La Marina Nacional de El Salvador ejecutó una incautación de 1.500 kilogramos de cocaína en una operación en alta mar a 1.050 millas náuticas de sus costas, según informó el presidente de ese país, Nayib Bukele. La embarcación interceptada, tripulada por dos ciudadanos ecuatorianos, transportaba la droga con un valor estimado de USD 37.5 millones.
Este decomiso es parte de una serie de acciones que han llevado a El Salvador a confiscar 16.7 toneladas de cocaína en 2024, marcando un récord histórico para el país, según el mandatario.
Este caso evidencia el papel de Ecuador como punto estratégico en las rutas internacionales del narcotráfico. Su posición geográfica privilegiada entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, lo convierte en un país de tránsito clave. Además, la extensa costa ecuatoriana y sus puertos de alta actividad comercial, como Guayaquil, ofrecen infraestructura que es aprovechada por las redes criminales para el envío de droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
Las organizaciones criminales transnacionales han consolidado su presencia en Ecuador, incrementando la complejidad del problema. La mafia de los Balcanes, por ejemplo, ha establecido operaciones en el país para facilitar su expansión global.
Paralelamente, los carteles mexicanos, como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, han fortalecido su influencia mediante alianzas con bandas locales, asegurando el control de rutas marítimas y terrestres hacia el norte, según expertos y análisis policiales.
A esto se suman la corrupción y las debilidades institucionales han facilitado este panorama. La infiltración de organizaciones criminales en sectores clave, como puertos y sistemas de transporte, ha permitido el uso de infraestructuras legales para actividades ilícitas. A pesar de los esfuerzos del gobierno ecuatoriano, incluyendo incautaciones récord de droga en puertos como el de Guayaquil, los recursos y la coordinación no han sido suficientes para frenar este fenómeno.
En el ámbito marítimo, Ecuador enfrenta un desafío particular. Su extensa zona económica exclusiva, que se extiende por miles de kilómetros cuadrados, resulta difícil de vigilar con los recursos actuales. Esta vulnerabilidad es aprovechada por las organizaciones para enviar cargamentos en embarcaciones rápidas hacia aguas internacionales, donde la jurisdicción ecuatoriana se diluye y el riesgo de intercepción disminuye.
La inflitración del narco en el Ecuador también se observa en los escenarios violentos que enfrenta el país, que desde enero pasado se encuentra bajo conflicto armado interno.
Esta semana el bloque de seguridad del gobierno de Ecuador presentó los resultados de su estrategia implementada a lo largo del 2024. Los principales anuncios fue la reducción de los homicidios intencionales y el aumento en la incautación de drogas. Según indicaron las autoridades en una rueda de prensa, el Ministerio del Interior informó una disminución del 16.5% en los homicidios intencionales a escala nacional, comparado con el mismo periodo de 2023. La ministra del Interior, Mónica Palencia, señaló que en Quito la reducción fue del 14.8%, mientras que en el distrito Manta-Jaramijó-Montecristi, donde se ubicaron las cúpulas de la Policía y de las Fuerzas Armadas, la caída fue del 30.7%.
En cuanto al combate al narcotráfico, se decomisaron 282.61 toneladas de drogas, lo que representa un incremento del 29% respecto a las 219.01 toneladas confiscadas el año anterior. Este aumento, según Palencia, evidencia la eficacia de los operativos coordinados por las fuerzas del orden y la cooperación internacional.
Además de los avances en materia de seguridad ciudadana, el gobierno subrayó sus esfuerzos en otros frentes. Palencia destacó la implementación de la estrategia “Zona Libre de Extorsión” en el sector Nueva Prosperina, uno de los barrios violentos de Guayaquil, cuya evaluación será clave antes de extender el modelo a otras áreas. A esto se suman acciones para contener el incremento de secuestros y extorsiones: “Estamos logrando atacar la situación de secuestros y extorsiones con firmeza”, dijo la ministra.