Una serie de gravísimos accidentes en Brasil evidencian los problemas de las infraestructuras y la desconfianza en las instituciones

Una serie de trágicos acontecimientos ocurridos en Brasil, uno tras otro desde la semana pasada, han suscitado un gran debate en el gigante latinoamericano. En orden, en pocos días un camión colisionó con un autobús, matando a 41 personas en la carretera más peligrosa del país; el puente Juscelino Kubitschek, que une los estados nororientales de Maranhão y Tocantins, se derrumbó, matando al menos a diez personas y dejando siete desaparecidos; y una niña que viajaba en coche con su familia en el estado de Rio de Janeiro murió cuando la Policía Rodoviaria Federal (PRF) disparó repentinamente contra el coche en el que viajaba. Se tratan de episodios dramáticos que no sólo despertaron la indignación de la población por la falta de mantenimiento de las infraestructuras y su peligrosidad, sino también, de forma más general, un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones.

El 21 de diciembre, en la carretera BR-116, a la altura de la ciudad de Teófilo Otoni, en el estado de Minas Gerais, un accidente entre un camión que transportaba granito y un autobús causó la muerte de 41 personas. Es el peor accidente de carretera desde 2008. El conductor del camión huyó y se entregó a la policía dos días después, pero no fue detenido. Entre las posibles causas, la policía baraja la explosión de una rueda o una carga superior a la permitida por la ley. La BR-116, escenario del accidente y que une Fortaleza, la capital de Ceará en el Nordeste de Brasil, con el municipio de Jaguarão, en Rio Grande do Sul, en la frontera con Uruguay, es la carretera más mortífera del país, según datos de la PRF. En 2023 se registraron 740 muertes. Este año, la cifra ya ha superado el total del año anterior, con 763 víctimas mortales. En cuanto a Minas Gerais, según datos de la Confederación Nacional de Transportes (CNT), es el estado con mayor número de muertes en las carreteras. Entre enero y octubre hubo 628 fallecidos, lo que corresponde al 12,5% del total en todo Brasil.

Con una extensa red de carreteras y un gran flujo de camiones pesados, especialmente en las regiones productoras de granito del norte de Minas Gerais, los accidentes graves en esta región son frecuentes. Como denunció Thyrso Guilarducci, especialista en seguridad vial, al sitio brasileño de noticias G1, “el transporte de estas cargas implica normativas específicas, como sujeciones más seguras, pero sigue habiendo muchos incidentes de frenazos bruscos y adelantamientos peligrosos”. Según el experto, la BR-116 adolece de “problemas estructurales y una supervisión insuficiente”. Por ello, debería duplicarse la calzada y contar con un sistema de radar fiable. Según el G1, en el mismo tramo donde se produjo el accidente, algunos radares habían sido retirados recientemente porque su documentación había caducado. “Hay veces que los radares no funcionan por cuestiones burocráticas o por falta de licitaciones. Esto compromete la seguridad y aumenta los riesgos en las carreteras”, dijo Guilarducci.

Al día siguiente del accidente de Minas Gerais, se derrumbó el puente entre Maranhão y Tocantins. Paradójicamente, el incidente fue filmado en directo por un joven concejal municipal que llevaba tiempo denunciando grietas en la construcción. En el video que se hizo viral en las redes sociales, se puede ver cómo el asfalto empieza a desmoronarse hasta que la estructura, construida en 1961, se derrumba. Nueve personas siguen desaparecidas y la búsqueda ha sido lenta y se ha paralizado porque tres de los camiones caídos contenían sustancias tóxicas: 76 toneladas de ácido sulfúrico y 22.000 litros de pesticidas agrícolas. No fue hasta el jueves cuando Caco Graça, responsable de Emergencia Medioambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Maranhao (Sema), declaró que los contenedores, a pesar de haber caído al agua, permanecían intactos y que el riesgo de fuga era mínimo, de ahí la reanudación del trabajo de los buzos.

En un editorial titulado “El puente y el Estado que gasta mucho pero invierte poco”, el diario brasileño Folha de São Paulo escribe que “el derrumbe del puente demuestra la escasez de fondos públicos para infraestructuras nacionales, que deben depender más del sector privado”. Según el diario, “la gran expansión de las prestaciones sociales, laborales y asistenciales en las últimas décadas ha reducido el espacio presupuestario para la inversión pública, que no superó el 2,6% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023″. Y aunque el Gobierno dice estar en contra de la privatización y las concesiones, según Folha de São Paulo, “el Estado apenas consigue preservar lo que ya ha instalado”. Hasta 597 puentes gestionados por el DNIT, el departamento encargado de las carreteras federales, se encuentran en mal estado, al igual que el puente derrumbado. Otros 130 se consideran en un estado crítico aún peor. Representan el 12,5% del total nacional.

En cuanto al puente Juscelino Kubitschek, tanto el DNIT como la población habían advertido del riesgo de derrumbe por graves problemas estructurales, al menos desde 2020. El pasado mes de mayo también se había convocado un concurso por 13 millones de reales (2,1 millones de dólares) para contratar a una empresa que llevara a cabo un proyecto de renovación, pero nadie lo había ganado. El DNIT ha abierto ahora una investigación y la Policía Federal (PF) también investigará el caso. El Ministro de Transportes, Renan Filho, ha anunciado que el gobierno gastará entre 100 y 150 millones de reales (16 y 24 millones de dólares) para reconstruir el puente. Está previsto que las obras concluyan en 2025.

