El sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, siguen viviendo en Uruguay con acceso a buena parte de su fortuna. En los próximos días, la pareja quedará libre de causas en el país y estará a disposición de la Justicia argentina, que quiere su extradición. Sin embargo, la defensa ha presentado una serie de recursos –como el pedido de refugio– para evitar irse del país.
El 2 de enero, Infobae informó que el juez de La Plata Enresto Kreplak mandó un nuevo exhorto a Uruguay reclamando que todos los bienes identificados en el expediente queden en manos de Interpol. Es una manera de resguardarlos hasta que puedan ser condenados en Argentina. Sin embargo, los bienes que quedan decomisados son pocos.
La esposa de Balcedo, Paola Fiege, informó a El Observador que el 80% de los bienes que les fueron retenidos ya les fueron devueltos por la Justicia. La mujer dijo que ellos quieren declarar por videoconferencia ante Kreplak para que se esclarezca el caso, pero señaló que hasta ahora no ha sido aceptada su solicitud. Según ella, en Argentina no se ha probado que se hayan apoderado de los bienes del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme).
Uno de los bienes incautados y que está decomisado por pedido de la justicia es el chalet Sounion de Playa Verde (en el departamento de Maldonado). Se trata de una propiedad que la Justicia de Crimen Organizado decomisó cuando condenó a Balcedo y a Fiege en 2020 en un proceso abreviado. Sin embargo, esa casa no fue rematada.
La última resolución sobre este chalet que fue publicada por Presidencia da cuenta de que se contrató un servicio de mantenimiento y conservación de las áreas verdes. Se le adjudicó a una empresa por un total de 702 mil pesos uruguayos (unos USD 16 mil), según consignó el medio uruguayo.
Balcedo fue condenado en Uruguay en 2020 por lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas, mientras que Fiege fue sentenciada por ser autora de un delito de asistencia para el lavado de activos. A cambio, entregaron algunos de los bienes para que sean rematados y otros como medida cautelar mientras cumplían la condena, que luego debían ser devueltos.
El proceso abreviado implica el reconocimiento de los delitos a cambio de una pena menor.
La jueza de Crimen Organizado María Elena Mainard autorizó entonces el decomiso de algunos bienes entre los que estaba el chalet de Playa Verde, USD 4 millones que tenían depositados en el banco estatal República, dos automóviles Porsche, un Chevrolet Camaro, una camioneta Rover Range, armas y municiones.
En esa sentencia también se ordenó devolverles USD 2,6 millones y algo más de USD 500 en pesos uruguayos que estaban depositados en la cuenta del banco. También se levantaron las inmovilizaciones de las cuentas que tenían en Scotiabank y en el República.
Los bienes que quedaron embargados mientras la pareja cumplía la pena son varios. Incluyen varios padrones de El Gran Chaparral –la mansión en la que viven–, varios autos de alta gama, camiones, motos de agua, un jet ski, un cuadriciclo, tractores y camiones. Los bienes que sí se remataron en agosto de 2021 fueron el Porsche Panamera por USD 81 mil (más comisión), el Chevrolet Camaro (por USD 55 mil) y una camioneta Range Rover (por USD 78 mil).
La abogada de la pareja, Adriana Falco, declaró a El Observador que la pena que cumplen en Uruguay se terminará “por estos días” y quedarán sujetos al proceso administrativo de la extradición pedida por Argentina. “Hay una solicitud de refugio en trámite, por recursos. Una vez agotados los mismos, deberá producirse la extradición”, señaló.
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