El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó este viernes a las autoridades de Venezuela a realizar una “pronta y efectiva investigación” sobre al menos 28 asesinatos ocurridos durante las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales de julio. Asimismo, solicitó que continúe la liberación de personas detenidas de manera arbitraria en ese contexto.
Türk destacó que entre los detenidos arbitrariamente se encuentran defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, además de trabajadores humanitarios. Durante una actualización sobre la situación de Venezuela presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó que las autoridades del país reconocieron haber arrestado a aproximadamente 2.000 personas durante las protestas postelectorales, de las cuales un centenar han sido liberadas bajo medidas condicionadas.
“Les animo a revisar los casos de los aún detenidos, en línea con las garantías de debido proceso”, declaró Türk, quien también expresó su preocupación por la detención arbitraria de adolescentes, jóvenes, miembros de la oposición, periodistas, abogados y personas que simplemente estaban presentes en las manifestaciones.
El alto comisionado señaló que Venezuela ha hecho uso de legislación antiterrorista contra manifestantes, y denunció posibles casos de desapariciones forzadas y maltratos.
En este contexto, Türk urgió a las autoridades venezolanas a garantizar condiciones de detención que cumplan las normas internacionales. “Deben proveer adecuados alimentos, agua y atención médica a los detenidos, muchos de ellos encarcelados en celdas hacinadas y con necesidad urgente de cuidado sanitario”, aseguró.
Amenazas, acoso y restricciones a organizaciones civiles
Además, Türk manifestó su preocupación por las amenazas y el acoso hacia defensores de derechos humanos, líderes sindicales, periodistas, miembros de la oposición y otros actores sociales.
“Muchos de ellos han abandonado Venezuela”, explicó, y pidió a los países vecinos que adopten una actitud flexible frente a la situación de los migrantes, incluso en relación con documentos de identidad vencidos.
El alto comisionado también denunció el cese de operaciones de varias ONGs, producto de presiones como detenciones, vigilancia y cancelación de pasaportes, lo que ha generado, según él, “un clima de miedo y tensión social”.
Asimismo, advirtió que leyes como la Ley Simón Bolívar o normativas dirigidas a regular las ONG podrían vulnerar gravemente las libertades de expresión, reunión, asociación y participación política.
“Visité Venezuela hace casi dos años, siento que la población del país ha vivido tiempos muy difíciles, y veo que su sociedad debe sanar, superar las divisiones y la polarización, e iniciar un diálogo inclusivo” señaló Türk.
Además, aseguró que la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela ha reanudado parcialmente sus actividades en las últimas semanas, tras haber sido suspendidas en febrero por las autoridades. “Mi oficina puede jugar un papel importante para tender puentes entre las instituciones estatales y el pueblo de Venezuela”, agregó.
Rechazo por parte del régimen venezolano
La declaración de Türk fue rechazada por el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Alexander Yánez, quien acusó al alto comisionado de afectar la credibilidad del sistema de derechos humanos de la ONU.
“Le exigimos respetar la institucionalidad venezolana y le invitamos una vez más a reflexionar acerca de su rol imparcial y objetivo en la promoción y protección de los derechos humanos”, agregó el jefe de misión.
“No es con medidas coercitivas, ni con mandatos impuestos, ni con la derrotada máxima presión contra Venezuela y mucho menos con la diplomacia del engaño, que van ustedes, señores imperialistas, a lograr sus objetivos en Venezuela”, proclamó Yánez.
(Con información de EFE)