Darío Richarte: “La orden de detención contra Ortega sirve para aislar a las otras dictaduras de América Latina”

Un juez argentino ordenó el arresto del dictador nicaragüense Daniel Ortega por su presunta “violación sistemática de los derechos humanos”. La orden también se aplica a la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, y se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a las naciones perseguir crímenes de lesa humanidad fuera de su país de origen.

El juez federal Ariel Lijo también ha ordenado la detención de otra docena de personas vinculadas al gobierno de Ortega, tras la denuncia impulsada por el abogado Darío Richarte, que acusó a Ortega y a su esposa de delitos que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y “deportación o traslado forzoso de población”.

La denuncia había sido presentada en 2022 por un grupo de fiscales de la Universidad de Buenos Aires. El fiscal Eduardo Taiano abrió la investigación en octubre.

—Muchas gracias por este contacto con Infobae. Hoy supimos que el juez federal Ariel Lijo emitió una orden de detención contra Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, y contra su esposa, Rosario Murillo. ¿Qué nos puede decir de este fallo que consideró “histórico”?

—Es un caso sin ningún lugar a dudas histórico por varios motivos. Primero porque es la conclusión de un trabajo de más de dos años y medios, donde hubo grandes esfuerzos por por cubrir el aspecto técnico, todas las cuestiones y todos los desafíos que implicaba la juridiction universel en Argentina, como la habilitación para que nuestro Poder judicial pueda tratar casos de violaciones a los derechos humanos que se cometieron en otros países. Esto no es algo para todos los días. La investigación, gracias a la labor del fiscal y del juez, pudo llevarse adelante. Se recolectó una extensísima cantidad de prueba documental, se prestaron testimonios con identidad reservada, se prestaron testimonios por parte de expertos. Todo tipo de pruebas, incluyendo algunas producidas por medios periodísticos y por personas en las redes sociales que han documentado las violaciones a los derechos humanos, y así se dio lugar al comienzo y después desarrollo de esta denuncia. Es histórica la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de arresto para Ortega, Murillo y una decena más de responsables, significa un punto muy importante para la búsqueda de justicia de las víctimas que han sufrido y siguen sufriendo mucho con todo lo está haciendo la dictadura en Nicaragua.

—Usted nombró el principio de jurisdicción universal: ¿cómo fue argumentando ante la justicia Argentina. Este principio?

—Este no es un principio que se pueda utilizar todo el tiempo ni para cualquier caso. Es un principio extremadamente restrictivo, y así tienen que serlo. Esto ya lo aceptaba nuestra Constitución Nacional de 1853, que es el antecedente para esto. La Argentina es uno de los primeros países que establece que pueden ser juzgados por crímenes graves cuestiones que acontezcan fuera del territorio de la Nación Argentina. Después, la Argentina firma tratados internacionales de promoción y protección de los derechos humanos y obliga también internacionalmente con el pacto para la Corte Penal Internacional, pero aún así es un principio no puede ser utilizado en cualquier circunstancia. Tienen que darse varios requisitos para esto. Primero, que efectivamente esté probado y se trate de hechos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos. Segundo, que estas violaciones a los derechos humanos se cometan en un estado que no forma parte de la Corte Penal Internacional y del Tratado de Roma. Y que además, por supuesto, no tiene un Poder Judicial independiente para juzgar estas violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios de esos países. El caso de Nicaragua es un caso paradigmático porque se trata de una de las dictaduras más sangrientas a las que hemos tenido acceso en el presente y también históricamente. En segundo lugar, como está absolutamente aislada del mundo, no forma parte de ningún sistema Internacional y a la vez tiene un Poder Judicial que está absolutamente sometido a los designios de la dictadura y por lo tanto, no garantiza la justicia para las víctimas. Sobre estas premisas, se estructuró el caso y se abrió en octubre de 2022 el caso de Argentina.

