Continúan los dolores de cabeza para el Gobierno de Gabriel Boric tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en museo, error no forzado que ya le costó el puesto a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.
Este martes, la bancada de diputados del partido Republicano pidió una comisión investigadora al respecto y adelantaron que ingresarán un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC), a fin de que se pronuncie sobre la legalidad del contrato de compraventa firmado con el estado por la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende (PS), nieta e hija del fallecido exmandatario socialista chileno, respectivamente.
Así lo dio a conocer el diputado Luis Sánchez, quien sostuvo que “si no fuera gracias a la prensa nadie en este país sabría de este secretito que tenían escondido entre el Presidente de la República, la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende”.
Según el parlamentario, “se ha destapado el escándalo y en buena hora, porque ya sabemos que no fue solamente las conversaciones para que tuviera lugar esta compraventa sino que el contrato se firmó y eso es especialmente importante”, consignó Emol.
“La Constitución en el artículo 60 inciso segundo y en el 93 inciso 13, establece la cesación de pleno derecho del cargo de ministra de Estado, por un lado, de senadora por el otro lado, por suscribir contratos convenios con el Estado. Eso es inconstitucional”, aseguró el jefe de bancada de esa colectividad.
Debido a esto, “hemos tomado la decisión de hacer ingreso como bancada del partido Republicano de ese requerimiento del Tribunal Constitucional para que resuelva esto. Espero que no haya en el TC consideraciones políticas, porque aquí estamos ante una situación muy compleja”, agregó Sánchez.
El republicano emplazó además a la ministra Fernández a que “en un ataque de honestidad, simplemente renuncie a su cargo hoy día mismo y no espere a que el TC tenga que resolver por un voto de mayoría cesarla, porque eso sólo empeoraría mucho más esta situación”, razonó.
Sánchez afirmó que el Gobierno de Boric “busca favorecerse, pagar favores incluso entre ellos mismos con la plata de todos los chilenos, y no podemos permitir que eso siga ocurriendo. Por lo mismo, la bancada del partido Republicano va a presentar ante el TC el requerimiento para que tanto la ministra Fernández como la senadora Allende sean cesadas en sus cargos”.
Sus palabras fueron refrendadas por el diputado Cristián Araya, quien argumentó que Fernández y Allende “hoy se encuentran en una situación de usurpación en el ejercicio de su cargo y haremos valer en el TC nuestra posición exigiendo que sean removidas de forma inmediata”, sentenció.
Cabe señalar que la noticia de la adquisición por un valor de $933 millones de pesos (USD 926 mil)- circuló el último día de 2024, pero apenas iniciado el año nuevo estalló el escándalo.
“La actuación de la familia fue de buena fe”
Por la tarde, la senadora Isabel Allende salió al paso de las declaraciones de los republicanos y en un punto de prensa sostuvo que “la actuación de la familia fue de buena fe y si han surgido observaciones, se tendrán en cuenta y se verán”.
“Si la oposición acude, como lo han anunciado, al Tribunal Constitucional, están en su pleno derecho, como está en su pleno derecho, como familia, y en este caso, como senadora, defendernos”, agregó.
La hija del expresidente Allende remató asegurando que “nunca esta familia se ha visto envuelto en negocios, conflictos de intereses, en lucros, en negociados y en nada. Tenemos una dignidad que ha sido reconocida aquí y afuera”.
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