Indignación en Ecuador: familiares y defensores de DDHH exigieron respuestas por la desaparición de cuatro menores en Guayaquil

Decenas de ecuatorianos se reunieron este lunes frente a la Fiscalía Provincial del Guayas, en Guayaquil, para exigir respuestas por la desaparición de cuatro menores ocurrida el pasado 8 de diciembre. Según sus familiares, los adolescentes fueron secuestrados por individuos vestidos de militares, mientras que el Gobierno señala que se trata de un hecho relacionado con “grupos delincuenciales”.

El incidente involucró a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes desaparecieron tras salir a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Según los familiares, los menores fueron interceptados cerca de un centro comercial por hombres vestidos de militares y trasladados hacia Taura, una zona ubicada a 30 kilómetros de la ciudad, donde se encuentra una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Frente a la Fiscalía, los manifestantes alzaron pancartas y corearon frases como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Luis Arroyo, padre de dos de los menores desaparecidos, declaró: “Queremos respuestas inmediatas de nuestros hijos. A los cuatro se los llevaron y a los cuatro los tienen que regresar con vida”.

Lenin Pachito, vecino de las familias afectadas, aseguró que los adolescentes eran jóvenes tranquilos y dedicados a sus estudios y actividades deportivas.

“Son buenos niños. Solamente estaban en sus estudios y jugaban su deporte. Son niños tranquilos, inocentes”, manifestó.

Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), lamentó la demora en el tratamiento del caso por parte de las autoridades.

Según Bastias, “existen indicios de una evidente participación de los militares desde el inicio, que es la detención arbitraria y tortura de los cuatro chicos”. Además, criticó que la Fiscalía haya clasificado inicialmente el caso como un secuestro y no como desaparición forzada.

El abogado también destacó que el CDH ha identificado “varios casos de ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas, tortura y usos arbitrarios de la fuerza ejercidos por militares en barrios populares”.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó este lunes en una entrevista radial la participación de militares en la detención de los menores. Según explicó, los uniformados intervinieron tras observar un presunto robo cometido por ocho personas.

“Se bajan los de la patrulla, neutralizan a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía. Esta es la manera en la que lamentablemente aprehenden a estos cuatro chicos”, señaló.

Loffredo aseguró que, debido a que los adolescentes eran menores de edad y no habían cometido un delito grave, los militares los dejaron libres en el camino hacia la base de Taura. “No los entregan a la Policía, lo cual no estuvo bien”, admitió.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró horas antes que su gobierno no encubrirá a nadie. “No vamos a descansar hasta que las familias tengan las respuestas que se necesitan”, afirmó.

Tras la reunión con la Fiscalía, los familiares de los menores comparecieron ante la Asamblea Nacional vía telemática y tenían previsto reunirse con la Defensoría Pública y representantes del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos de Guayaquil continúan exigiendo acciones inmediatas para esclarecer lo sucedido y garantizar el retorno seguro de los menores.

Las familias de los cuatro niños desaparecidos denunciaron este lunes “acciones intimidatorias” de la Policía y el eventual intento del Ejecutivo por interferir en la investigación.

Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que asesora a las familias de los menores, denunció que una patrulla de la Policía se acercó la mañana de este lunes a una de las viviendas de los niños y tomó fotografías sin autorización.

“No solo del exterior de la casa sino también fotos del vehículo en el que (los familiares) se trasladan al trabajo”, señaló Navarrete al exigir que haya un “total distanciamiento” de agentes o soldados de las familias de los menores y de sus viviendas.

“Son acciones intimidatorias que no caben”, reclamó el activista al cuestionar también las afirmaciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, que advirtió de que este caso no se trataría de una desaparición forzada con implicación de soldados, sino de un aparente secuestro de los menores por parte de grupos criminales.

Para Navarrete, hay evidencias “de una intencionalidad perjudicial a las garantías al debido proceso, porque son injerencias indebidas por parte del Ejecutivo hacia el proceso de investigación en el ámbito judicial”.

(Con información de EFE)