En un caso que conmocionó a la comunidad de Ambato, ubicada a 153 kilómetros al sur de Quito, un hombre fue sentenciado a 34 años de prisión por el femicidio de su novia embarazada. Este crimen ocurrió en enero de 2024, cuando la víctima, de 23 años, fue apuñalada.
Según la Fiscalía General del Estado, el agresor confesó el crimen tras ser detenido en flagrancia. La sentencia fue dictada este miércoles en un tribunal de Ambato y constituye uno de los casos que marca un precedente en casos de violencia extrema contra las mujeres en Ecuador.
El crimen, catalogado como femicidio agravado, involucró una serie de pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía. La pena también incluye el pago de una reparación económica a la familia de la víctima, cuyo monto asciende a USD 50.000.
El femicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, y en Ecuador, estos crímenes han mostrado cifras alarmantes en los últimos años.
De acuerdo al Mapa Nacional de Femicidios 2024, elaborado por Fundación ALDEA, desde que se tipificó este delito en el Código Penal en 2014, más de 1.800 mujeres han sido asesinadas en contextos de violencia machista. Solo en 2023, el país registró al menos 250 femicidios, lo que significa que cada 35 horas, una mujer pierde la vida en estas circunstancias.
El informe de ALDEA resalta que las provincias con mayor incidencia de femicidios son Guayas, Pichincha y Manabí, aunque los casos están distribuidos en todo el territorio nacional. Además, destaca que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 20 y 34 años, muchas de ellas madres o mujeres embarazadas, como en el caso de Ambato.
“Al menos 1.775 niños, niñas y adolescentes (NNA) han quedado en orfandad a causa de la violencia de género en el país; 77 en este año. 35 mujeres asesinadas en 2024 eran madres y además 4 estaban embarazadas" indica ALDEA en su reporte más reciente.
Además la fundación resaltó que “la situación actual de los hijos e hijas de víctimas de feminicidio en Ecuador es precaria e invisible, no se toma en cuenta el principio del interés superior del niño/a, ni un enfoque de reparación integral”. En varios casos de femicidio, los hijos de las víctimas fueron testigos del asesinato; y, en otros son víctimas de femicidio también.
Los datos de ALDEA también indican que estos crímenes no ocurren de forma aislada. La mayoría de las víctimas había denunciado previamente violencia psicológica, física o sexual, pero no recibieron el acompañamiento adecuado por parte de las instituciones. Esto expone las falencias del sistema de protección a las mujeres en Ecuador.
Un factor preocupante es el vínculo cercano entre las víctimas y sus agresores. Más del 80% de los femicidios son cometidos por parejas, exparejas o familiares, lo que refuerza la urgencia de trabajar en la prevención desde los entornos más cercanos. Las causas estructurales, como la normalización de la violencia y la falta de educación en equidad de género, son algunos de los factores que perpetúan este ciclo mortal.
Ecuador enfrenta múltiples desafíos para combatir el femicidio. Aunque el marco legal incluye penas severas y herramientas como el botón de pánico, las órdenes de alejamiento y casas de acogida, su implementación sigue siendo limitada. Las organizaciones de la sociedad civil, como Fundación ALDEA, han señalado la necesidad de una mayor inversión en políticas públicas y en la formación de operadores de justicia.
La familia de la víctima ha expresado su satisfacción con la sentencia, pero también su dolor.
La Fundación ALDEA recuerda que la violencia contra las mujeres no es solo un problema individual, sino estructural. Según esa organización, “los femicidios son el eslabón final de una cadena de violencia que puede y debe romperse”.