Niños desaparecidos en Guayaquil: las Fuerzas Armadas insisten en que un robo provocó la detención pese a la falta de pruebas

Las Fuerzas Armadas y la defensa legal de los 16 militares procesados por desaparición forzada insisten en que los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil estaban involucrados en un supuesto robo el día de su detención. Sin embargo, esta versión no tiene sustentos documentales.

Incluso la falta de partes oficiales, pruebas concretas y las inconsistencias en el procedimiento militar ya fueron expuestas por un fiscal el pasado 24 de diciembre, durante una audiencia de hábeas corpus. Durante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, altos mandos militares y el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo reiteraron esta postura, mientras que las familias de los menores siguen esperando respuestas sobre su paradero.

La desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina sucedió tras ser aprehendidos por militares el 8 de diciembre en Guayaquil.

En su intervención, el comandante general de la Fuerza Aérea, Celiano Cevallos, afirmó que la detención de los menores fue una acción improvisada durante el regreso de la patrulla a la Base Aérea de Taura. “No hubo un operativo específico para la aprehensión de los adolescentes. El evento fue producto de una circunstancia ocurrida durante el retorno de la patrulla tras cumplir su misión principal, que era escoltar un camión con contrabando hasta la aduana de Guayaquil”.

Según el informe del comandante de la patrulla, los uniformados observaron “a un grupo de aproximadamente ocho personas que interceptaban a una mujer para quitarle sus pertenencias” y procedieron a detener a tres sospechosos, junto a un cuarto menor que fue entregado por un ciudadano. Posteriormente, los adolescentes fueron trasladados al sector de Taura, donde, según la versión militar, “fueron liberados con vida” .

La Fiscalía ha señalado que no existen pruebas que vinculen a los menores con actividades ilícitas.

Durante la comparecencia en la comisión, Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), cuestionó las directrices que rigen las acciones de las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción y recordó que una jueza declaró la existencia de una desaparición forzada en el caso. Bastias también enlistó los nombres de otros desaparecidos tras operativos militares.

Consultado en una entrevista el abogado de los militares procesados, Jesús López, señaló al Jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, para que responda por qué, tras la desaparición de los niños, hubo allanamientos sin orden legal en Taura, incluyendo la casa del testigo clave del caso, quien ayudó a los niños que estaban golpeados y desnudos.

Ese testigo, que ya declaró ante la Fiscalía, relató que tanquetas y vehículos militares llegaron a la zona para entrar en los domicilios. López recordó el testimonio mencionado y dijo: “Que hayan ido con tanquetas y 20 camionetas al pueblo de Taura, yo sí creo que es un acto ilegal y que se extralimitaron en sus competencias. Eso deberá responder el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”.

López dijo que sus 16 defendidos están retenidos en una base militar sin orden judicial: “Dicen (que la retención) es para que no haya riesgo de fuga. Están privados por una orden administrativa”, señaló el abogado, que también indicó que no habrá ningún acto judicial de sus clientes contra la institución militar por la retención, a la que López calificó como una “argucia”.

La mañana de este 31 de diciembre se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares implicados. La Fiscalía ha indicado que el caso se investiga bajo la figura de desaparición forzada, lo que podría implicar penas severas si se demuestra la participación directa o indirecta de los uniformados en los hechos. Además, las familias de los menores y organizaciones de derechos humanos han exigido que se garantice la transparencia en el proceso judicial.