La Defensoría del Pueblo de Bolivia señaló este miércoles que en 2024 se registraron 563 conflictos, la mayoría relacionados con asuntos económicos como la escasez de dólares, la irregular provisión de combustibles y la inflación, crisis que se prevé puedan extenderse también a este año.
“El tema de combustible, (falta de) dólar y alza de los precios de los alimentos han generado estos espacios de conflictividad y han generado debilidad en el ámbito laboral y una interpelación a la gobernanza”, declaró el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Bolivia cerró el año 2024 con una inflación acumulada del 9,97%, la más alta desde 2008, cuando el país registró una inflación de 11,8 por ciento.
Mientras que la escasez de dólares se siente desde principios de 2023, algo que coincidió con el descenso de las reservas internacionales netas (RIN), ya que pasaron de más de 15.000 millones de dólares en 2014 a 1.976 millones, según el último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB) del 31 de diciembre de 2024.
El ‘Reporte de Conflictividad en Bolivia’, elaborado por la entidad defensora de derechos humanos, estableció que de los 563 casos prevalecieron las protestas por demandas de tipo económico (145), laboral (93), gobernanza (87), infraestructura (42), medioambiente (39), educación (39), salud sistema de justicia (19), entre los más relevantes.
El reporte también señaló que los reclamos que se realizaron el año pasado se expresaron principalmente mediante bloqueos de caminos (166), marchas (142), declaratorias de estados de emergencia (93), enfrentamientos (42), huelgas o paros (39), toma de instituciones (31) y vigilias (14).
Entre las protestas más relevantes está el bloqueo de caminos de 11 días que los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron a principios de 2024 por la realización de los comicios judiciales que finalmente se hicieron en diciembre pasado.
Además del bloqueo de 24 días que ese sector efectuó meses después para pedir al Gobierno de Luis Arce que se retire un proceso penal por trata de personas contra el ex mandatario, aunque a ese pedido se sumaron demandas por la solución de temas económicos.
Mientras que también fueron constantes las marchas de sectores como transportistas, comerciantes y amas de casa, por el alza de precios de los alimentos, la falta de divisas y combustibles.
La Defensoría del Pueblo también indicó que las vulneraciones mayoritariamente cometidas fueron el derecho al trabajo, el derecho político, el acceso a la infraestructura, educación, servicios básicos, acceso a la justicia y a la salud.
Callisaya apuntó que en el primer trimestre de 2024 hubo 103 casos de conflictividad, en el segundo 171, en el tercero 136 y en el último hubo un “repunte”, ya que la cifra ascendió a 153.
Respecto al último trimestre de 2024, el defensor dijo que las regiones con más casos de conflictividad fueron Santa Cruz (46), La Paz (46), Cochabamba (17) y Potosí (14), mayoritariamente con protestas como los bloqueos de caminos, marchas, huelgas y enfrentamientos.
Callisaya instó a los diferentes niveles de Gobierno a “fortalecer la gestión de conflictividad en 2025” puesto que este año se prevé que arrastren los “problemas económicos” a lo que se suma el “ambiente electoral” que, a su juicio, puede generar “situaciones y hechos de conflictividad con mayor recurrencia”.
(Con información de EFE)
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