Los seguidores de Evo Morales reforzaron este martes la custodia del político ante el temor de que se ejecute la orden de detención en su contra y las autoridades se presenten en Cochabamba para su cumplimiento.
El dirigente cocalero Dieter Mendoza aseguró que los grupos afines estaban extremando sus esfuerzos por proteger la sede de la radio Kawsachun Coca en Lauca Ñ, donde está resguardado Morales, ante la posibilidad de que “atenten contra su vida” o se ejecute la orden que, a su entender, tiene como fin “desprestigiar” su trabajo y liderazgo dentro del MAS.
Por su parte, el diputado gubernamental del partido Renán Cabezas dijo que los campesinos “están atentos para movilizarse en cualquier momento” para protestar por un avance de la Justicia.
Desde que a finales de septiembre se conoció la denuncia por estupro y trata de personas contra Morales, el ex Presidente permanece en el Trópico de Cochabamba, donde residen la mayoría de sus seguidores, que aseguran que la causa en su contra es parte de una persecución política para dejarlo fuera de las elecciones.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía citó a Morales a declarar semanas atrás pero este se ausentó alegando que no existían garantías para su presencia allí. Su decisión llevó a la emisión de una orden de detención que, aunque aún no fue ejecutada, despertó la ira de los cocaleros, que cortaron los principales caminos del país durante 24 días, provocando una ola de violencia, heridos y pérdidas millonarias para el país.
La semana pasada, el Ministerio Público nuevamente se expresó sobre esta causa e imputó formalmente al ex Presidente y a la madre de la presunta víctima por trata y tráfico de personas agravado, lo que despertó nuevamente el temor de que se ejecute la orden de detención.
No obstante, el equipo jurídico del ex líder del MAS asegura que esa medida nunca entrará en vigor dado que quedó anulada poco después de su emisión, el 16 de octubre.
“Si están hablando de la orden de aprehensión que fue emitida por la fiscal Sandra Gutiérrez el 16 de octubre, esa orden ha sido dejada sin efecto con la acción de libertad que se llevó en la ciudad de Santa Cruz”, dijo el jurista Marcelo Galván en entrevista con el canal DTV y confirmó luego a Infobae la abogada Cecilia Urquieta.
De hecho, agregó Galvan, dicha acción es la que llevó a que nunca se notificara a la Policía de la medida, pese a haber sido indicada por la fiscal. “Eso motiva las vagas declaraciones del Ministro de Gobierno y de la Policía, porque ellos saben que sin una orden de aprehensión válida y vigente no pueden actuar”, explicó.
Mientras Morales sostiene su inocencia y su equipo jurídico intercede para anular el proceso, el presidente Luis Arce cargó contra él la víspera y ratificó las acusaciones de la Justicia.
“Era un secreto a voces. Todo lo sabíamos pero se mantenía ahí”, comentó en diálogo con el medio mexicano Jornada, tras ser consultado sobre la veracidad de las acusaciones. Asimismo, aseguró que acciones como esas, “de aspectos éticos y morales, dañan no solamente a un instrumento político como el nuestro sino también a la sociedad”, por lo que prometió apoyar a la Justicia en lo necesario para esclarecer lo ocurrido y definir responsabilidades.
(Con información de EFE)
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