El dictador Daniel Ortega también busca eternizar al general Julio César Avilés como jefe del Ejército de Nicaragua

En una vertiginosa carrera por legalizar su dictadura, Daniel Ortega prolongó hasta el 21 de febrero de 2031 el periodo del general Julio César Avilés como jefe del Ejército de Nicaragua, con lo cual el militar acumularía 21 años en el cargo, todos bajo el mando de Ortega.

Avilés asumió la jefatura del Ejército de Nicaragua en febrero de 2010 y según la ley militar vigente debía entregar el bastón de mando a su sucesor cinco años más tarde. Sin embargo, Ortega reformó la ley y rompió la norma legal de sucesión que prohibía la reelección en el cargo y ordenaba su retiro una vez concluyera su periodo en la máxima posición de la institución militar.

El pasado 21 de diciembre, el Diario Oficial La Gaceta publicó un inusual acuerdo presidencial en el que, por cuarta vez, se nombra “en el cargo de comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, al general de Ejército Julio César Avilés Castillo, por un periodo de seis años, debiendo tomar posesión de su cargo el día 21 de febrero de 2025″.

El decreto de Ortega forma parte de una seguidilla de leyes y reformas que el régimen nicaragüense ha promulgado a contra marcha y que, a criterio de analistas y opositores, busca reestructurar el Estado nicaragüense con miras a allanar la sucesión en el poder para la esposa de Ortega, Rosario Murillo, una vez que el dictador, que padece graves enfermedades y en noviembre pasado cumplió 79 años, fallezca o quede incapacitado.

Entre las leyes aprobadas de manera precipitada esta incluso una reforma constitucional que crea la figura de copresidente y le permitiría a Murillo llegar a la máxima magistratura del Estado, sin que Ortega renuncie a esa posición.

El dictador también ordenó una reforma a la Ley de Migración que legaliza el despojo de la nacionalidad a quienes considera “traidores a la patria” y autoriza a las autoridades de Migración a rechazar el ingreso al país de ciudadanos nicaragüenses que, a su criterio, pretendan “menoscabar la soberanía nacional”.

La ofensiva legislativa de fin de año incluyó una nueva Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero” que otorga amplios poderes al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos para el control de bancos, y otra ley para proteger a quienes han sido sancionados por organismos o países extranjeros por violación a los derechos humanos o practicas autoritarias.

Antes, el pasado 31 de octubre, el régimen de Ortega aprobó la “Ley General de Comunicaciones Convergentes”, que obliga a los proveedores de servicios de comunicación (telefonía, internet, televisión) a entregar “toda la información requerida”, incluyendo la ubicación de los usuarios.

Asimismo, a finales de noviembre, la Asamblea Nacional reformó el Código Militar y amplió de cinco a seis años el mandato del jefe del Ejército y la Policía Nacional.

Para la exguerrillera Dora María Téllez estas reformas indican que los Ortega Murillo “se perciben con una debilidad” y ven una amenaza en el futuro. “Me da la impresión de que toda esa ensalada tiene que ver, principalmente, con la necesidad de los Ortega-Murillo de resolver la sucesión dinástica de Daniel Ortega”, dijo en una charla de redes sociales con el periodista y expreso político Miguel Mendoza.

“Este esfuerzo por legalizar lo que como dictadura venían haciendo, busca dejar la mesa servida a Rosario Murillo para que pueda sostenerse una vez que Daniel Ortega muera o quede incapacitado”, afirma un sociólogo que pide no se le mencione por su nombre.

“Todo el poder de la dictadura gira alrededor de Daniel Ortega como caudillo y ellos tienen mucho temor de que una vez que esa figura desaparezca, Rosario Murillo no pueda conservar el poder, tal como lo advirtió Humberto Ortega en su última entrevista”, añade.

“Y uno de sus mayores temores”, agrega, “es que no puedan garantizar la lealtad del Ejército, uno de los principales pilares sobre el que se sostiene la dictadura y solo eso explica la decisión de mantener de forma bastante extraña y artificial, al general Avilés en la jefatura, porque desconfían de cualquier otro mando militar”.

En una entrevista a Infobae, el fallecido hermano de Daniel Ortega, el general Humberto Ortega, atribuyó al Ejército la función de organizar la transición una vez muera el dictador nicaragüense, ante la imposibilidad, según él, de que la familia Ortega-Murillo o el partido sandinista puedan llenar el vacío de poder.

“Ante una ausencia repentina de Daniel Ortega”, dijo Humberto Ortega en la que sería su última entrevista, “habría primero un enorme desconcierto e imposibilidad, para mí, de que la parte civil del gobierno y el partido pueda asumir un poder sólido. Las instituciones sandinistas en el gobierno o el partido no tendrían, a mi modo de ver, la capacidad para llenar ese vacío. Lo único que puede resolver ese vacío, y que no haya una anarquía y un caos en el país es el Ejército. En primer lugar, el Ejército. Coordinado con la Policía Nacional. Y buscar una salida en el corto plazo, quizás un año o menos, para convocar a un proceso electoral, ya sea el programado para el 2026″.

Daniel Ortega nombró a Avilés por primera vez como jefe del Ejército en noviembre de 2009, en sustitución del general Omar Halleslevens, y con él se terminó el drenaje natural de los altos mandos, en tanto quien llegaba a la máxima jefatura pasaba a retiro cinco años después y permitía el ascenso de los mandos inferiores.

Avilés, de 68 años, nacido en Jinotepe, es un militar que tuvo una discreta participación en la guerrilla sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.

Fue fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS) y durante los años 80 estuvo destacado a la región norte de Nicaragua donde participó en la guerra contra la guerrerilla antisandinista, denominada Resistencia Nicaragüense.

Antes de ser Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, Avilés se desempeñó como jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia militar (1998-2005) y jefe del Estado Mayor General (2005-2009).

Durante la rebelión ciudadana de 2018, el Ejército evitó participar oficialmente en la represión, aunque hubo innumerables denuncias de opositores y organismos de derechos humanos que señalaron la participación encubierta de los militares y el avituallamiento al ejército paramilitar que organizó Ortega para reprimir violentamente a quienes protestaban.

“El pecado más grande del Ejército, injusto, que daña su imagen y profesionalismo, fue la tolerancia con civiles armados, en particular con paramilitares, que sus aparatos de seguridad e inteligencia tenían registrados, que sabían dónde estaban, sabían dónde se movían y que, incluso, toleraron que se armasen”, expuso Humberto Ortega en la entrevista con Infobae en mayo pasado.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al general Avilés el 22 de mayo de 2020, entre otras razones, porque se negó a desarmar al ejército paramilitar que en número aproximado a los 2000 afectivos atacó a la población civil.