—Doctor Richarte, ¿cómo fue la recopilación de pruebas y testimonios para sustentar esta denuncia en la ante la justicia Argentina?

—Fue muy, muy difícil, sobre todo, aquellas vinculadas a los testimonios. Por suerte tuvimos muy buena recepción por parte del juez y del fiscal para que se le diera reserva de identidad a las víctimas. Lo que hacen las dictaduras, más allá de todos los delitos atroces que cometen, es dividir a las familias y sobre esa base, muchas veces presionan permanentemente. Entonces es muy difícil para las personas, aun en el exilio, poder prestar declaración para causas como estas. La reserva de identidad fue una herramienta fundamental en este proceso y en esta investigación. Fuimos de poco armando el caso, recibimos mucha ayuda de organismos no gubernamentales, recibimos mucho apoyo de nicaragüenses exiliados en distintos lugares del mundo, y así fuimos construyendo un caso que tomamos por las noticias que leíamos en los medios de comunicación o en las redes sociales. Después logramos incorporar como prueba judicial muchos de los documentos que se habían recolectado como pruebas y testimonios tomados en el campo por parte de organismos internacionales, por parte de grupos de expertos de sistemas internacionales de derechos humanos, por parte de ONG. Y así se le fue dando un marco legal.

La denuncia original fue ampliada en la medida que conocimos nuevos hechos iban sucediendo o que habían sucedido antes pero qué eran desconocidos. Cuando la dictadura suprimió la nacionalidad de los nicaragüenses, lo denunciamos; cuando la dictadura fue sobre las comunidades afrodescendientes, lo denunciamos; cuando la dictadura fue contra la iglesia catolica, lo denunciamos; cuando la dictadura fue deteniendo de manera arbitraria a distintas personas o exiliando forzosamente, lo denunciamos; cuando la dictadura, nos enteramos de que era un vehículo para para lograr la migración ilegal a los Estados Unidos, participando de un sistema que además servía para financiar el régimen, lo denunciamos. Y así fue se fue ampliando la investigación y, tras cada ampliación de la denuncia, íbamos presentando o la prueba documental o la prueba testimonial.

—Imagino desde un punto de vista humano no de ser fácil escuchar testimonios sobre personas que son torturadas, privadas de su libertad, separadas de su familia, que son extorsionadas, que son desterradas, debe ser difícil.

—Es sumamente difícil y por eso también es sumamente emocionante y emotivo recibir algunos mensajes en el día de hoy de personas siguen sufriendo porque el sufrimiento es permanente. Lo que hacen las dictaduras es dejar una huella muchas veces imborrable, no sólo en la memoria colectiva, sino en la memoria de las víctimas y de sus familiares. Esto no es la solución al problema, esto es una contribución bastante humilde desde el punto de vista de darle visibilidad al problema de Nicaragua, de lograr un poco de luz. Entre tanta oscuridad para las víctimas, se empieza a transitar un camino de justicia que todavía está lejos. Yo creo que la justicia realmente va a ser alcanzada el día que Nicaragua recupere la democracia y creo que medidas como la que tomó el juez en el día de hoy sirven para aislar a estas dictaduras internacionalmente. En un contexto Internacional en donde América tiene que volver a centrarse en recuperar la democracia en el continente, la cuestión de Nicaragua es sumamente importante, debe atenderse y debe resolverse con prioridad.

—Usted menciona que la resolución judicial marca un antes y un después en materia de justicia universal. ¿Qué precedente establece este fallo?