Según informa Diogo Schelp en el sitio de noticias brasileño Gazeta do Povo, el jefe del DNIT a cargo del puente, Renan Bezerra de Melo, fue detenido en 2017 por la PF en el marco de la Operación Ápia “que investigaba fraudes en licitaciones y contratos de construcción con sospechas de malversación de más de 200 millones de reales (61 millones de dólares al cambio de 2017) del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)”. En la época, de Melo era superintendente de la Agencia de Transportes, Obras e Infraestructuras (AGETO). “En 2020, el juez federal a cargo del caso decidió sobreseer la causa penal y remitirla al Tribunal Electoral, entendiendo que el dinero supuestamente desviado sería utilizado para financiar ilegalmente campañas electorales. El caso está ahora en el Tribunal Regional Electoral de Tocantins y Renan Bezerra de Melo, actual superintendente del DNIT de Tocantins, sigue siendo uno de los acusados”, escribe Schelp.

En cuanto al tiroteo en la BR-040, la carretera Washington Luís, en el estado de Rio de Janeiro, según el testimonio de Alexandre Rangel, padre de la joven gravemente herida, Juliana, la Policía Rodoviaria Federal (PRF) habría empezado a disparar a mansalva a pesar de haber dado el visto bueno para que su coche pasara el puesto de control. Los disparos pillaron por sorpresa a la familia que viajaba en el coche, hasta el punto de que el padre de la joven llegó a pensar que los policías eran delincuentes disfrazados de agentes. Se abrió una investigación sobre el caso y los policías implicados han sido suspendidos por el momento. Pero esta historia ha levantado polémica sobre la seguridad de los ciudadanos que viajan por las carreteras y la preparación de la PRF, especialmente en relación con la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) para la Seguridad Pública que se debate estos días en el Supremo Tribunal Federal (STF), pero también en relación con el decreto que Lula firmó en Nochebuena y que regula el uso de la fuerza por parte de la policía.

Entre los puntos de la PEC en discusión está el que da más poderes a la Policía Rodoviaria Federal (PRF), transformándola en la Policía Ostensiva Federal. Vinícius Valfré en el diario O Estado de São Paulo señala que, en promedio, cada ocho meses “hombres de la PRF del gobierno Lula 3 destruyen los sueños y planes de una familia” y se pregunta si la corporación está preparada para semejante transformación. “Los últimos excesos plantean dudas pertinentes sobre el estado de la PRF, sobre si puede asumir nuevas responsabilidades. Si los problemas siguen repitiéndose periódicamente, el único cambio efectivo en el modelo será la novedad de una disculpa a las familias destrozadas”, escribe Valfré.

En cuanto al decreto firmado por Lula en Nochebuena, estipula que los cuerpos policiales solo deben recurrir a la fuerza como último recurso. La medida fue promulgada por el presidente tras la oleada de abusos de la Policía Militar registrados en los estados de San Pablo y Bahía. El decreto también establece que no es legítimo utilizar armas de fuego contra personas que huyan desarmadas o que no supongan un riesgo inmediato de muerte o lesiones para los trabajadores de seguridad pública. También se desaconsejan las armas de fuego en el caso de vehículos que violen los controles policiales en la vía pública, excepto cuando el acto suponga un riesgo de muerte o lesiones para los trabajadores de seguridad pública o terceros. Sin embargo, muchos critican esta nueva medida porque haría “más osados” a los criminales. Entre los detractores está Sandro Avelar, presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. “El gobierno federal debe tomar conciencia de la realidad de cada uno de los estados y de cuál es realmente el problema. Esta medida intimida a las instituciones y hace que los criminales sean cada vez más osados. La gran perdedora, una vez más, es la sociedad”, dijo Avelar.

Muchos gobernadores ya prometen recurrir al Supremo Tribunal Federal (STF). Ibaneis Rocha, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), gobernador del Distrito Federal (DF), donde se encuentra la capital del país, Brasilia, calificó la medida de “injerencia del gobierno federal en la autonomía de los estados y del DF”. Ronaldo Caiado, del partido Unión Brasil y gobernador del estado de Goiás, declaró que este decreto concede mayor “libertad de acción” a los criminales y “promueve el empobrecimiento de las fuerzas policiales”. Su homólogo en el estado de Rio de Janeiro, Cláudio Castro, del Partido Liberal, el PL del ex presidente Jair Bolsonaro, afirmó que “los criminales han recibido un regalo de Navidad. Ahora, para usar armas de fuego, la policía estatal tendrá que pedir permiso a los burócratas de turno en Brasilia”, dijo. El propio Castro había pedido el año pasado la intervención de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, un cuerpo interfuerzas proporcionado por el gobierno federal para hacer frente a situaciones críticas. Según datos del Ministerio de Justicia, en un año de operaciones en Rio de Janeiro, hasta octubre de este año, la Fuerza Nacional sólo había incautado un arma y 10.000 paquetes de cigarrillos.

Por otro lado, el Foro de Seguridad Pública (FPBS), organización de la sociedad civil que reúne a investigadores, expertos en seguridad y representantes territoriales, se mostró favorable al decreto de seguridad firmado por Lula. En una nota, el FBSP sostiene que, contrariamente a lo que afirman algunos gobernadores, “el decreto no es inconstitucional ni constituye una violación de poderes”. Según el organismo, la medida del gobierno federal sólo regula compromisos ya asumidos por Brasil como signatario de tratados internacionales desde finales de la década de 1970.

En medio del debate institucional, los ciudadanos empiezan a tomarse la justicia por su mano, llegando incluso a atropellar a ladrones que bloquean el tráfico para robar motos a los conductores, como se vio hace unos días en San Pablo. Además, según una encuesta de Datafolha publicada el pasado domingo, el 51% de los brasileños afirma tener más miedo que confianza en la policía.