Ecuador tramitó una “acción urgente” ante la ONU por la desaparición de cuatro menores detenidos por una patrulla militar

La Asamblea Nacional de Ecuador inició un trámite de “acción urgente” ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU en respuesta a la desaparición de cuatro menores detenidos por una patrulla militar el 8 de diciembre en Guayaquil. Esta medida busca que el organismo internacional implemente acciones inmediatas para localizar y proteger a los niños, así como investigar los hechos en el marco de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas.

El Parlamento dispuso que su Comisión Especializada en Protección Integral de Niños inicie un proceso de fiscalización sobre este caso, con un informe no vinculante que será presentado en el plazo de un mes. La comisión convocará a las autoridades pertinentes y recopilará información clave.

La resolución legislativa fue adoptada tras la comparecencia de los padres de los menores desaparecidos —Josué, Ismael, Saúl y Steven— ante el pleno de la Asamblea. Durante la sesión, la presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, criticó la ausencia de las principales autoridades militares en una cita convocada para esclarecer los hechos.

“No se excusen en una carta. Ustedes tienen que darle la cara al país y explicar a todos los ecuatorianos, sobre todo a los padres de estos niños, dónde están”, declaró Veloz en referencia al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

El ministro de Defensa confirmó que los menores fueron detenidos por una patrulla militar en una zona donde presuntamente ocurría un robo. Según Loffredo, los uniformados “neutralizan y aprehenden a tres personas” mientras que “una cuarta es entregada por la ciudadanía”. Sin embargo, los menores fueron liberados posteriormente sin ser entregados a la Policía, una acción que el ministro calificó como incorrecta.

Loffredo señaló que después de su liberación, los niños habrían sido interceptados por grupos criminales en la zona de Taura, ubicada a unos 30 kilómetros de Guayaquil. “Podemos simplemente inferir, imaginar lo ocurrido”, expresó, aunque reconoció las irregularidades en la actuación de los militares.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que no se tolerará encubrimiento en este caso.

“No vamos a encubrir a nadie. Nosotros vamos a defender nuestros principios y el principio de la justicia, la justicia social es uno de los esenciales”, declaró Noboa, en un intento por tranquilizar a las familias y a la ciudadanía.

La Asamblea Nacional también ha solicitado colaboración de organismos internacionales para presionar en la resolución del caso.

Por otro lado, las autoridades legislativas continúan exigiendo transparencia por parte de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. La falta de información oportuna y los vacíos en las declaraciones oficiales han generado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.

El informe que elaborará la Comisión Especializada en Protección Integral de Niños podría marcar un precedente en los esfuerzos por proteger a los menores en el país, mientras los familiares y ciudadanos exigen que los niños regresen con vida.

Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), lamentó la demora en el tratamiento del caso por parte de las autoridades.

Según Bastias, “existen indicios de una evidente participación de los militares desde el inicio, que es la detención arbitraria y tortura de los cuatro chicos”. Además, criticó que la Fiscalía haya clasificado inicialmente el caso como un secuestro y no como desaparición forzada.

(Con información de EFE)