—Bueno, establece un precedente muy importante: en algún lugar del mundo donde jurídicamente y políticamente exista una democracia, exista un poder judicial independiente y exista un país que tenga las capacidades jurídicas y la decisión de hacerlo, es un precedente qué sirve para enseñarles a los dictadores que en una remota tierra como Argentina existe una justicia que se enorgullece de ser una independiente y que siempre estuvo atenta a la cuestión de los derechos humanos. También sirve para demostrarles a las víctimas que hay esperanza en el futuro, porque realmente lo que viven cotidianamente es demasiado duro como para poder encarar la vida de esa manera, y cosas como estas sirven y son un antes y un después como para mostrar que existe un camino en el futuro que se pueda recorrer y que es posible alcanzar, al final de ese camino, con mucho esfuerzo, los logros por los que se pelean. Desde el punto de vista técnico, deja de ser un paradigma académico, se transforma en algo palpable, en algo real, en algo que está determinado, en algo que no es aplicable a cualquier caso, en algo se aplica a poquitos casos, pero que cuando se aplica, se aplica con todo el rigor.

—Esto tiene implicancias diplomáticas en América Latina. Las dictaduras de América Latina, de Medio Oriente y de Asia están aisladas, sólo se visitan entre dictadores. ¿Esto cree que lo aísla aún más a Ortega? ¿Qué impacto tendrá en América Latina este fallo histórico, como lo definió usted?

—Es una ayuda, es un recordatorio, las dictaduras tienen que estar aisladas, desde el punto de vista fáctico, no sé si lo aisla más, porque el verdadero aislamiento corre por otros carriles. Sí es una llamada de atención no solo para Ortega y para Murillo, porque ellos ya están jugados con todo lo que hicieron, sino también para decenas de personas más que participan de estas dictaduras, para militares que quieren creer en un futuro democrático, para mucha gente que puede sentarse a pensar qué es lo que puede pasar. No creo que sirva para estas personas en términos de su análisis, porque estas personas son de las peores personas, junto con otras, que la humanidad pueda pueda tener en frente, pero abre un panorama que, desde el punto de vista político, tal vez sirva como para que se le preste atención al tema de Nicaragua. Porque estamos todos, por supuesto, con Venezuela y con lo que está pasando y sabemos qué es urgente qué se reconozcan los resultados de las elecciones. Sabemos todas las cuestiones que traen aparejadas las luchas contra el terrorismo, sabemos montones de cuestiones, pero en un mundo tan convulsionado, no siempre se mira la cuestión de Nicaragua, y yo creo que cualquiera de las dictaduras que caiga, va a provocar un efecto dominó con el resto. Así como pasó con la democracia, cuando la Argentina recupera la democracia en 1983, más temprano, más tarde empiezan a caer las otras dictaduras del continente. Yo creo que algo parecido puede pasar… Esto es simplemente un análisis, no es que tenga que ser así, pero creo que va a pasar con algunas de las dictaduras de América Latina que caigan primero, sea Venezuela, sea Cuba, sea Nicaragua. Creo que la caída de una va a terminar sirviendo para que caigan las otras, pero hay que prestar atención, no siempre los organismos internacionales sirven para estas cosas. Por supuesto que tienen una actividad, que hay que darle contenido, dotarlos de políticas más eficientes para que realmente lleguen con la diplomacia donde tienen que llegar. Cuando uno habla con las víctimas, hay una gran desazón con con respecto a su funcionamiento, y yo creo qué están interpelados a demostrar que sirven y creo son una alternativa viable e importante, como así también los gobiernos democráticos de América tienen que tomar partido más claramente. Se abre un panorama muy interesante a nivel Internacional para que esto pueda pasar.

Ortega, un ex guerrillero de 79 años, ha llevado a cabo prácticas cada vez más autoritarias desde que regresó al poder en 2007, haciéndose con el control de todos los poderes del Estado.

Su gobierno ha arremetido contra los críticos, cerrando más de 5.000 organizaciones no gubernamentales desde la represión de las protestas de 2018 que, según Naciones Unidas, dejó más de 300 muertos.

La mayoría de los medios de comunicación independientes y de la oposición operan ahora desde el extranjero.

Alrededor de 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y figuras religiosas han sido despojados de su nacionalidad desde febrero de 2023 bajo acusaciones de “traición”.