Denuncian que al menos 229 presos políticos fueron torturados por el régimen de Nicaragua desde las protestas de 2018

Al menos 229 personas fueron víctimas de torturas tras ser detenidos en Nicaragua desde las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018, afirmó este martes la ONG defensora de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más.

“Se han sistematizado 229 testimonios de personas sobrevivientes de tortura”, destaca el informe de la ONG, que trabaja desde el exilio en Costa Rica.

Se identificaron “más de 40 formas o métodos de torturas perpetrados en Nicaragua”, como golpizas, asfixia, descargas eléctricas, quemaduras, simulación de ejecución o desprendimiento de uñas o piezas dentales, entre otras. Las víctimas son 46 mujeres y 183 hombres.

“Con el inicio de las protestas en 2018 se estableció la práctica de detenciones arbitrarias con la intencionalidad de transmitir un mensaje de terror y de control a la población”, afirmó el informe.

Este nuevo reporte incorpora testimonios de menores de edad y de personas sometidas a desaparición forzada, “lo que evidencia la creciente gravedad, extensión de estos abusos y el sometimiento a una situación de especial vulnerabilidad contra las personas presas políticas” en Nicaragua, advirtió la ONG.

El régimen de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha endurecido la represión desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron en tres meses más de 300 muertos según la ONU y que Managua considera un intento de golpe de Estado propiciado por Washington.

El Colectivo resaltó la “sistematicidad” en los “ataques” a disidentes y opositores con actos considerados crímenes de lesa humanidad, como asesinato, desaparición forzada, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier tipo de violencia sexual.

La ONG ha denunciado desde 2018 más de 2.000 detenciones arbitrarias, de las cuales casi el 40% fueron “con participación de agentes paraestatales que han actuado como una tercera fuerza armada”.

Desde febrero de 2023, el régimen también ha despojado de la nacionalidad nicaragüense a unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos exiliados o expulsados del país. “El destierro o exilio y la apatridia ha generado una intensificación de la muerte civil”, denunció la ONG.

Asimismo, el informe documentó con nombres y apellidos, cargos y hechos detallados a 179 perpetradores intelectuales y materiales de las torturas, principalmente policías, encabezados por su jefe, Francisco Díaz, así como a alcaldes sandinistas y “parapoliciales y paramilitares” que el Estado los cataloga como “policías voluntarios”.

“Frente a todo esto que hemos documentado, obviamente los principales responsables son Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ellos son los autores intelectuales, son los que dieron las órdenes y son los principales responsables. De ahí se derivan otros actores, que son los autores materiales”, explicó el abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más.

Esta organización señala que, con todos los elementos planteados, el informe prevé aportar en la búsqueda de justicia de las víctimas y advierte que los delitos mencionados no solo podrían ser perseguidos por los demás Estados democráticos, sino también, por la Corte Penal Internacional.

“El Colectivo considera que al haberse cometido algunos de ellos de forma extraterritorial en Estados parte del Estatuto de Roma existe una posibilidad de que dicho órgano tenga competencia para investigar, juzgar y sancionar a sus responsables”, señaló el reporte.

En ese sentido, advirtió que las recientes reformas constitucionales en Nicaragua son contrarias a los tratados de derechos humanos. Ortega propuso una reforma profunda a la Constitución, aprobada ya por el Legislativo en primera lectura, que transforma el Estado en una “democracia directa” ejercida a través de la Presidencia, que legaliza la apatridia y deroga el artículo en el que se prohibía la práctica de la tortura, entre otros cambios.

El informe, realizado desde el exilio por los miembros del Colectivo, se enmarca en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018, año en el que murieron cientos de personas, y que se agudizó en las elecciones de noviembre de 2021, cuando Ortega y Murillo fueron reelegidos con siete de sus rivales presos y dos exiliados.

(Con información de AFP y EFE)