Chile: prisión preventiva para miembros del Tren de Aragua que explotaban a 30 mujeres a dos cuadras de La Moneda

Los clientes eran del barrio alto y también son investigados pues entre las víctimas hay menores de edad

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Los servicios sexuales eran coordinados
Los servicios sexuales eran coordinados desde Venezuela mediante una página web y la mitad de las ganancias iban al país caribeño.

Cuatro miembros de una célula del Tren de Aragua quedaron este jueves en prisión preventiva en Santiago, acusados de homicidio calificado, trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de inmigrantes. Los individuos mantenían al menos a 30 mujeres bajo condiciones de esclavitud a pasos de La Moneda y entre las víctimas se encuentran varias menores de edad, por lo que también se investiga a los clientes, todos del barrio alto.

La investigación comenzó tras el homicidio de uno de los integrantes de la banda, cuyo cadáver apareció maniatado y quemado en la comuna de Colina tras incumplir las reglas de la organización al involucrarse sentimentalmente con una de las mujeres.

Los imputados fueron trasladados a un penal de alta seguridad en Rancagua y el tribunal dio un plazo de 240 días para la investigación.

Modus operandi

Según explicó el fiscal ECOH Sergio Soto tras la audiencia, esta célula del Tren de Aragua tenía su base en Venezuela, desde donde los “llaveros” pactaban los servicios sexuales mediante una página web y luego enviaban al “taxista” para llevar a las víctimas a su destino, recolectar el dinero y enviarlo al país caribeño.

El “servicio” costaba $100 mil pesos (USD 100), pero la mitad de ese dinero se iba a Venezuela. $25 mil iban para los miembros de la célula detenida en Santiago, y los $25 mil restantes servían de abono para pagar la deuda de $5 millones de pesos (USD 5,036) por traerlas a Chile.

De no cumplir con al menos tres servicios semanales, las mujeres eran castigadas sin comida ni agua y también maniatadas. No podían ir a una fiesta o centro nocturno, y si alguna iniciaba un romance con otra persona, ésta debía pagar el total de su deuda para liberarla, cuestión que no habría ocurrido con el quinto miembro de la banda asesinado por sus propios compañeros.

Dos familiares de uno de
Dos familiares de uno de los detenidos fueron sorprendidos fotografiando al fiscal a cargo de la investigación.

Menores de edad

Este jueves, nuevos antecedentes permitieron confirmar que varias de las mujeres que se encontraban en el edificio ubicado en calle Tarapacá 1331 eran menores de edad, configurándose de inmediato el delito de explotación sexual infantil. Tras revisar los GPS de varios celulares, efectivos de la PDI encontraron que los clientes eran del barrio alto santiaguino, por lo que se esperan más detenciones en este caso.

“Hay investigaciones en curso sobre este tipo de situaciones. Hay un tema que es relevante respecto del tipo de clientes, los clientes de explotación sexual infantil en estos casos eran clientes domiciliados en Vitacura, en el sector oriente de Santiago y por lo tanto respecto de ellos también se va a ejercer persecución penal”, confirmó el subsecretario del Interior, Luis Cordero, según reza una nota de Emol.

“Quienes participan de estos delitos requiriendo estos servicio, quienes requerían y quienes actuaban como clientes tenían perfecto conocimiento de que eran menores de edad”, agregó.

“Esto tiene que ver con un conjunto de acciones en que se ha actuado mediante los mecanismos que ya tiene detectado el Ministerio Público para organizaciones criminales de estas características, y que el Ministerio Público, al igual que las policías, han adoptado las estrategias necesarias”, remató.

Dos detenidos por fotografiar el Fiscal

Pero eso no es todo, porque una vez terminada la audiencia en el Juzgado de Colina, dos personas -un hombre y una mujer, familiares de uno de los detenidos-, fueron retenidos tras ser sorprendidos fotografiando al fiscal Sergio Soto. Tras ser llevados a la comisaría y apercibidos al tribunal correspondiente, fueron dejados en libertad, pero ronda la preocupación en el Ministerio Público por posibles actos de intimidación o venganza.

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