Exministro del correísmo, Ricardo Patiño: “Va a volver Rafael Correa y Jorge Glas quedará libre”

En medio del inicio la campaña presidencial en Ecuador, Ricardo Patiño, exministro de Relaciones Exteriores, figura clave del correísmo y hombre de confianza del expresidente Rafael Correa, realizó una contundente declaración sobre las aspiraciones del movimiento Revolución Ciudadana (RC) si llegaran al poder. Patiño aseguró que la victoria de Luisa González en las elecciones presidenciales de 2025 garantizará el regreso al país de Correa y la liberación del exvicepresidente Jorge Glas.

Las declaraciones sucedieron durante un evento de campaña, el pasado 5 de enero en Guayaquil. Patiño expresó con firmeza que “Correa va a volver” si González resulta electa presidenta. El expresidente refugiado en Bélgica tiene una condena como autor mediato de cohecho agravado, lo que le impide volver al país y participar como candidato. Además debe cumplir ocho años de prisión.

Asimismo, Patiño también habló sobre la liberación de Glas, quien cumple dos sentencias y es investigado por delitos de corrupción. “Jorge Glas estará libre porque es inocente. Todos nuestros compañeros perseguidos regresarán”, afirmó ante los militantes, consolidando el discurso de González como una plataforma para corregir lo que consideran “persecuciones políticas” en contra de los miembros del correísmo.

“Pero ´¿va a volver Correa?`. Esta es la pregunta que hace la gente... ‘Sí’ le decimos y la gente nos reclama y nos dice: ‘que regrese Correa’. Así es y le hemos dicho: ‘así va a ser’... Tenemos que ir a conquistar ese voto, palmo a palmo, casa a casa, persona a persona, porque solamente así volverá a Correa, liberaremos a Glas y tendremos a Luisa González y a Diego Borja en la Presidencia de la República del Ecuador", dijo Patiño.

Las palabras de Patiño no son aisladas. Forman parte de una estrategia más amplia del movimiento Revolución Ciudadana para recuperar el poder tras la salida de Correa en 2017. Desde Bélgica, donde reside el exmandatario, Correa ha sido un actor activo en la configuración política de Ecuador, ejerciendo influencia a través de sus aliados y manteniendo la intención de voto que, históricamente, corresponde al populismo autoritario en Ecuador, entre el 20% y 30%. Por su parte, Jorge Glas, encarcelado desde 2017, se ha convertido en un símbolo de la narrativa correísta sobre persecución política.

El discurso de Patiño ha sido cuestionado por actores de la opinión pública sobre los riesgos de retroceder en temas como la transparencia y la independencia judicial, pues el candidato ofrece intervenir en otros poderes del Estado, como en la Justicia. Algo que debilitaría la ya frágil institucionalidad ecuatoriana. En el caso de Correa, su sentencia por cohecho aún puede optar por un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, un propósito que el correísmo busca y del cual, ya hubo alertas en el 2023, cuando inició el concurso de renovación de magistrados nacionales. El proceso que no ha podido culminar, entonces estaba a cargo del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, hoy condenado por delincuencia organizada. En aquel momento se sospechaba que el correísmo buscaba ubicar a jueces afines a sus intereses para revertir la sentencia de Correa y favorecer a Glas, simulando lo que sucedió con Lula Da Silva en Brasil, con el caso Odebrecht.

De acuerdo con los sondeos de opinión, Luisa González, por debajo del presidente y candidato Daniel Noboa lideran la intención de votos entre los 16 binomios que participan en las elecciones generales. Los comicios se celebrarán el 9 de febrero y si existe balotaje, este se desarrollará el 13 de abril.

Uno de los momentos esperados durante el periodo de campaña será el debate presidencial obligatorio, previsto para el 19 de enero y del que se esperan aún conocer el formato y los moderadores. Se ha adelantado que habrá dos grupos de candidatos para el evento.

El Consejo Nacional Electoral estableció como límite de gasto de USD 5′494,525.60 para las campañas presidenciales y recordó la prohibición la contratación directa de publicidad por parte de los candidatos y cualquier tipo de propaganda que incite a la violencia, discriminación o racismo. Además reiteró que los funcionarios en ejercicio de funciones no pueden inducir al voto, según el más reciente comunicado publicado por la institución.