre la legalidad del contrato de compraventa firmado ante notario con el Estado por la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende (PS), nieta e hija del fallecido exmandatario socialista, respectivamente.

“Ambas deben ser cesadas en sus cargos”, dijeron taxativos desde dicha colectividad.

Este miércoles en un punto de prensa, Fernández salió al paso de las críticas transversales y aseguró que “nunca ha habido traspaso de recursos, eso no ocurrió. Y de manera personal quisiera decir que yo jamás, desde que murió mi madre y heredé lo que le correspondía a ella, con mi hermano, jamás he recibido un peso por esta casa”.

La autoridad sostuvo que “siendo ministra de Defensa, no podía estar involucrada en el proceso y, por tanto, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento que tenía que ver con aspectos técnicos o con cosas propias de la casa”.

“Nunca participé en reuniones, porque no corresponde, como tampoco estuvo involucrado el equipo de Defensa, porque no corresponde”, dijo tajante.

Tocante a los emplazamientos desde la oposición para que deje su cargo, la ministra aseguró enfática que “yo estoy acá porque me ha nombrado el Presidente de la República y estaré hasta el momento que él lo decida”.

Fernández recordó que el proceso de compraventa finalmente no se concretó, pero reconoció que todo el asunto “no fue bien llevado”.

“Uno siempre tiene que ser autocrítico. Lo ha reconocido parte del Gobierno, lo reconozco yo, lo reconoce la familia. Yo nunca me voy a arrepentir de no haber participado, porque no corresponde como ministra de Defensa”, asumió.

Finalmente, al ser consultada sobre si la polémica ensombrece el legado de su abuelo, la ministra aseguró que “el legado del Presidente no está en su casa, está en su historia”.

Por su parte la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, aseguró en conversación con Expreso Bío Bío que al Gobierno de Boric se hizo un “autogol” y sostuvo que, jurídicamente, corresponde que ambas autoridades “deben cesar cargo”.

“Lo que el TC debe constatar es la comisión de un ilícito constitucional. Se celebró o no se celebró, o se ocasionó un contrato cualquiera y en este caso es un contrato de compraventa”, indicó.

“A mi juicio, este es uno de los casos más inequívocos que yo tenga conocimiento que se hayan producido en el ordenamiento jurídico chileno”, anotó.

Peña, quien actualmente se desempeña como directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, dijo estar segura que ambas autoridades actuaron de buena fe. Sin embargo, “eso no quita que tanto la senadora Allende como la ministra Fernández fueron mal asesoradas”.

Según la abogada, resulta “increíble que un acto de esta naturaleza haya pasado por varias instancias, varios ministerios y entidades públicas y nadie haya sido capaz de advertir la doble inconstitucionalidad que se estaba produciendo”, subrayó, apuntando a los asesores del presidente Boric.

“En estos dos casos el TC va a tener una tremenda complicación, puesto que es prístino desde el punto de vista jurídico que el contrato se celebró. Yo no veo cómo pueda construir el Tribunal una argumentación jurídica constitucional que permita decir ‘mire, no se celebró’”, razonó.

La jurista dijo que “escuché declaraciones que decían que esta norma del Artículo 93, número 14, en la Constitución, que le da facultades al TC para conocer de este tipo de requerimientos en orden a producir la cesación del cargo de un parlamentario o de un ministro, eran letra muerta”, detalló.

“La norma dice exactamente lo mismo: es una prohibición de celebrar contratos con el Estado mientras se tenga el cargo respectivo”, sentenció.