Evo Morales anunció el refuerzo de su seguridad ante los rumores de una inminente detención

Evo Morales está atrincherado en la región del Trópico de Cochabamba desde finales de septiembre, cuando la Justicia emitió una orden de captura por una investigación que lo acusa de trata de personas y estupro. Ese mandamiento judicial quedó sin efecto por una acción de libertad interpuesta por sus abogados en una sala constitucional de Santa Cruz.

Sin embargo, los rumores sobre su posible aprehensión no han dejado de crecer y han provocado que el líder cocalero permanezca en su bastión político y sindical bajo la custodia de sus seguidores. Según el viceministro de Régimen del Interior y ex comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, en la región del trópico existe un “anillo de seguridad” conformado por comunarios que protegen a Morales.

Este domingo, el ex presidente manifestó que sus seguidores de otras regiones viajaron a la región del Trópico para reforzar su seguridad. “Quiero saludar a las hermanas y hermanos que vienen del interior del país a la vigilia o ver el tema de seguridad, quedé impresionado, vienen por lo menos de seis departamentos”, indicó en su programa de radio dominical que se difunde por la emisora Kawsachun Coca.

“Agradezco a todos por el apoyo, la solidaridad y la protección”, expresó el ex presidente.

Morales fue convocado por la Fiscalía para prestar su declaración el 10 de octubre y no se presentó. En su lugar llegó uno de sus abogados para presentar un memorial y justificar la ausencia de su defendido, argumentando que no habían garantías. Ante su inasistencia, Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, ciudad en la que se desarrolla el caso, manifestó que lo que correspondía era emitir una nueva orden de aprehensión.

Luego de casi tres meses, el estado del mandamiento judicial es incierto: el Fiscal General del Estado dijo que fue entregado a la Policía, ésta no confirma la recepción del documento y los abogados de Morales indicaron a Infobae que lograron anular la segunda orden mediante otra acción de libertad.

Pese a la incertidumbre sobre la vigencia de la orden de captura, las investigaciones han seguido su curso y a finales de diciembre el Ministerio Público imputó formalmente al expresidente boliviano y a la madre de la presunta víctima por trata y tráfico de personas. Días después las autoridades bolivianas emitieron una alerta migratoria y una citación para que Morales se presente a audiencia de medidas cautelares el 14 de enero en Tarija.

Morales y sus seguidores han lanzado una serie de amenazas si se ejecuta su detención. Incluso un diputado del Movimiento Al Socialismo amenazó de muerte a quienes intenten aprehender: “vengan decididos a morir”, manifestó Gualberto Arispe. En las últimas semanas se aumentaron las medidas de control por parte de sus militantes en la región cocalera, mediante el rastrillaje de hoteles en busca de personal de inteligencia del Gobierno.

El ex presidente fue imputado por trata de personas y estupro por haber presuntamente embarazado a una menor de edad el año 2016. La supuesta víctima, que entonces tenía 15 años, formaba parte de una organización juvenil del partido denominada “Generación Evo”.

Según documentación de la Fiscalía, la joven habría dado a luz a una niña el año 2016 a la que registró como hija de Evo Morales en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina. Por este caso están siendo investigados los padres de la joven, a quienes se acusa de haber actuado en complicidad para obtener favores políticos.

Desde que se destapó el caso, ni Morales ni nadie de su entorno ha negado la comisión del delito pero han acusado al Gobierno de estar detrás del caso con el objetivo de eliminarlo del escenario político.