Durante la gestión de Luis Lacalle Pou hubo un “mito” que se rompió, según definió el ex presidente del Banco Central del Uruguay (2020-2024) Diego Labat. Durante años, el Índice de Precios del Consumo (IPC) en el país estaba en una zona de confort de entre el 8% y el 10% y la intención de las actuales autoridades fue dejar para atrás una “larga historia de inflación alta” y tener bajo control la suba de precios. Con un gobierno de otro signo político electo, esta estabilidad parece convertirse en una política de Estado.
Después de la presentación del gabinete de Yamandú Orsi, quien asume como mandatario de Uruguay el 1° de marzo, se llevó a cabo la primera reunión de transición entre el Ministerio de Economía entrante y el saliente. Allí, el equipo encabezado por Gabriel Oddone recibió algunas noticias preocupantes –como la situación fiscal del país, según expresó–; y otras señales positivas, como que la tasa de inflación lleva 19 meses dentro del rango meta que las autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU) fijaron como meta (3%-6%).
El presidente designado del BCU, Guillermo Tolosa, dijo a la salida del encuentro que la próxima administración buscará continuar con estos logros. “Cuando asumamos, el Banco Central va a mantener un compromiso con la baja de inflación, con proteger el poder adquisitivo de los uruguayos”, dijo el jerarca entrante en declaraciones al noticiero Subrayado de Canal 10.
“La experiencia internacional demuestra que la forma más efectiva de lograr ese objetivo es a través de un régimen de metas de inflación, cuya herramienta fundamental es la tasa de interés. Ese régimen se mantendrá, se seguirá consolidando y se seguirá perfeccionando”, dijo el presidente de la autoridad monetaria entrante.
Durante la campaña electoral, el ministro anunciado por Orsi ya se había comprometido a mantener este logro. “La inflación baja es indispensable para favorecer a los hogares más pobres y en particular a las personas más vulnerables que ni siquiera tienen mecanismos de protección frente a la inflación”, dijo el designado ministro, en una entrevista con Búsqueda. “La inflación baja es un compromiso, y eso supone una decisión política”, dijo el economista.
Oddone anunció entonces que se mantendrá el rango objetivo que fijó el gobierno y aseguró tiene la aspiración de “dar un paso adicional y reducirlo más”. “Un máximo de 6% de inflación y, si pudiéramos hacerlo, converger al 4% a lo largo del período”, planteó.
Pero más allá de este acuerdo, hubo datos que el gobierno electo recibió en esa primera reunión que preocuparon a las futuras autoridades. El lunes por la noche, el Ministerio de Economía informó que incrementará el tope de endeudamiento hasta un 30% –esto es desde los USD 2.300 millones a los USD 2.900 millones–. Según explicó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la decisión está relacionada con la baja de la inflación, que provocó que haya una menor recaudación.
A la salida de la reunión de transición, su sucesor dijo que la resolución demuestra “que la situación fiscal es más restrictiva” de lo que se imaginaba “hace un par de años”.
“Tenemos que tener mucho cuidado en la elaboración del presupuesto y en el manejo de las finanzas públicas en los próximos meses”, dijo el futuro ministro de Economía en una rueda de prensa.
Oddone aclaró que este dato “no constituye una innovación dramática como para que el ciudadano común se preocupe en el corto plazo”. “Por ahora no tenemos información que nos permita establecer que sea necesario introducir un ajuste fiscal inminente. Lo que hemos dicho en campaña –y lo reafirmamos– es que vamos a procesar una consolidación fiscal a lo largo de este período de gobierno, donde nuestro principal foco va a ser el crecimiento para mejorar la recaudación y, sobre todo, mejorar el foco del gasto y algunas resignaciones de tipo tributario”, señaló.